El pueblo contra las dos derechas

Todas las encuestas medianamente serias que se han conocido en las semanas recientes, indican que, en promedio, dos tercios de los chilenos rechazan a la “Coalición por el Cambio” y a la “Concertación por la Democracia”. Lo que rechazan, digámoslo con claridad, es el acuerdo de estas dos coaliciones por mantener este modelo que ya no da para más.

Está terminando una etapa de la historia del país. Se inició hace más de veinte años y ha abarcado cinco gobiernos. Comenzó llena de esperanzas cuando los chilenos, a través de movilizaciones populares, valerosas luchas y un histórico plebiscito, pusieron fin en 1988 a una dictadura signada por la crueldad, el abuso y la codicia. Más allá de sus logros, la etapa postdictatorial acumuló desesperanza y frustración. La razón es simple: las promesas no realizadas que han consolidado una sociedad profundamente injusta.

Durante estos decenios las principales fuerzas político-electorales del país -la Concertación y la Alianza derechista- construyeron acuerdos, explícitos o tácitos, y los enmascararon tras disputas retóricas y formales. El resultado fue el que conocemos: la mantención de la estructura fundamental del modelo neoliberal heredado de la dictadura.

La Concertación perdió gradualmente su energía transformadora original, confundió la necesidad de ciertos acuerdos indispensables con la falsa virtud de los “consensos”, prefirió proclamar supuestos éxitos que informar transparentemente a los ciudadanos y pedir su apoyo para superar las dificultades y obstáculos que la dictadura dejó sembrados en las instituciones surgidas de la Constitución de 1980 y progresivamente se rindió al eje de poderes de la derecha. Por eso hoy, en pleno año 2011, existen en Chile menos trabajadores sindicalizados y menos trabajadores cubiertos por contratos colectivos que en el año 1989. Por esa razón, la educación pública ha perdido terreno ante el avance privado y el sistema educacional ha acentuado su rol de reproductor de desigualdades sociales que hasta la derecha extrema no se atreve a negar. Con razón nuestro sistema escolar ha sido calificado por la OCDE como uno de los más discriminatorios y segregados del mundo.

Ha sido una etapa en que para una familia pobre o de clase media se ha convertido en un drama que uno o más hijos queden aceptados en Universidades o instituciones de educación superior, porque lo más probable es que deban hipotecar sus bienes y su futuro para solventar costos. Ha alcanzado límites inadmisibles el carácter mercantil y lucrativo de la educación superior.

Una etapa en que continuó el empeño privatizador de la dictadura y se traspasaron a control privado todas las empresas sanitarias, todos los puertos en los que hubo interés de particulares, y otras unidades productoras de bienes y servicios públicos. El tamaño del Estado se redujo a niveles anteriores a la crisis del los años 30 del siglo pasado.

Ha sido un tiempo de creciente precarización del trabajo en la que hasta a los funcionarios públicos se les ha empujado a niveles de inestabilidad laboral no conocidos, al punto que más de la mitad se encuentran en la precaria condición de “contratas” u “honorarios”. Un período  en que el derecho a la salud, a pesar del Plan Auge, ha quedado sujeto a la rentabilidad de las Isapres y que el derecho a una jubilación digna, aún después de loables iniciativas de pensiones solidarias para el 20% más pobre de la población, se ha hecho depender de las ganancias de los dueños de las AFP, abandonando al lucro y al mercado el ejercicio efectivo de estos derechos esenciales. El consumo y su expansión han sido impulsados sobre la base del endeudamiento exagerado, en particular de los sectores de menores ingresos, y de tasas de interés altísimas de acuerdo a la comparación internacional, que constituyen una forma de usura legalizada.

El sistema de protección medioambiental ha resultado ineficaz y la economía crece al precio de la depredación. No existe una matriz energética elaborada con criterio social y colectivo y la suerte energética de nuestro país ha quedado liberada a la ley de la ganancia. Las demandas de reconocimiento como pueblo y de respeto por su identidad cultural formuladas por los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, han sido enfrentadas mediante la represión y la aplicación inusitada de la ley antiterrorista.

Ha sido una etapa en que, en fin, Chile ha mantenido su poco decorosa ubicación entre las diez naciones más desiguales del planeta, mostrando una tan profunda inequidad en la distribución de la riqueza que la hace prácticamente incompatible con la mantención de la democracia y la paz social.

Esa es la etapa que está, en buena hora, terminando. Este es el Chile injusto, desigual, discriminador y autoritario que los chilenos que se movilizan quieren terminar. Ese es el trasfondo del repudio masivo que la inmensa mayoría de los chilenos manifiestan en las encuestas en contra de las DOS DERECHAS, la “derecha derechista”, la Alianza de gobierno, y la “derecha centrista”, la Concertación, una oposición desestructurada cuyo único cemento es la aspiración de recuperar su posición en el aparato estatal.

Todas las encuestas medianamente serias que se han conocido en las semanas recientes, indican que, en promedio, dos tercios de los chilenos rechazan a la “Coalición por el Cambio” y a la “Concertación por la Democracia”. Lo que rechazan, digámoslo con claridad, es el acuerdo de estas dos coaliciones por mantener este modelo que ya no da para más. Se dirá que tal acuerdo no existe; que es una ficción. Pero, ¿quien en estos más de veinte años ha cuestionado con seriedad y eficacia las bases económicas, sociales e institucionales de este modelo? Ningún partido político integrante de estas coaliciones lo ha hecho sistemáticamente, sólo individuos han intentado expresar su visión crítica o su inconformismo. Desde la Concertación algunos de sus dirigentes han defendido este modelo por convicción doctrinaria, otros porque han devenido de luchadores en emprendedores, otros por simple pragmatismo, los más por desidia o acomodo. El punto es que el modelo está allí, discriminador, apabullante y humillante para la gran mayoría. Pero esa mayoría se cansó y se ha rebelado.  Ese es el momento en que nos encontramos.

No está claro el camino que surgirá de este empeño colectivo por un cambio de verdad. Una propuesta central es la de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución que refleje la voluntad soberana del pueblo, pues es en la Constitución Política heredada del Dictador donde se consagra y protege, más allá de sus reformas, el núcleo del sistema político excluyente y del modelo económico neoliberal. En lo inmediato, sin contradicción con esa demanda esencial, se plantea la exigencia de Plebiscito ahora, para que sea la decisión soberana de los ciudadanos la que dirima las grandes cuestiones que conmueven la conciencia pública en estos días.

Cualquiera sea el camino que transitemos en el próximo tiempo, Chile ya no será igual. Una etapa se está cerrando y comienza a perfilarse una nueva fase con ciudadanos que aspiran a definir por sí mismos, colectivamente, su propio destino. Entre ellos nuevas generaciones de jóvenes que se han hecho finalmente eco de grandes demandas populares que construyeron historia: cobre chileno, constitución democrática, desarrollo con armonía medioambiental, educación pública, agua propiedad de todos, no a todas las discriminaciones, más libertad.

Para los miles de hombres y mujeres que ayer lucharon por abrir las anchas alamedas para un Chile más justo, surge hoy un dilema y un desafío ético y político ineludible: o ser parte del mundo que se niega a morir, de ese denso entretejido de intereses económicos y políticos, de esa fusión de poderes cómplices de un destino mediocre e injusto para Chile, o asumir con decisión la opción por la ciudadanía, por el pueblo chileno.

En particular, y sin el ánimo de excluir a nadie de asumir este desafío, esta hora es decisiva para el Partido Socialista y para el Partido Radical, que surgieron al calor de las valerosas luchas de los trabajadores y el pueblo en las últimas décadas del siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX, partidos que desde sus orígenes y a lo largo de su historia declararon, buscaron y quisieron aportar a la causa libertaria y por un Chile más justo. Socialistas y radicales, por un compromiso con su propia historia y sin dejar de valorar sus aciertos, deben reconocer sus errores, asumir las aspiraciones y exigencias de los millones de compatriotas indignados con un modelo político y económico excluyente, injusto y profundamente inequitativo. Si así lo hicieran, podremos juntos ser parte de ese gran caudal que surge de la sociedad y que asume como tarea hacer de Chile otro Chile.