¡Necesitamos consolidación y protección de datos financieros, ahora!
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, en su informe de Estabilidad Financiera correspondiente al segundo semestre, ha puesto nuevamente en el tapete la necesidad de un registro consolidado de datos financieros.
Por Stefan Larenas, Presidente de ODECU
La primera iniciativa legal al respecto fue ingresada en 2011, y pese a haber pasado por varias instancias legislativas, todavía es letra muerta.
Así, el presidente del Banco Central, que tiene dentro de sus obligaciones velar por las amenazas al sistema financiero, muestra cifras alarmantes acerca de como la deuda de los hogares ha aumentado en un 12%, con oferentes no bancarios de crédito.
Marcel hizo saber a los parlamentarios que este es un tema que podría ser potencialmente distorsionador del sistema financiero en su totalidad, y que, por lo tanto, es necesario que el proyecto de consolidación de datos sea aprobado y puesto en marcha, ya sea con indicaciones, o a través de un proyecto nuevo.
En este contexto, llaman la atención los argumentos que ocupa tanto la Cámara de Comercio, como el Retail Financiero, para oponerse a la existencia de esta base de datos integral.
En efecto, desde el Retail Financiero se argumenta que esto ya existe, ilustrando el hecho real de que los emisores de tarjetas comerciales han migrado en un 75% a tarjetas bancarias, por lo que estos datos han quedado bajo el control de la autoridad. Pero con esto, de todas formas, existiría un porcentaje no menor fuera de control, con cifras que fluctuarían entre un 5% y un 20%.
Sin embargo, lo que no dice es a cuántos consumidores abarca ese 5% de deudores que no pertenecen a los grandes consorcios, sino a los oferentes de crédito que apuntan a los sectores socioeconómicos más vulnerables.
Entre estos, están algunas casas comerciales cuyos clientes pertenecen a los sectores más vulnerables, y a otras entidades que otorgan créditos, como las cajas de compensación, por nombrar algunas, que han sido multadas por la autoridad competente debido a irregularidades reiteradas.
El escenario de este debate, donde los consumidores somos los principales afectados, y que por el momento solo tomamos palco, se da en un contexto de fragilidad, o derechamente de absoluta carencia de una institucionalidad que proteja nuestros datos personales. Este es otro proyecto de ley, que junto con el de la consolidación de los datos de deudores, está estancado hace ya cerca de 10 años en el Congreso.
Una base de datos consolidada requiere obviamente de un ente que proteja nuestros datos para que estos no sean vendidos al mejor postor, o que se mal utilicen, rompiendo el principio de la finalidad y el consentimiento.
Sin embargo, el hecho que esta institucionalidad no exista, no significa que legislativamente no se pueda avanzar en paralelo, relegando a un segundo plano la consolidación de una base de datos sobre comportamiento financiero, una que permita conocer el riesgo crediticio de las personas y no seguir aumentando el sobreendeudamiento que hoy aflige a muchos hogares de nuestro país.
En definitiva, ¡necesitamos consolidación y protección de datos financieros, ahora!