Se vende Chaitén: los intereses que amenazan la reconstrucción

NEGOCIO BAJO LAS CENIZAS

Hace un par de años, la canadiense Transelec se atrevió a presentar un proyecto para pasar un tendido eléctrico por la comuna al municipio de Chaitén (trazado de Endesa), al cual el consejo y los habitantes se opusieron, pues atentaba contra el perfil medioambiental-turístico de la zona, lo recuerda Víctor González, presidente de la Mesa Público-Privada Patagonia Verde, para quien no es sorpresa el descarado interés que ha manifestado este tipo de empresas con la devastación de la comuna, viendo oportunismo en el Plan Chaitén, que “sólo ha favorecido al permanente interés minero e hidroeléctrico”.

Hoy, tras la erupción, el recuerdo ha resucitado rumores sobre planes que algunas mineras tendrían para explotar minerales (oro, principalmente) o el interés de las hidroeléctricas para pasar su tendido, amparadas en la fuerza del Código Minero que les permite concesionar grandes extensiones de terreno para llevar a cabo sus proyectos. Modus Operandi con que empresas ligadas o no al rubro de la minería operan a espaldas de ingenuos propietarios superficiales en el país.

Para el senador (RN) de Aysén y ex miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Antonio Horvath, esto es una práctica recurrente, especialmente en la zona austral, que se da mediante los pedimentos mineros de exploración que “tratan de salvaguardar entre comillas una protección especial para una posible línea de transmisión eléctrica que aprovecha los potenciales hidroeléctricos de Aysén”. “En Chile el Código Minero tiene una fuerza legal superior a otras leyes, por lo tanto, al pedir una pertenencia minera para exploración o explotación, éstas tienen una fuerza legal que se superpone a otras actividades cuyo resguardo legal resulta menor frente al Código, con lo que se abusa en todo sentido”.     

Entre los efectos que esta acción provoca a los propietarios del suelo –como podría ocurrir en Chaitén– explica la abogada del Consejo de Defensa de la Patagonia, Macarena Soler, es que “aunque estas concesiones de papel no cumplan su función real y se limiten al blindaje contra otros especuladores, en la práctica, el dueño del suelo superficial se ve expuesto y subordinado a ver frenado el financiamiento bancario a sus proyectos y actividades, reducir las posibilidades de concretar negocios o realizar transacciones, por lo que es evidente la minusvalía, en términos amplios, de la propiedad”, comenta, agregando que “otra consecuencia está en que el propietario superficial queda en una condición de desamparo y desigualdad, acorralado y sujeto a una verdadera coacción ordenada a subordinar su voluntad e intereses a los de terceros (titulares de una concesión minera ‘de papel’), frente a los cuales se encuentra indefenso mientras no medie una sentencia judicial que declare la iniquidad de la actuación”.

Soler advierte también que el hostigamiento al que se ve enfrentado el propietario superficial genera un deterioro en su capacidad de negociación, afectando su voluntad al momento de tomar decisiones, como así lo denuncian decenas de chaiteninos –en especial, quienes se resisten a salir del pueblo– que dicen ser víctimas de presiones por parte del Gobierno para vender e incluso, de “vecinos pagados” por terceros (especuladores que persuaden para que vendan sus terrenos en base a supuesta información privilegiada sobre la reconstrucción).

“El Estado está dando todas las facilidades a los extranjeros para que adquieran estas tierras, como Douglas Tompkins, quien compró en silencio hectáreas en el sector del Amarillo, a 26 kilómetros de Chaitén, donde construye un enorme complejo turístico mientras que a los lugareños se les expulsa sin mayor justificación”, arremete la concejala Álvarez.

En  la Región de Aysén está en desarrollo el proyecto hidroeléctrico de Energía Austral, filial de Xstrata Cooper, una minera de origen suizo, que ya tiene constituidos sus pedimentos mineros justo en el sector de gran valor hídrico donde pretende construir y operar sus tres centrales hidroeléctricas (Cuervo, Blanco y Cóndor) según consta en el catastro minero online del Sernageomin. Al consultársele vía mail a la aludida empresa respecto de dichos pedimentos y tras 12 días de espera, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

En Chaitén las preguntas que muchos se hacen es ¿por qué el juzgado competente otorga la concesión a una empresa que no desarrollará la actividad minera?, ¿cuáles fueron los criterios para tal decisión? Pese a que estos cuestionamientos son habituales, las respuestas no dejan de ser arcanas por obvias que parezcan. De hecho, lo mismo ocurre con las concesiones de exploración minera en trámite solicitadas por la Empresa Eléctrica Colbún-Machicura en el sector sur de la Región del Bío Bío. Ante ello la abogada Soler explica que el “que la Constitución Política otorgue una función administrativa a los Tribunales, en nada varía la naturaleza de lo que es una concesión minera: un acto de un órgano estatal, de naturaleza administrativa, que en nuestro actual ordenamiento emana del Poder Judicial. Según el artículo 34 del Código de Minería, ‘las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial dictada en un procedimiento no contencioso, sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona’”. En este sentido, Soler agrega que “jurídicamente, las resoluciones judiciales son instrumentos públicos, razón por la cual, al desplegar la conducta señalada, estos terceros habrían cometido los delitos de falsificación ideológica junto con el delito de estafa residual, pues su objeto no sería el desarrollo de una actividad minera, sino asegurar los terrenos donde se emplazaría una línea de transmisión eléctrica de propiedad de TRANSELEC”.

En el sector de Chaitén y Santa Bárbara, los pedimentos de exploración (más de 100) se suceden a nombre de la Minera estadounidense Geocom Resouces Inc., y de la abogada y ex Directora Nacional de Sernageomin hasta el año 1989, María Teresa Cañas Pinochet, quien en numerosos informes de prensa aparece sindicada como “testaferro” de empresas como Endesa. La secundan en esta actividad sus hijos Jorge y Andrea de la Barra Cañas. Cañas Pinochet, sobrina del ex dictador, también aparece en el Anuario de la Minería chilena de 2009 con una superficie concesionada para exploración que alcanza las 142 mil hectáreas. Posee, además, pedimentos mineros de norte a sur, desde la Región del Bío Bío hasta la de Aysén. Desde el Maule hasta poco más de la mitad de la Octava Región en una línea continua que coincide con el trazado de transmisión eléctrica.

Para el senador Horvath, cuando se ven los mapas del catastro minero de Sernageomin es posible advertir que muchas de las postaciones eléctricas tienen relación con las peticiones continuas. “Cuando hay una continuidad de norte a sur o usa determinado eje, obviamente que lo que se persigue no es minería, sino resguardar otra acción. Es aprovecharse de la fuerza que tiene el Código de Minería, que es un perjuicio para el país, porque lo que se persigue, de alguna manera, es anteponerse a otros potenciales”, afirma.

Para el abogado experto en derecho minero, Alberto Cortés Nieme el Código del sector no adolece de nada si es aplicado en forma correcta “pero a veces la legislación minera es usada por personas ajenas a dicha actividad; que pretende extorsionar a particulares, valiéndose de las prerrogativas que otorga. Esa gente, no son mineros. De hecho, suele recurrirse a la constitución de propiedad minera con el objeto de evitarse problemas; así proyectos inmobiliarios e hidroeléctricos suelen contemplar la protección del terreno con propiedad minera solicitada por los mismos titulares de tales proyectos, para impedir las acciones de falsos mineros”, puntualiza Cortés. Sin embargo, esos mismos proyectos que Cortés Nieme nombra, al unísono son “falsos mineros”, que se valen de dicha legislación, para proteger sus proyectos. Frente a ello, la Corte Suprema ha tenido ocasión de declarar la improcedencia de servidumbres mineras cuando no existe un verdadero proyecto que la justifique, rechazando las demandas de falsos mineros (sentencia de 28 junio 2006, en Causa Rol Nº 2.095/2004, juicio sobre servidumbre minera “Ricardo Resources Inc., contra Codelco–Chile”). De todas formas, este escenario en que Codelco gana a un “falso minero” resulta muy distinto e incluso inversamente proporcional al que pudiera enfrentarse fulano de tal v/s una hidroeléctrica. Es por ello que el senador Horvath cree necesario una modificación al tema de la minería. “Tengo un proyecto de ley que está hace bastante tiempo en la Comisión de Minería del Congreso; sin embargo, no he logrado el respaldo político para su aprobación en el sentido de que la actividad minera no pueda afectar en este momento, como dice el Código, viñedos y arboledas, y a lo cual le he agregado instalaciones o actividades turísticas. Yo diría que estas actividades turísticas en el mediano y largo plazo producirán muchos más ingresos que la minería, porque la gracia del turismo y otras actividades vinculadas a ellas es que no generan pasivos ambientales”, argumenta el legislador.