Armas

El negocio de las armas no sólo es lucrativo. Genera, además, cierto rechazo. Si bien es legal y, puede decirse, hasta necesario para que un país mantenga una política de defensa disuasiva, el secretismo en que se realizan las operaciones y la gran cantidad de intermediarios y triangulaciones, hace que todos los que se introducen en ese mercado aparezcan contaminados y sean mal vistos.

El Chile, como en otras partes del mundo, no hemos sido capaces de enfrentar el tema con la fuerza que requiere y las armas, depositadas en manos uniformadas, han sido adquiridas en la mayoría de los casos de acuerdo a las jugosas comisiones que entregaban los vendedores antes que por las necesidades económicas o defensivas del país.

No hay adquisición de material bélico, desde la época de Pinochet en adelante, para no ir más atrás, a la cual no se le puedan hacer observaciones técnicas, políticas o económicas. Hoy, cuando esas transacciones son investigadas por la Justicia, además, el tema debiera llamar la atención de la ciudadanía y exigir que los fondos públicos se cautelen con mayor severidad.

Es difícil entender a un país que hace alarde de su transparencia, castigando a un funcionario por utilizar el automóvil fiscal para viajar fuera de Santiago o para vender frambuesas, cuando en jugosos y millonarios contratos, donde las comisiones son enormes, deben pasar años para que se sepa qué ocurrió y cuántos fueron los favorecidos. Si es que algún día realmente lo sabemos.

Tras el 11/9, aquel de Estado Unidos y no el chileno de 1973, se extremaron los controles de las platas negras, el objetivo fue la lucha contra el terrorismo. Sirvió, además, para que muchas cuentas quedaran al descubierto. Sabemos que las comisiones por las transacciones de armas van a parar a paraísos fiscales pero también que esos dineros, como el de otros negocios, siempre dejan huella.

Seguir la pista del dinero, aquella frase del libro Todos los Hombres del Presidente sobre el caso Watergate, cobra vigencia en momentos en que las pruebas escasean, los testimonios se derrumban, el secretismo campea o los testigos son desprestigiados en intrincadas operaciones de inteligencia.

Finalmente, tras muchos años y debates, el 10 por ciento de las ventas que Codelco obligatoriamente debía destinar a las Fuerzas Armadas, podrá ser utilizado en otros menesteres, más urgentes para la población y, especialmente, mejor vistos por la ciudadanía y nuestros países vecinos.

El tema, además, abre una oportunidad, junto con la homologación de compras con otras naciones, para comenzar a transparentar el gasto militar, comprar con mayor profesionalismo y derrotar a los que se quieren enriquecer en una pasada por el Estado.

No se sabe, a ciencia cierta, hasta dónde llegará la Justicia chilena en los casos que se relacionan con ventas de armas y cuándo aparecerá la mentada “razón de Estado” para evitar que secretos militares y funcionarios de confianza, que además conocen otros menesteres, sean llevados ante el juez.

Sí sabemos de la importancia, hoy más que nunca, de que los dineros fiscales sean destinados al lugar que corresponde. La necesidad de platas frescas para campañas, ese sobreutilizado argumento para justificar el todo vale, sólo empuerca la política y aleja a la gente de la cosa pública. Salir de ese círculo vicioso, entonces, que perpetúa al que más plata consigue, no importando cómo, es una tarea de este momento.

De aquí a diciembre, antes de votar, miremos rostros, corazones y, sobre todo, billeteras.