Poder Judicial aclara situación de Le Dantec en la investigación del asesinato y desaparición de 22 campesinos en Paine

A través de un comunicado, el juez Héctor Solís explicó que el general Cristián Le Dantec Gallardo, recientemente nombrado Jefe del Estado Mayor Conjunto por la Presidenta Michelle Bachelet y el alto mando militar, no tiene participación como autor, cómplice o encubridor en los hechos ocurridos en 1973. 

Hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en el proceso, en el que compareció a estrados declarando en relación a los hechos investigados en la mencionada causa, tanto en 2003 así como el 5 de febrero de 2008. 

Acorde al comunicado del Poder Judicial, la investigación se encontraría en etapa de sumario, con diversas diligencias pendientes. 

Esto contraria las declaraciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que lo sindican como uno de cuatro generales del Ejército “imputados” por la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973, expresando que en 2008, mientras era encargado de Finanzas del Ejército, tuvo que declarar ante el juez Solís. 

En 2007 la investigación del mencionado magistrado encontró 311 «evidencias culturales» (botones, trozos de camisas, de zapatos, anillos o lentes) que sirvieron para acreditar el crimen de 22 personas, las que fueron trasladadas por personal del Ejército hasta las cercanías del lago Rapel, donde los fusilaron, sepultando sus cadáveres en una fosa. 

El juez estableció que la orden de asesinato provino de los coroneles Leonel Konig y Pedro Montalba, de la Escuela de Infantería. Sin embargo, faltaría la individualización de dos oficiales, entre los que la agrupación de familiares de DD. DD. acusa podría estar Le Dantec y que, al no concluir la investigación de Solis, se debería considerar este antecedente pues el uniformado no tendría «la moral suficiente» para el cargo.

Según la entidad denunciante, «la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere» no es cumplida por Dantec quien, aseguraron, «es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973».

Otro aspecto que para ellos debe ser considerado por el Gobierno es que «el juez Solís aún indaga para conocer la identidad de dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto ésta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura».

El comunicado agrega que «tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales se haya mantenido como director de Finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor».

 Y finaliza: «Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel».

Por ello, al conocer la designación de Dantec por la presidenta Michelle Bachelet, exigieron que ella fuera «revisada» y el general «cesado de esta función», argumentando que «quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas».