Corte Suprema ha dictado 447 sentencias por violaciones a DDHH entre 2002 y 2018

En un salón de pleno repleto, la Corte Suprema realizó hoy el seminario: “Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección”, destinado a analizar la labor de los tribunales del país en materia de violaciones a los DDHH cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en materia de derechos laborales.

En el encuentro, el Poder Judicial informa que entre 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas 394 corresponden a materias penales y 53, civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. Periodo en que se acogieron, además, 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos.

Actualmente, siete ministros en visita están investigando delitos de lesa humanidad en todo el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En 2018 se cerraron 151 sumarios 8investigaciones), se dictaron 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos. Además, se iniciaron 245 nuevas causas con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso.

En la inauguración del seminario, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sostuvo que: “Chile es un país que ha dado pasos relevantes al sancionar penalmente las infracciones a los derechos humanos, constituyéndose en un ejemplo para avanzar en justicia y paz social. Conscientes que la jurisdicción debe vincularse con la ciudadanía, hoy la recibimos para dar cuenta y, también, para conocer su entendimiento de lo que la judicatura realiza a estos respectos”.

En el primer panel expuso el ministro Lamberto Cisternas sobre: “La Justicia Transicional: el rol de la Corte Suprema”, dando cuenta del rol que ha desempeñado la Corte Suprema en las investigaciones abiertas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990.

Panel que también participó el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto y la docente de la Universidad Austral Daniela Accatino, experta en proceso penal, quienes analizaron la evolución de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en el país y los avances impulsados por la Corte Suprema en la materia.

“Ciertamente hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos, que escaparon, o pudieron escapar, del círculo vicioso constituido por el conjunto de situaciones descritas. Ellos tienen un lugar destacado en la historia de esos años, principalmente por el respaldo moral que emana de sus actuaciones. Fueron la excepción que confirma la regla. Es justo, ahora, hacer referencia al proceso de recuperación del Poder Judicial chileno, que se encuentra actualmente en una situación que, si bien es mejorable, mueve a legítima satisfacción”, reflexionó Caucoto.

“En el ámbito de los derechos humanos, el mayor peso ha quedado en el Poder Judicial, pues en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales”, agregó el jurista.

Para el abogado, un punto de inflexión clave en el tratamiento jurisdiccional en la materia se dio en el caso Letelier. “De ahí en adelante cada vez más se asumió, con mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos”.

Hito que permitió “llegar a la situación de hoy, en que existe un equipo de ministros en visita encargados del tema en todo el país, varios de ellos con dedicación exclusiva y un ministro de la Corte Suprema que actúa como Coordinador Nacional y una oficina especial para la coordinación”, dijo.

“Por otra parte, la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de no aplicar en estos casos la ley de amnistía y de considerar imprescriptible la responsabilidad penal, así como también la civil, aun cuando esto último no es unánime”, destacó.

“El respeto y el fomento de los derechos humanos está hoy impreso en todos los aspectos propios de la labor del Poder Judicial. En el ámbito penal y en especial en lo que concierne a la atención de las causas por violación a los derechos humanos, el esfuerzo administrativo y de gestión, con una gran inversión de recursos, ha sido de gran nivel. Así lo demuestra la instalación de ministros en visita, la Coordinación Nacional, la oficina de Memoria Digital, las causas en tramitación y las falladas, así como el monto de indemnizaciones fijadas, cercano a $55.000.000.000”, agregó.

Finalmente, el abogado sostuvo que: “La evolución de la jurisprudencia nos muestra la aceptación del derecho internacional de los derechos humanos en la no aplicación de la amnistía; en la imprescriptibilidad de las acciones, sean penales o civiles, y en la fijación prudencial de indemnizaciones, desestimando alegaciones propias del derecho interno o contrarias a la máxima de la reparación integral”.

Justicia laboral

En el segundo panel -a cargo de la ministra Gloria Ana Chevesich- se abordó el tema: “Derechos Humanos y justicia laboral: Cuánto hemos avanzado en respetar y proteger los derechos de los trabajadores”. Instancia que contó con las exposiciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett; y de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

“Es muy interesante que se realicen este tipo de seminarios para detallar el rol que está desempeñando la Corte Suprema en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas (…) a mí correspondió explicar la tutela judicial de los derechos de los trabajadores. Y eso ha sido positivo porque hemos modificado la jurisprudencia que rigió hasta 2014 y hemos tratado de dar una tutela judicial efectiva en materia de haciéndola aplicable a los funcionarios públicos y diferente temas relativos a los derechos de los trabajadores”, afirmó la ministra Chevesich.

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