Paraguay, una democracia inconclusa

Paraguay volvió a vivir jornadas políticas marcadas por un estallido social que hizo recordar períodos de aplicación de la violencia hacia los adversarios, como el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999 o la matanza de Curuguaty en 2012.

Por Máximo Quitral , historiador y politólogo/ Analista Internacional

Paraguay siempre convive con episodios de violencia política y social, que se agregan a los altos índices de pobreza y desigualdad similar de violentos. Por ejemplo, el 10% más rico del país gana 32 más que el 10% más pobre, fenómeno que se agudiza en el mundo rural, situación que ha puesto a Paraguay como uno de los países con la mayor inequidad en la región.

Pero eso no es todo, el país de la soja y la alta ganadería cuenta con una de las peores redes de agua y sanidad, además de ser uno de los países de Sudamérica que menos inversión social aplica.

En este sentido, el Estado gasta solo 147 dólares en servicios sociales anuales frente a los mil 600 de Argentina y los mil 400 invertidos por Brasil, dos potencias que obligan al país a tomar seriamente las problemáticas sociales.

Aun cuando Paraguay ha tenido un crecimiento en promedio sobre el 5% en los últimos 10 años, estas cifras no han podido solucionar los inconvenientes internos que debilitan su democracia y refuerzan sus desigualdades. Dicho de otro modo, el crecimiento económico ha favorecido a los grupos más acomodados del país, producto de las bajas cargas impositivas que les aplica el Estado paraguayo, quedando gran margen de estos recursos en manos de estos grupos capitalistas, gracias a los períodos de bonanza económica.

Por tanto, los hechos de violencia son un fantasma que cada cierto tiempo azotan al país y este 2017 no fue la excepción. Por eso gran parte del comportamiento político paraguayo se explica porque el país aún mantiene resabios autoritarios y antidemocráticos de la dictadura de Stroessner en la arquitectura política, económica, cultural y nacional de Paraguay y que ha sido imposible remover del todo.

Su actual presidente, Horacio Cartes ha hecho poco y nada por alterar esta condición, al punto de producir la situación inversa expresadas en frases como “Paraguay es como una mujer bonita, que cada mañana se pone su mejor vestido y se pone maquillaje. Paraguay es fácil. Paraguay es como esa mujer bonita” o como cuando invitó a los empresarios brasileños a invertir en su país.

Hoy este presidente está en tela de juicio, tras impulsar una reforma a la actual Constitución que busca permitir la reelección y extender su mandato hasta el 2018. La actual Carta Magna en su artículo 229 aprobada en 1992 tras el retorno de la democracia, señala que los cargos de presidente y vicepresidente son improrrogables y ambos no podrán ser reelectos en ningún caso, situación que ha posibilitado que el oficialismo liderado por Cartes y la oposición encabezada por Lugo hayan buscado una alianza. Es decir, Lugo se alió con los mismos que lo derrocaron para explorar opciones de ser candidato a la presidencia, enmienda que dio pie a manifestaciones y a la quema del Congreso.

Este cambio constitucional es antidemocrático, ya que no fue consultado al pueblo paraguayo y su aprobación posee vicios legales, elementos que alentaron la movilización de los paraguayos para frenar este cambio constitucional.

Nuevamente los caudillismos y las formas dictatoriales emergen en Paraguay, negándose a fortalecer la democracia y a superar su historia, una historia que continúa apegada al stronismo dictatorial y a enclaves autoritarios lejos de desaparecer.

 

 

 

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