Penta, O’Really y Labbé: las tres caras de la UDI

navarroPor ser un jugador clave en la institucionalidad de la democracia protegida, diseñada por el líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz e implementada por la Junta Militar, la caída de la UDI debe interpretarse como el desbarrancamiento de una de los pilares (quizás el garante) de la institucionalidad postdictatorial.

Por Alejandro Navarro, senador y presidente del MAS

¿Qué duda cabe?: la Unión Demócrata Independiente (UDI) vive una de las mayores crisis de la última época, después de la detención del general Pinochet en Londres: hoy, sus principales referentes están siendo vapuleados por la justicia y la opinión pública.

Aludimos al Grupo Penta; al Coronel de Ejército (R) Cristián Labbé y al sacerdote John O’Really, que ocupaban los puestos de privilegio en la simbólica empresarial, eclesiástica y militar del partido gremialista de Jaime Guzmán Errazuriz.

Este, en el periodo de la transición y pese a ser oposición, llegó a ser el más poderoso e influyente del país.

Pero: ¿Es este desprestigio algo infundado? o ¿Es el justo relato de todo un sistema de oscuras prácticas que ahora se destapa?

Primer acto: El fraude

En agosto de este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia criminal en contra de los controladores del grupo Penta: Carlos Délano y Carlos Lavín, como posibles autores de delito tributario. A ellos se les imputa la utilización de boletas de honorarios falsas de sus esposas, accionar que tuvo por fin disminuir la base imponible del impuesto a la renta de la Sociedad Inversiones Penta III Limitada.

En una arista distinta de esta causa, el Ministerio Público les investiga por financiamiento ilegal de campañas políticas, en operaciones que han favorecido, fundamental aunque no exclusivamente, a parlamentarios de la propia UDI.

Entre los beneficiados por el oscuro y aparentemente ilegal sistema de financiamiento de campañas –según nombres entregados por el exgerente general de Penta, Hugo Bravo- se encontrarían Ena Von Baer; Iván Moreira Laurence Golborne, Pablo Zalaquett, Iván Moreira y José Antonio Kast (todos de la UDI); y el ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

El Codueño y cofundador de Penta, Carlos “choclo” Délano ha sido un gran financista de campañas políticas de la UDI y fue jefe de las campañas presidenciales de Joaquín Lavín. Este incluso ganó cierta fama de gurú electoral luego que se le adjudicase la paternidad del slogan de la campaña presidencial de 1999: “¡Viva el cambio!”. Pero su imbricación con ese partido tiene que ver también con su historia personal y familiar: es tío del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva. Las redes de Carlos Lavín con la UDI y el resto de la elite son similares.

Según ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo, Penta figura en el puesto 14 en el escalafón de la riqueza nacional. Entre las empresas de este conglomerado destacan: Banmédica, Banco Penta, Penta Security y Penta Vida.

Sabemos que el financiamiento a las campañas no es gratuito: busca su retribución a través de favores políticos. Por lo mismo, cabe inferir que los parlamentarios financiados por Penta -y por otros grupos económicos- están siendo mandatados ya no por el pueblo soberano, como corresponde en una democracia, sino por los dueños del capital, lo que es propio de un régimen oligárquico, plutocrático.

Penta no es el único grupo económico que en dictadura ejecutó el saqueo legalizado de nuestro país y que está vinculado a la UDI. Julio Ponce Lerou y José Yuraszeck se hicieron ricos en procesos de privatización fraudulenta que estos manejaron en su abierto beneficio. De ejecutivos de Soquimich y Endesa, pasaron en pocos años a ser parte de sus dueños. ¿O no?

Cabe recordar que, aunque beneficiario principal del financiamiento de las campañas, la UDI no es el único grupo político que recibe jugosos aportes empresariales, como la información oficial puede corroborar.

La corrupción en la política no es aceptable y debe ser penalizada, al menos, con el mismo castigo que recibe el delincuente que asalta pistola en mano a un inocente peatón.

Segundo acto: la hipocresía

Tanto o más duro que la caída en desgracia de Penta, es para la UDI la recientemente decretada condena contra el sacerdote John O’Reilly por abusos sexuales contra una niña estudiante del Colegio Cumbres, imputación que lo podría llevar en brevísimo plazo a la cárcel.

Este establecimiento llegó a ser el preferido de la casta política y económica dirigente del país; y por cierto de los principales dirigentes de la UDI.

La cercanía de este partido con O’Really y los Legionarios de Cristo puede graficarse en el hecho que, con ocasión de la celebración de los 25 años de sacerdocio de este sacerdote irlandés, realizada en diciembre de 2000 en el Colegio Cumbres, asistió la plana mayor del partido gremialista que estaba encabezado por el entonces diputado e la UDI, Pablo Longueira.

Los Legionarios se instalaron en Chile, en 1980, en momentos que la derecha y la oligarquía estaban distanciadas de la oficialidad de la Iglesia Católica que, por entonces, estaba dirigida por el defensor de la dignidad humana Cardenal Raúl Silva Henríquez.

De acuerdo a lo que se afirma en el libro Legionarios de Cristo en Chile, “partidarios y detractores coinciden en que la llegada de O’Reilly le dio un nuevo impulso al crecimiento de (esta) congregación en Chile. Gracias a él, los contactos con el empresariado y la derecha chilena se incrementaron”.

O’Really llegó a ser consejero espiritual de Eliodoro Matte; Agustín Edwards, Andrónico Luksic y Ricardo Claro. Su influencia llevó a la Cámara de Diputados a cometer el despropósito de concederle la nacionalización por Ley (por gracia) el 20 de agosto de 2008, por 66 votos a favor, ninguno en contra.

La debacle de este sacerdote propina, directamente, un misilazo bajo la línea de flotación de la UDI y de toda la hipócrita elite chilena, sector que ha tenido en su pretendida superioridad moral, el fundamento ideológico primordial de todos sus abusos.

Tercer Acto: manos con sangre

Como si lo anterior fuera poco, este lunes 20 de octubre el ex agente de la DINA y exalcalde de Providencia Cristián Labbé, fue procesado y detenido por su participación en la asociación ilícita que operó en el regimiento Tejas Verdes, de San Antonio, lugar en el que se cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia.

Este exalcalde –quien llegó a ser secretario general del Gobierno dictatorial de Pinochet- fue respaldado por la directiva de la UDI, cuyo presidente, el diputado Ernesto Silva fue a visitarlo al Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, donde permaneció detenido. Silva reclamó apropósito de esta detención que en Chile “no hay igual trato ante la ley”.

El hundimiento de Labbé es durísimo para la UDI porque su presencia en la política activa nacional -de alguna manera- era una notificación al conjunto de la sociedad de que hasta los más abyectos criminales deben ser aceptados como parte de la clase dirigente que rige nuestro país.

No olvidemos que Labbé propicio el homenaje al asesino en serie Miguel Krassnoff Martchenko el que se realizó el 21 de noviembre de 2011, en el Club Providencia.

Desenlace

Este triple golpe contra la UDI es letal puesto que llega en circunstancias en que las ideas que esta tienda política impregnó al conjunto de la sociedad (como: chorreo económico, consumismo y endeudamiento, apertura a inversión extranjera, privatización de bienes y servicios públicos) están siendo derrotadas en el plano ideológico. Si a esto le sumamos los cambios al sistema electoral y de financiamiento en las campañas, no es extravagante pensar que lo que le espera al gremialismo es la jibarización, la irrelevancia o de lleno su muerte.

Por ser un jugador clave en la institucionalidad de la democracia protegida, diseñada por el líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz e implementada por la Junta Militar, la caída de la UDI debe interpretarse como el desbarrancamiento de una de los pilares (quizás el garante) de la institucionalidad postdictatorial.

Lo anterior inevitablemente acelerará el debate respecto a la necesidad de una Nueva Constitución vía asamblea constituyente como paso necesario para el fin de la postdictadura y comienzo de la instalación de un sistema verdaderamente democrático, en lo político, económico, social y cultural.

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