Asamblea constituyente y profundización de la democracia: El método olvidado

Por Daniel Ramírez, doctor en Filosofía

Lo que está ocurriendo en el país es gigantesco y su desarrollo imprevisible. Sectores parlamentarios han llegado a un “acuerdo”, que tiene el mérito del esfuerzo que debe haber costado, de dejar por un momento de lado diferencias profundas para proponer una salida institucional a la crisis, y lo más importante es haber aceptado que un proceso constituyente se inicie, luego de plebiscito. Sin embargo diversos problemas importantes subsisten, de legitimidad, de representatividad, de soberanía del órgano constituyente[1]. Y por ello, otras proposiciones están surgiendo, como aquella, importante, de la Mesa Unidad Social, un organismo de gran arraigo en las bases[2]. Es un tiempo de invención y de audacia.

Con el objeto simplemente de alimentar el debate y la reflexión me permito agregar un elemento teórico que no he visto que haya sido tomado en cuenta y que yo considero un avance importante en la construcción de la democracia del futuro.

La designación por sorteo, el método olvidado[3].

La democracia se puede definir de muchas maneras, la más simple es que se trata de la traducción de la libertad en la práctica de la organización de la sociedad, por un pueblo que se autogobierna. Ello puede tomar muchas formas, pero el principio debe respetar este principio, que los antiguos griegos atribuían a la democracia: que todo ciudadano debe ser a veces gobernado y otras veces gobernante. Un sistema en el cual la inmensa mayoría de ciudadanos saben que ni ellos ni sus parientes ni conocidos, serán nunca gobernantes, no puede ser calificado precisamente de democracia.

Para que este principio se cumpla, hay lo que llamo “el método olvidado”, que no tiene comparación en cuanto a justicia y equidad.

Ocurre que en las historias y discursos sobre la democracia, por razones difíciles de explicar pero entre las cuales se cuenta sin duda el interés por que todo continúe igual, se omite en general decir que en diversos períodos de la historia la práctica más común de lo que se llamó democracia fue el método de designar por sorteo las tareas y funciones del parlamento y del gobierno. En la antigua Atenas, un sistema bastante complejo de solicitación del azar para designar, entre los miembros de la asamblea del pueblo (Eclessia), un consejo (la Boulé) de 500 voluntarios era seleccionado al azar, y designaba, a su vez, a los magistrados y entre ellos, siempre apelando al azar, una serie de arcontes que ejercerán las funciones principales. Solo se votaba por funciones que requerían una especialización evidente (como los encargados de la estrategia militar y los gestores de las finanzas); todas las otras se suponía que cualquier ciudadano estaba en principio capacitado para ejercerlas, salvo demencia o condenaciones penales. Las funciones, los “puestos” se diría hoy en día, no eran de gran duración, máximo de un año o dos, a veces algunos meses, y se aplicaba rigurosamente una rotación para que no hubiera repetición.

Ello nos devuelve a la idea de Jacques Rancière: la democracia es el gobierno de quienes no poseen títulos (ni talentos) particulares para gobernar[4]; lo contrario da lugar a formas diversas de oligarquía.

En diversas Polis, ciudades-Estado de la antigüedad, tanto en Grecia como en la republica de Roma, existió este sistema de sorteo, a veces combinado a ciertos procedimientos de elección. Ello volvió a utilizarse al final de la Edad Media y en el Renacimiento en las ciudades de Toscana y en Venecia, con procedimientos sofisticados de tratta (sorteo). En Venecia, la Serenissima república designaba al término de un complejo proceso de eliminación, que solicitaba cada vez el azar, un consejo de ciudadanos que, a su turno, designaba al Dogo, el duque gobernador de la ciudad, también por sorteo. En Florencia, este sistema fue mucho más radical –cuando no fue eclipsado por la dominación de los Medici–, y varias veces ello significó el alejamiento de los nobles; la toma de decisiones por parte de la asamblea de los ciudadanos, la designación de diversas funciones de autoridad por tratta, en la cual frecuentemente se procedía requiriendo la participación de un niño que tomaría de una bolsa, diversas bolas con el nombre de los ciudadanos considerados aptos para ocupar puestos, y por lo tanto imborsati (embolsados). Procedimientos equivalentes fueron de uso en las Cortes de Castilla, Leon y Cataluña.

Siempre se ha sabido (y es lo que se omite decir) que el procedimiento que consiste en votar para elegir a los gobernantes y representantes da como resultado algo que debe poder llamarse mucho más propiamente oligarquía que democracia. Notables, aristócratas y ricos propietarios (hoy en día se diría dirigentes de partidos, “famosos” o “mediáticos”) tienen siempre recursos superiores para hacer campaña, son conocidos e influyentes y pueden fácilmente hacerse elegir, luego hacer elegir a sus hijos, parientes, amigos, socios y partidarios, reduciendo a “un pequeño número” (oligos) quienes gobiernan (“oligarquía”). Incluso Montesquieu, considerado como el padre del constitucionalismo moderno, y que por cierto no era un ferviente partidario de la democracia, lo dice a su manera: “el sufragio por sorteo es propio de la democracia; el sufragio por elección, de la aristocracia. La suerte es una manera de elegir que no aflige a nadie, dejando a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a su patria”[5].

Ese es finalmente el principio de la democracia, desde su invención, que permite que los unos y los otros sean a su turno gobernantes y gobernados.  Este “método olvidado” parece ser, en todos los casos, el más adecuado a lo que se ha llamado Asamblea Constituyente.

Asamblea Constituyente

Una Asamblea Constituyente (AC) es un momento muy particular en la vida de una sociedad, que muchas veces responde a un período excepcional, al fin de una dictadura, al fin de una guerra, o al momento de obtener su independencia. Oportunidad privilegiada para la democracia, un momento de verdad, una cita de la sociedad con ella misma, período fundacional, en el cual el marco de la vida política será delineado durablemente, o en todo caso para las siguientes décadas. Privar de esa gran chance a una sociedad, sobre todo en aquellas en que la Constitución vigente es controvertida o problemática, es una pérdida y un despojo imperdonable. Solo una rigidez lamentable o una cobardía flagrante de las élites políticas, mezclada a la hipocresía evidente de quienes no querrían perder la posibilidad de continuar controlando la sociedad y proseguir sus exitosas carreras, puede explicar el por qué este momento privilegiado de la vida de una comunidad nos es utilizado más a menudo. Un conservatismo inveterado prima en muchas sociedades y es reproducido por las élites gobernantes, por miedo a que, de una AC democrática resulte una estructura política de la sociedad bastante diferente a la actual, que les acomoda.

En este tiempo acotado, la institucionalidad vigente se ve como suspendida, limitada a una administración de los asuntos corrientes, a la espera de lo que resultará. Ese tiempo se destina a la reflexión, al aprendizaje de la vida cívica, al diálogo, a la construcción de una privilegiada conversación cívica, destinada a definir los grandes contornos de la sociedad futura.

La arquitectónica de una Asamblea Constituyente es un gran tema de la reflexión sobre la democracia. Ejemplos hay en las historia reciente de muchos países y se pueden intentar diversas configuraciones, pero, porque se trata de algo de gran importancia, por lo que el más mínimo asomo de defecto de legitimidad debe ser apartado. Y es muy importante el cómo se organice este momento, porque de él dependen, en cierta manera, el tipo de instituciones que la nueva constitución comportará. Por ello, en general, se trata de buscar una máxima representatividad, y que ella sea lo más próxima posible al cuerpo ciudadano que debe representar. El sorteo parece ser, en este caso, el mejor útil para construir representatividad. Ello no significa que varias instancias puedan concurrir a producir el texto definitivo; el rol de los expertos (constitucionalistas, juristas, politólogos, sociólogos…) es importante, principalmente en una redacción final pero más aun estando disponibles para ser consultados por cualquiera de las instancias de la asamblea, así como el de las corrientes de opinión (partidos, sindicatos, asociaciones, ONG), pero es fundamental que nadie pueda ampararse de la asamblea ni manipularla para distorsionar sus trabajos.

Interesantes experiencias se han desarrollado, en Canadá, en la provincia de Colombia Británica para reformar la ley electoral, una asamblea de ciudadanos fue elegida por sorteo en 2004. Una de las más estudiadas es la AC del Ecuador en 2007 – 2008, aunque la asamblea fue compuesta por representantes de partidos políticos elegidos proporcionalmente. Ha habido también en Bolivia, con desarrollos controvertidos, así como en Venezuela. Muy importantes han sido las de Túnez, luego de la “primavera árabe” en 2011, que resultó particularmente equilibrada, y, contrariamente a los temores, neutralizó el predominio de partido conservador islamista Ennahdha que se esperaba. También en Egipto pero con menos resultados. El caso de Islandia es aún más interesante: también en 2011, luego de la terrible crisis financiera, se designó por sorteo a 1000 ciudadanos para que decidieran los puntos que debería tratar la futura Constituyente, luego 7 políticos profesionales redactaron un documento que serviría de base para la Asamblea, que ella, contó con 25 personas elegidas entre 522 candidatos, que deliberaron de manera abierta y mediatizada. Las proposiciones fueron muy interesantes y la Constitución resultante muy audaz, pero la élite política de los partidos tradicionales de oposición se resistió hasta el fin y con diversas manipulaciones electorales ha logrado que aún no haya sido aplicada. Eso puede mostrar una contradicción en dejar vigente la antigua institucionalidad parlamentaria durante un proceso constitucional. En Irlanda, una Comisión Constituyente fue designada en 2012, constituida por 66 ciudadanos elegidos por sorteo y 33 responsables políticos, para revisar la constitución.

Una de las reglas más evidentes de una AC, cualquiera que haya sido el método de designación, es que se disuelva inmediatamente terminado sus trabajos y realizado el plebiscito para aprobar la nueva Constitución. La otra regla “de oro” es que ninguno de sus miembros debería formar parte de las futuras instituciones resultantes de la nueva Constitución, ni parlamento ni gobierno, por lo menos por el primer período o incluso por dos períodos, si estos son breves, lo que podría ser decisión de la AC.

Por eso es particularmente contradictorio cuando en una sociedad se le pide al parlamento, en Congreso Pleno (o en una “convención mixta”, como algún iluminado ha podido imaginar, compuesta por una parte del parlamento actual y por otra por miembros elegidos para ese finque redacte una nueva constitución (o que encargue a una comisión de expertos para luego aprobarla[6]). Un parlamento ha sido elegido para redactar leyes y disposiciones conformes a la constitución vigente, no para producir una nueva, que por cierto, si llegara a ser substancialmente diferente de la actual, podría, por ejemplo, impedir su propia reelección o la continuación de su carrera política. Se puede adivinar cómo reflexionarán diputados o senadores en cargo a quienes se les encargue una nueva Constitución. El “velo de ignorancia” propuesto por John Rawls, que implica, para simplificar, que las reglas del juego más justas las determina alguien que no sabe en qué equipo ni en qué lugar jugará[7]; aunque es prácticamente imposible de realizar integralmente y es solo una experiencia ideal, un proceso constitucional debe acercarse a ese ideal, incluyendo a personas de las más diversas condiciones sociales, edades, oficios, género, origen étnico, una vez más, sin que ello pueda ser manipulado por partidos, grupos de presión, lobbies, élites o instituciones ya constituidas.

Por ello el sorteo parece ser una vez más, inevitable. Aunque fórmulas mixtas son concebibles, de diversas maneras: una parte de los asambleístas pueden ser designados por sorteo y otra por elección directa. Una AC también podría tener una estructura bicameral. Inspirándonos en el modelo islandés, se podría proponer una asamblea bastante numerosa designada por sorteo entre todos los ciudadanos en edad de votar; en un país en el cual hay, por ejemplo, 14 millones de electores, la AC estaría constituida de dos “cámaras”: una asamblea ciudadana de 1400 miembros designados por sorteo entre todo el padrón electoral[8] y una segunda, llamada cámara de representantes, integrada por 140 miembros elegidos por voto mayoritario o proporcional (es decir que representan propiamente las corrientes de pensamiento de la sociedad). La primera sesiona por varios meses (a establecer) y decide, en primer lugar, de su modo de funcionamiento, cuórums, plazos, comisiones, etc., lo que por supuesto deben ser decisiones soberanas. Luego, su tarea principal es formular los principios e ideas de base que deben estar presentes, en otras palabras, el contenido de la futura Constitución[9]. Pasado este plazo, la segunda cámara, revisa, reformula y puede discutir u objetar una parte de la proposición inicial (no más de un 30% de los artículos, aunque eso también puede variar). En un tercer momento, la asamblea ciudadana revisa a su vez y presenta a la segunda cámara una versión “corregida”; esta discute nuevamente y cuando haya un mayor consenso entre toda la AC, designa, entre sus miembros, una comisión que redacta el proyecto final, con asistencia de expertos reconocidos, juristas, constitucionalistas, escritores –todo el proceso debe ser accesible en línea a los ciudadanos para que no haya distancia mayor, salvo formal, entre lo establecido por la primera asamblea y el texto final. El texto final es sometido a referéndum.

Ello puede parecer complejo, pero en realidad no lo es, se parece a un proceso de deliberación bicameral normal. ¿Por qué una asamblea tan numerosa? Porque en el método de designación por sorteo, se trata de instituir una muestra representativa de la sociedad en su conjunto. Por ley de grandes números, mientras más numerosa la muestra extraída, más parecida será esta con la población misma de la cual ha sido extraída[10]. En cuanto a la dificultad de sesionar de una gran cámara, se trata de  un problema menor, fácilmente solucionable, con trabajo en comisiones, división de la cámara en varias partes que trabajan simultáneamente los mismos artículos; luego se comparan los resultados, se mezclan de manera diferente para analizarlos, etc. La inteligencia colectiva tiene muchísimas maneras de funcionar para que emerjan buenos resultados.

Otra cosa que se constata fácilmente, es que cuando se reúne un grupo designado por sorteo, el consenso es mucho más fácil de obtener que cuando se reúne uno con representantes de partidos o de grupos de origen, porque en este último caso, cada miembro está permanentemente en competencia con los representantes del bando opuesto, y llegar a cualquier acuerdo le sabe a claudicación frente su base electoral.

El método del azar (a veces llamado “aleacracia” (de alea= azar, en latín) resuelve de una manera indiscutible problemas que son altamente complejos como la representación paritaria de hombres y mujeres (la cantidad no será notablemente desviada del 50%) o conflictivos, como la proporcionalidad de comunidades específicas, como pueblos originarios. Todos tendrán las mismas chances de ser designados, en proporción equivalente a la realmente ocupada en la sociedad.

Como vemos, es importante no precipitarse, la arquitectura de la AC es algo esencial y debe ser objeto de una importante deliberación previa. Piedra clave de la construcción democrática, no debe poder ser instrumentalizada por partidos o por gobernantes, por ejemplo, para eternizarse en el poder, o por élites que intentarán ampararse de la AC –para esto último, una vez más, el sistema del sorteo es el mejor antídoto. Es fundamental que la AC sea lo más representativa posible y perfectamente soberana.

Periodicidad del largo plazo

Un último punto: como la historia evoluciona, la comprensión y las concepciones de la sociedad, los desafíos antropológicos, ecológicos y geopolíticos cambian, habría que estudiar la posibilidad que una AC decidiera de antemano la fecha de la próxima. Una constitución podría así concebirse, no como algo definitivo, sino para durar, por ejemplo, veinticinco o treinta años; se establecería así una nueva temporalidad de la política, con miras al largo plazo: el período constitucional. Esto implicaría, entre otras cosas, que todo ciudadano habrá vivido al menos dos veces un tal proceso en su vida. Un período constitucional cubriría unas cinco o seis legislaturas, si estas duran, por ej., 5 años. La penúltima de estas debería someter a plebiscito la decisión de si mantener o aplazar la próxima cita constitucional, por ejemplo, por una o dos legislaturas más, en caso de que la Constitución continúe siendo satisfactoria, que el cambio no se vea aún como algo necesario o pertinente, o se esté viviendo, por diversas razones, un período difícil que haga que ello no sea oportuno.

Esa periodicidad del largo plazo permitiría una mayor libertad y audacia: las decisiones no estarían marcadas por el sello de lo definitivo; se desdramatizaría así la ocasión de la AC: ni todo se pierde ni todo se gana en ella, dando a la conflictividad propia de lo político un marco de normalidad. Se puede prever que en dos o tres décadas más, una sociedad estará mejor preparada para ciertos cambios que no se lograrán inmediatamente. Así también es posible concebir que, con el tiempo, luego de dos o tres períodos constitucionales, la sociedad habrá cambiado profundamente y probablemente de maneras que no podemos ni siquiera imaginar actualmente, y estructuras de la vida social y política totalmente diferentes a las que conocemos actualmente podrán ver la luz. Es muy posible que los productos de la imaginación de los utopistas de diversas épocas quedarán cortos en comparación con la realidad, porque la imaginación y la creatividad política se desarrolla cuando dispone de un marco de praxis efectiva: cambiando la sociedad se aprende a cambiarla, construyendo el futuro se aprende a construir futuro.

[1] Ver mi columna anterior: “Cuatro dudas en el acuerdo parlamentario”, https://www.elperiodista.cl/daniel-ramirez-cuatro-dudas-en-el-acuerdo-parlamentario/

[2] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/28/mesa-de-unidad-social-propone-ruta-para-la-nueva-constitucion-via-asamblea-constituyente-y-con-plebiscito-para-disensos/

[3] Esta sección es, en parte un extracto abreviado de un capítulo de mi libro “Manifiesto para la sociedad futura. Una nueva filosofía política” (de próxima aparición en Editorial Catalonia, abril 2020).

[4] Jacques Rancière, La haîne de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005, p. 48.

[5] Montesquieu, L’Esprit des lois, (1748), Esp.: El espíritu de las leyes, tomo II, capitulo 2, Barcelona, Altaya, 1993. Por cierto el miso Montesquieu afirmaba que si trata de votar el voto secreto es el peor, ya que da la posibilidad de conspiraciones y arreglos ocultos; si cada cual vota abiertamente, se sabe al menos quien prefiere a quien.

[6] Proposición a ser sometida a plebiscito, inventada en el acuerdo político del 15/11 en Chile. Aunque esto parece más bien una broma, fuera de cualquier lógica, porque si no se le tiene confianza a una AC elegida enteramente para ese fin, ¿por qué tenerle la mitad de la confianza?

[7] El famoso  “velo de ignorancia”, supone que los miembros de una comisión destinada a pensar nuevas leyes o la estructura de una sociedad se sitúan en una “posición ideal”, en la cual ignoran totalmente la posición que ocuparán en la sociedad que resultará de sus trabajos, posición socio-económica, oficio, lugar de habitación, talentos personales e incluso  sexo. Es evidente para Rawls, que es un racionalista de escuela kantiana, que alguien en esa posición producirá las leyes más justas posibles pues no querría verse en el pellejo de alguien pobre, marginal, cesante, mujer o negro, enfermo o viejo si la sociedad fuera injusta respecto a cualquiera de esas categorías. El problema es que se trata de una ficción que no tiene más virtud que pedagógica o crítica; es irrealizable. En casi todos los casos, quienes hacen las leyes saben perfectamente la posición que ocuparán en la sociedad futura, simplemente porque ya la ocupan. El experimento mental de Rawls sin embargo es muy útil para darse cuenta de las faltas flagrantes a la equidad de muchos procesos, por ejemplo si el parlamento de un país, formado en general por personas de la élite, redacta la futura Constitución; hay prácticamente un conflicto de interés que hará que ese parlamento no redactará nada que se aproxime a un sistema diferente de la elección mayoritaria para designar los parlamentarios.

[8] Cada miembro “representa” a 10.000 ciudadanos. También se podría decidir que fueran 700, en cuyo caso cada miembro “representará a 20.000 ciudadanos.

[9] En el caso del Chile actual, no en absoluto partir de una “pagina en blanco”, por la simple razón de que un trabajo inmenso ya ha sido realizado por los miles y miles de cabildos que se han auto-convocados; el material existe y debe poder ser consultado y, mejor aún, constituir el punto de partida de la asamblea ciudadana para sus trabajos.

[10] …con la misma lógica de los sondajes de opinión, que mientras más extendido el panel, más exactos son sus resultados.

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