Admisión Justa: el retorno de la segregación en educación.

Durante las últimas semanas se ha discutido el proyecto de ley que repondrá la selección de estudiantes en base al mérito académico, comúnmente conocido como “admisión justa”, lo que significaría en la práctica que los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado volverán a imponer pruebas de admisión y otros exámenes de ingreso. En este caso, soy categórico al señalar que no apoyaré tal medida, pues, responde a una política neoliberal fracasada, que no hace más que seguir segregando nuestra sociedad y reproduciendo la gran brecha sociocultural que hay entre nuestros estudiantes.

En el periodo anterior, como Diputado, apoyé firmemente la reforma educacional que impulsó la Presidenta Michelle Bachelet, que puso fin al lucro, al financiamiento compartido y la selección; todos factores que favorecen un sistema educacional altamente segregado. Un sistema educacional donde los niños, niñas y adolescentes reciben un servicio educativo de acuerdo a la capacidad de pago de sus padres. Esto no sólo vulnera los principios de integración e inclusión contenidos en la ley General de Enseñanza, sino que además, vulnera lo establecido en la Convención de la Unesco relativa a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, pues, el Estado al permitir la exclusión de estudiantes en establecimientos educacionales financiados en todo o en parte con recursos públicos, es cómplice de que los niños reciban una educación de calidad disímil, institucionalizando así la segregación escolar en nuestro país.

El Proyecto Admisión Justa se dirige en una senda criticada casi por la unanimidad de expertos en materia educacional, tales como Ernesto Bellei, Gregory Elacqua, Alejandra Mizala, entre otros, quienes sostuvieron que el rendimiento académico -salvo pocas excepciones- se encuentra estrechamente relacionado con el capital cultural de la familia, y éste, al mismo tiempo se encuentra determinado por el nivel socioeconómico. Por su parte quienes se opusieron a eliminar la selección de estudiantes, lo hicieron desde un punto más bien interesado en mantener las condiciones que imperaban que en colaborar en la consecución de un sistema educacional integrado e inclusivo.

Considero que es deber del Estado garantizar el acceso de todo niño, niña y adolescente a una educación gratuita de calidad y, además, creo fervientemente que el Estado tiene la responsabilidad de corregir las desigualdades de llegada al sistema educacional y no profundizarlas. No obstante, entiendo las aprehensiones que tienen los padres, madres y apoderados, ya que, se ha enquistado en nuestra sociedad la idea de que lo gratuito es de mala calidad y que es preferible acceder a servicios de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Esto explica un paradójico hecho, de que las mismas calles que vieron a cientos de miles de estudiantes luchando por una educación gratuita y de calidad, vieron a sus padres marchando para poder pagarla.

Lo peor de todo es que hemos naturalizado la segmentación, que es una expresión más de lo mercantilizada de nuestra sociedad, donde la gente sólo se reúne con aquellos que pueden acceder a los mismo bienes y servicios, los hijos de los obreros van a los mismos colegios donde van los hijos de campesinos, sin embargo, los hijos de gerentes de empresas no van a esos establecimientos y esta realidad es terrible, porque perpetúa una relación donde se segmenta la sociedad desde el mismo sistema educativo. No obstante, dimos los primeros pasos para revertir esto, con la idea de que los colegios deben ser un lugar de inclusión social, donde los niños sean realmente tratados de forma igualitaria y así ellos sean mismos quienes labren su futuro y no sufran perpetuamente las inequidades que el sistema impone.

El objetivo era eliminar todo tipo de selección, se tuvo que tener en consideración la realidad actual, donde el grado de segregación es tal, que el hecho de aplicar un cambio radical sería muy dificultoso, por lo que la ley de inclusión estableció como medida excepción que los establecimientos “emblemáticos”-en reconocimiento a su historia- pudieran seleccionar el 30% de sus estudiantes, siempre y cuando estos sean gratuitos.

Desde mi punto de vista perseverar en la segregación escolar en base a su mérito académico es desconocer la evidencia otorgada por muchos especialistas, entre ellos, el destacado abogado constitucionalista Fernando Atria, académico que comparó la educación chilena con la doctrina “separados pero iguales”, la cual institucionalizó en los Estados Unidos de fines del siglo XIX la segregación entre blancos y negros, con la implementación de vagones especiales para personas negras y otros para blancas. En nuestro caso, esta separación no estaría relacionada al color de piel, sino que al poder adquisitivo de los padres.

Me encantaría decir que los planteamientos de Atria no son ciertos, pero eso me resulta imposible, pues, la segregación se refleja año a año en las pruebas estandarizadas, donde existen hasta 50 puntos de diferencia entre los establecimientos con estudiantes de sectores económicos altos con los establecimientos donde se concentra la vulnerabilidad social. Lo cual confirma tristemente lo segregado de la educación en Chile.

El “Consenso Finlandés” convirtió a su país en uno de los más desarrollados a nivel social, con altos niveles de felicidad y uno de los mejores sistemas educacionales del mundo, su premisa fundamental fue sólo la educación nos llevará al desarrollo. Uno de los elementos importantes del sistema educacional finlandés es que no selecciona a sus estudiantes y evitan al máximo las evaluaciones estandarizadas, pues para ellos, la educación es mucho más que el resultado de un examen. En este caso, debemos mirar esta experiencia y seguir su ejemplo, por lo que reponer la selección no sólo es desconocer el avance que hemos tenido, sino, es hacer caso omiso a la evidencia internacional, que nos dice que es mucho más beneficioso incluir a todos los estudiantes que sólo seleccionar a unos pocos.