Tribunal Constitucional no frena el juicio político en Perú

La medida cautelar pedida por Vizcarra fue rechazada por 5 votos a 2, mientras la demanda de competencia -es decir, el pedido de que el tribunal defina cuáles son las causales de destitución y aclare la interpretación correcta de "incapacidad moral permanente"- fue aprobada por 6 votos contra 1. (Télam)

Un día antes de la sesión programada por el Parlamento para debatir y votar el juicio político al presidente Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional rechazó hoy el recurso que éste había presentado para frenar ese proceso y controlar la crisis política a solo siete meses de las elecciones generales.

La presidenta de la máxima corte en temas constitucionales, Marianella Ledesma, informó que la medida cautelar pedida por Vizcarra fue rechazada por 5 votos a 2, mientras la demanda de competencia -es decir, el pedido de que el tribunal defina cuáles son las causales de destitución y aclare la interpretación correcta de «incapacidad moral permanente»- fue aprobada por 6 votos contra 1, según la agencia de noticias estatal Andina.

Ledesma explicó que la respuesta de la demanda de competencia tomará alrededor de «dos meses» y justificó el rechazo a la cautelar “a la luz de las declaraciones de los principales dirigentes de las bancadas del congreso”, que permiten pronosticar una victoria de Vizcarra mañana.

“Tampoco vamos a desnaturalizar figuras cuando no hay un riesgo de que ya va a salir vacado (destituido)”, argumentó Ledesma en una entrevista con el diario El Comercio.

Mañana, el Parlamento unicameral peruano discutirá y votará el juicio político inaugurado la semana pasada contra el presidente y, por ahora, los pronósticos son que no están los votos para una destitución.

La semana pasada, una mayoría especial aprobó en el Parlamento una moción de vacancia que inauguró el juicio político tras la presentación de una serie de grabaciones en el marco de un caso de corrupción, en la que se lo escucha al presidente discutiendo con dos asesoras cómo deben declarar ante la comisión investigadora.

Varios legisladores opositores acusaron a Vizcarra de pedirles a sus asesoras que mintieran y el presidente del Parlamento -donde el mandatario no tiene bancada propia-, Manuel Merino, convocó a una sesión para mañana para discutir la posible destitución y citó al jefe de Estado para que se defienda.

La ley no obliga a Vizcarra a defenderse personalmente en un juicio político y puede enviar a su abogado, Roberto Pereira Chumbe. Sin embargo, ocho de las nueve bancadas del Parlamento pidieron públicamente que el mandatario se presente y dé explicaciones.

Tres de estas ocho bancadas ya anunciaron que votarán en contra de su destitución, pero igual quieren escuchar sus explicaciones,

Solo una bancada, los 13 diputados de Unión por el Perú, ya anunció que votará a favor de la destitución del presidente, mientras que otras cuatro aún no definieron cuál será su posición.

Pero aún si estas cuatro bancadas votan en contra del mandatario, los impulsores de la destitución solo sumarían 70 votos, es decir, 17 menos de los que necesitan para alcanzar la mayoría especial que establece la Constitución Nacional.

Vizcarra aún no decidió si mañana irá al congreso a dar explicaciones. Esta semana había adelantado que lo definiría tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional.

Carmen Omonte, la vocera de la bancada Alianza para el Progreso (APP), la más grande de las que se declararon en contra de una destitución, aclaró hoy que la posición de su grupo no cambiará si Vizcarra no se presenta.

En paralelo, la tensión continuó escalando hoy en el Parlamento y no solo contra el Gobierno.

La bancada del Frente Amplio, la más pequeña del Parlamento y una de las que aún no definió su voto para mañana, pidió hoy la censura y la destitución del congresista Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Alarcón es el congresista que presentó al pleno del Parlamento las grabaciones del presidente Vizcarra y sus asesores la semana pasada y, desde la Comisión de Fiscalización y Contraloría, lideraba la investigación sobre la presunta contratación irregular de un músico por parte del Ministerio de Cultura en medio del actual derrumbe económico provocado por la pandemia de coronavirus.

Perú vive una de las peores crisis epidemiológicas y económicas de la región por la pandemia. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos estimó que ocho de cada diez personas quiere que Vizcarra continúe en el cargo hasta el final, es decir, el 28 de julio de 2021, según la agencia de noticias AFP.

La disputa de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, que ya tuvo otros episodios de mucha tensión en el último año, no tiene origen en un desacuerdo por la gestión de la pandemia o la situación económica, más allá de alguna mención secundaria.

Perú es por lejos el país del mundo con más muertos por coronavirus cada 100.000 habitantes, según la Universidad Johns Hopkins, y se encamina hacia la segunda recesión de América Latina, solo superada por Venezuela, según la Cepal. Sin embargo, ninguna de estas crisis está en discusión en la pulseada entre Vizcarra y el Parlamento, que parece crecer con la cercanía de los comicios.

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