Diputados despacharon Ley Antisaqueo que también sanciona barricadas y «el que baila pasa»

La iniciativa plantea sanciones para quienes interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, para quienes roben o hurten con ocasión de calamidad pública o alteración de orden público, entre otras acciones.

En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables.

Durante el debate, donde participó una cincuentena de legisladores/as, el oficialismo y algunos legisladores de centro defendieron la propuesta remarcando que sus líneas no apuntan a penalizar la protesta social sino al vandalismo que se ha vinculado a ella. Asimismo, llamaron a proteger el derecho de las personas a la dignidad y a la seguridad, así como al funcionamiento de las pequeñas empresas.

En la oposición, particularmente en la izquierda, los discursos fueron coincidentes en señalar que la iniciativa es una forma encubierta de criminalizar la protesta social, al penalizar situaciones vinculadas a las pasadas manifestaciones. Además, se criticó que se quiera avanzar en este ámbito y que el Gobierno no tenga el mismo empuje a la hora de condenar a los delincuentes de terno y corbata o de sancionar la colusión de empresas, los abusos o la corrupción en política.

Tras los discursos, la Corporación procedió a votar por separado seis normas. En todos los casos, la mayoría de los votos permitió ratificar las disposiciones con los cambios efectuados por el Senado.

Luego de terminada la votación, el diputado Diego Ibáñez (CS) manifestó que «es populismo penal, no hay ninguna evidencia que señale que el aumento de pena en este caso mejore las condiciones de los comerciantes”.

Además agregó que la instancia la llevarán al Tribunal Constitucional. “Vamos a solicitar que el tribunal constitucional resguarde este contenido esencial de los derechos que están en el artículo 19 de nuestra Constitución y que se ponga marcha atrás a un proyecto que podría alterar los derechos fundamentales de la gente”, aclaró.

En tanto, el diputado Jorge Brito (RD), añadió que «no nos gusta el Tribunal Constitucional, pero la verdad es que estamos disponibles, incluso lo que no nos gusta, para detener este tipo de proyectos”.

Por su parte, Gael Yemans argumentó que «como Frente Amplio vamos a utilizar una herramienta que también hemos criticado que es el Tribunal Constitucional, pero aún así creemos que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos para poder resguardar un derecho garantizado por la Constitución, como es el derecho a reunión».

El proyecto

En específico, el proyecto sanciona el delito de «El que baila pasa» con presidio menor en su grado mínimo. 61 a 541 días. Esto está estipulado en que “el que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación de las personas”.

El delito de barricadas, tiene una sanción de presidio menor en su grado mínimo. 61 a 541 días. En tanto el delito de bloquear el paso con vehículos tiene la misma sanción penal. Se explica en el texto de tal manera que “los que sin mediar accidente o desperfectos mecánicos interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta”.

Por otra parte, el delito de lanzar objetos tiene una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio. 61 a 3 años.

El delito de robo con “calamidad pública”, estará sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. 541 días a 5 años.

Finalmente el delito de saqueo, está sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. 541 días a 5 años. (Se agrava la pena si es reincidente). “Si los delitos se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el proyecto se denomina saqueo”, explica el texto. 

 

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