Crisis Ambiental: El estallido latente
El problema de la injusticia ambiental es de indolencia política y de ausencia de voluntad.
Por Jorge Andrés Cash*
Si de injusticia se trata, probablemente la variable ambiental es la que mayor impacto produce en diversas dimensiones de la vida. En el entorno que habitamos, en la economía y en la salud de las personas. No obstante, la aparente intangibilidad de sus efectos, encierra en la percepción ciudadana un acotado sentido de urgencia, ubicando el tema en los últimos lugares de preocupación. Muy por debajo de la salud, la educación, las pensiones o la seguridad.
Lo complejo de esto, es que tal como se ha dicho reiteradamente respecto de la crisis social que estalló el 18 de octubre de 2019, los problemas que la originaron, no fueron los 30 pesos del metro. Fueron 30 años de una profunda injusticia social, que atraviesa cada capa de nuestra sociedad y que fue tolerada hasta ese día, por el alto precio que tuvo que pagarse por recuperar la democracia.
El alto costo de la democracia, expresado materialmente en las amarras constitucionales que impidieron dotar de mayores niveles de justicia social a Chile, reflejadas principalmente en los altos quórums que exige la Constitución de 1980 para reformar materias social y económicamente significativas, no se encuentran presentes en la esfera ambiental. En esta área, rigen las mayorías simples y, en consecuencia, no hay excusas de orden jurídico institucional que puedan explicar la instauración y perpetuación de un sistema profundamente injusto en materia ambiental que se formalizó el año 1994 (hace 25 años), en que se dictó la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. De este modo, el problema de la injustica ambiental es un problema de indolencia política y de ausencia de voluntad.
En consecuencia, la pregunta respecto a un despertar de Chile en materia ambiental, no es respecto al hecho de su ocurrencia, la interrogante es respecto de cuándo, con qué intensidad y en qué territorios se producirá.
Chile despertó en todos los planos que un país puede hacerlo y es cuestión de tiempo que ocurra en materia ambiental. Lo peligroso, es que desde el 18 de octubre, la barrera de lo posible se ha ido corriendo por la fuerza y la violencia. Fue así que llegamos a una Asamblea Constituyente.
Es tarea urgente del gobierno, anticiparse al estadillo ambiental que se incuba e implementar con rapidez, todas aquellas medidas que contribuyan a evitar un desfonde mayor de nuestra convivencia social. Para esto, no es necesario una Asamblea Constituyente. Bastan acuerdos razonables y de sentido común.
*Jefe área medio ambiente, Elías Abogados