Organizaciones de personas con discapacidad presentan primeros precandidatos a constituyentes

Aún cuando el proyecto de ley que busca resguardar y proteger la participación de las personas con discapacidad en la redacción de una nueva constitución lleva cuatro meses en tramitación, dos organizaciones ya levantaron sus principales propuestas de cara al proceso.

Por Cristóbal Muñoz

Con 24 votos a favor y 15 en contra, la Sala del Senado rechazó la reforma constitucional para otorgar 24 escaños reservados a pueblos originarios en la Convención Constitucional, pasando a ser revisada por la Comisión Mixta y retrasando nuevamente su resolución. Sin embargo, adosado al proyecto -y eclipsado por este- aparece otra discusión que involucra a poco menos de tres millones de personas: las candidaturas reservadas para personas con discapacidad.

Tras su aprobación en general en julio, el proyecto de ley que busca que el 5% de los cupos en las candidaturas sean reservados para personas con discapacidad sigue sin encontrar respuesta.

Si bien la falta de espacios asegurados en la discusión forma parte de un gran número de barreras sociales y políticas diarias de esta parte de la población, esto no ha detenido la aparición de las primeras propuestas de constituyentes desde las organizaciones.

Pablo Selles, profesor de educación básica y coordinador de la organización La Voz Propia, y Vianney Sierralta, primera mujer sorda abogada del país y cofundadora de la Fundación Nellie Zabel, son los primeros precandidatos a la Convención Constitucional en representación del 16% de chilenos y chilenas que presentan algún grado de discapacidad.

“Los legisladores no sabían que nuestro tema estaba ahí; se daban cuenta en el momento. Entonces, tuvimos que llegar a ellos a través de María Soledad Cisterna (Enviada Especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de la ONU), explicarles en qué consiste la discapacidad y en qué consistía nuestra propuesta”, explica Selles.

Para la abogada Sierralta, la iniciativa no solo está estancada, sino que también ha retrocedido. “Al principio se hablaba de un 10% de las listas de partidos o pactos deberían llevar candidatos con discapacidad; si nos guiamos por la Encuesta Nacional de la Discapacidad del 2015, el 20% de las personas mayores de 18 años del país tienen alguna discapacidad. No somos pocos”, asegura Sierralta, respecto a la posterior rebaja del porcentaje.

Reconocimiento como base de las demandas

Las barreras que dificultan o, derechamente, impiden la participación política de las personas con discapacidad son variadas. Falta de intérpretes en instancias y servicios esenciales, documentos poco accesibles -lectura clara y fácil-, y carencia lugares de sufragio acondicionados para un acceso universal aparecen como los principales obstáculos para este sector de la población.

Ambos precandidatos advierten que el reconocimiento constitucional es el primer paso para derribar las históricas y sistemáticas obstrucciones políticas. El profesor Pablo Selles explica que este “hace que el diseño de las políticas públicas sea en función de nuestras necesidades, y que podamos exigirlas y demandar al Estado en el caso de la vulneración o no prestación de estas. Permite hacer un marco más activo de participación política de las personas en situación de discapacidad”.

El coordinador de La Voz Propia agrega que tampoco debe desconocerse de la carta magna a quienes ejercen de cuidadores y cuidadoras: “el 40% de las personas en situación de discapacidad requiere algún grado de cuidado, carga que recae generalmente en las familias sin ninguna ayuda del Estado. Entonces, que haya una pensión, que haya reconocimientos al servicio, etc. aleja el peso de la atención de la familia y se comparte entre la comunidad en general”.

Para Vianney Sierralta, reconocer constitucionalmente a las personas con discapacidad -y la convención de los derechos referidos a ellos- “incluye respetar la dignidad, la autonomía, la independencia” de este sector de la población, implicando “establecer la accesibilidad como norma transversal”.

En la misma línea, destaca la necesidad de la oficialización de la lengua de señas como lengua materna. “Implica el reconocimiento de la identidad y cultura de las personas sordas y por lo tanto todos los derechos que trae consigo el ser reconocida además como una minoría lingüística y cultural”, indica la abogada, agregando “el derecho a elegir la lengua primaria a usarla para recibir y entregar información, en todos los contextos”.

Organizaciones que acompañan el proceso

Formada oficialmente hace dos años, la historia de la Fundación Nellie Zabel se remonta hasta 2006, cuando comienzan su articulación en pos del empoderamiento de las mujeres sordas.

“La interseccionalidad (de ser mujer y en situación de discapacidad) nos enseña que podemos vivir al mismo tiempo varias situaciones en las cuales podemos encontrarnos en una situación de desigualdad, de discriminación, de opresión o de violencia”, señala su cofundadora y presidenta, Viennay Sierralta.

Al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, la fundación encontró en el proceso constituyente una oportunidad para poder acción en la redacción de la nueva carta magna.

“Al menos tres otras mujeres sordas colaboradoras seniors de nuestra organización están considerando ser candidatas a la Convención Constitucional en sus respectivos distritos”, proyectó la abogada, precisando que “para nosotras ha sido notable poder aprender sobre la necesidad de tomarnos en serio nuestro rol y participación ciudadana”.

La Voz Propia toma un rumbo similar. “La organización nace en medio de la urgencia de levantar propuestas para el proceso constituyente”, explica su coordinador, Pablo Selles. Su primera acción pública fue la formulación de una carta con la firma de más de 140 actores y organizaciones políticas para hacer un llamado al senado para que promueva una rápida aprobación de las candidaturas reservadas, en julio de este año. Su trabajo continuó con campañas de concientización del voto accesible y/o asistido, así como de una participación en la franja del Apruebo.

El profesor y ahora precandidato a la convención explica que el siguiente paso es comenzar una discusión constituyente, ya que “se deben crear espacios participativos para que las personas en situación de discapacidad podamos ser escritores de puño y letra de la nueva constitución” y no dejar todo en manos de quienes salgan electos como constituyentes. “Lo que no puede pasar es que nos quedemos fuera de este proceso”, sentencia Selles.

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