El abordaje que debe hacer Piñera el 21

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Escribe Guillermo Holzmann

A una semana de entregar su primera cuenta al país, el gobierno de la Coalición por el Cambio liderado por Sebastián Piñera enfrenta tres ámbitos distintos de problemas, de los cuales deberá dar cuenta en su discurso ante el Congreso.

El primero de ellos es la relación que mantiene con los partidos políticos para lograr la aprobación de las escasas iniciativas legislativas que ha logrado ingresar al Congreso. Ello implica la urgencia de generar una capacidad de transformar en leyes las distintas propuestas que cada ministro ha desarrollado en las últimas semanas y las cuales precisan de objetivos y estrategias que le den viabilidad en el debate legislativo. Sin embargo, ello es una ínfima parte del proceso de conducción política del Estado, toda vez que se requiere un diseño de negociación al interior del gobierno, con los partidos, las bancadas parlamentarias, diputados y senadores –individualmente considerados–, grupos de interés empresarial y con representantes de la sociedad civil, incluyendo una fórmula comunicacional eficiente que permita instalar los temas en la agenda y obtener el apoyo ciudadano.

Lo anterior se da en un ambiente donde Renovación Nacional y la UDI empiezan a mostrar diferencias que, junto con profundizarse, obstaculizan la viabilidad de los proyectos; mientras que en la oposición los partidos se encuentran en la etapa de elecciones internas (manteniendo la idea de Concertación sin autocrítica), que los divide pero también implica la pérdida de una posición alineada frente al gobierno. Lo que se complica, además, con las exigencias regionales de los representantes parlamentarios.

En consecuencia, si no existe una planificación política acorde a esta realidad, el gobierno de Piñera tenderá a realizar muchos anuncios, generar debates mediáticos y obtener escasos resultados legislativos, perdiendo oportunidad y posicionamiento.

El Presidente enfrenta el 21 de mayo con la necesidad de legitimar su accionar post terremoto, destacando los distintos anuncios y medidas, y planteando una crítica a los gobiernos anteriores. Un aspecto, entre otros, será la propuesta de un plan de emergencia nacional que evite los vacíos que se evidenciaron en la crisis asociada al cataclismo.

Sin embargo, el eje de mayor relevancia se centrará en la reconstrucción y en la incorporación de su oferta programática con la finalidad de convocar el apoyo político y ciudadano.

Resulta razonable plantear que mientras el gobierno no controle el Estado y no posea un manejo integral del mismo, los anuncios presidenciales se pueden transformar en la espada de Damocles de su gestión. Esto adquiere especial relevancia si el foco está puesto en las áreas de obras públicas, vivienda, salud, educación y protección.

Al efecto, lo que ha mostrado, hasta ahora, el gobierno es que el proceso de instalación ha tomado un tiempo superior al esperado. Y no solamente eso, pues se ha privilegiado una visión autoritaria antes que una integradora de los distintos intereses políticos en juego, al punto que resulta más beneficioso ser oposición que esperar ser integrado al proceso decisional.

En este mismo sentido, el diseño comunicacional tiende a vocerías compartimentadas percibiéndose distintos grados de conflicto en la coordinación al interior de (y entre) los ministerios. Si bien no hay dudas respecto  a los objetivos planteados por el Presidente, sí hay cuestionamientos respecto a las capacidades para manejar la información necesaria que permite hacer viables las acciones asociadas a dichos objetivos. Por tanto, entendamos que la instalación estará completa cuando todo lo anterior fluya de una manera natural y los objetivos también estén claros para la propia ciudadanía.

La agenda post terremoto del gobierno ha estado plagada de grandilocuentes anuncios respecto a plazos y metas, alguna de las cuales se han podido cumplir, otras han sido ineficientes o incompletas y el resto están al pendiente de la aprobación legislativa, que al paso que vamos está tomando más tiempo que el esperado. El déficit político en esta etapa viene de una crítica transversal de los sitios más afectados por el terremoto, que está logrando abrir espacios para la protesta social, pero también para que sectores que no tendrían argumentos para movilizarse, empiecen a encontrar los elementos necesarios de presión.

En este contexto, el uso de la fuerza para neutralizar las movilizaciones es un privilegio del Estado, que razonablemente desplegado constituye una fortaleza, pero que se transforma en una debilidad cuando se cierran o se acorralan a los actores naturales de un proceso democrático.

En las actuales circunstancias, todo apunta a que el gobierno deberá rectificar su estrategia y generar un cambio de gabinete o aceptar renuncias, que hasta el día de hoy se mantienen en stand by. Mientras el gobierno no tome la iniciativa, más allá de los anuncios, en la conducción política de este proceso, no sólo abrirá oportunidades a las distintas expresiones de oposición, sino que contribuirá decididamente a que la Concertación –una vez finalizados sus procesos eleccionarios– se transforme en una temprana alternativa de gobierno, aplastando los no tan tenues movimientos internos para obtener un segundo gobierno de centro derecha.

La dinámica política del siglo XXI exige flexibilidad, capacidad de adaptación, sentido estratégico, diálogo y capacidad de inclusión para sostener las alianzas necesarias que cada proyecto requiere. Los ejemplos de Francia, EEUU y, ahora último, Inglaterra, muestran que pragmatismo y realismo son los elementos centrales en la conducción política, siempre y cuando estén vinculados a una estrategia de desarrollo que cumpla y satisfaga con las expectativas sociales.

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