Bancada DC advierte riesgos y letra chica en proyecto por fraudes con tarjetas y medios de pago electrónicos

Parlamentarios votarán en contra dos artículos que, a su juicio, “significan un retroceso que afecta directamente a los consumidores”. 

Como un “retroceso” calificaron los diputados DC Joanna Pérez, Gabriel Silber, Jorge Sabag y Miguel Ángel Calisto algunas normas del proyecto que se encuentra a punto de ser votado en sala y que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor, en casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

Los parlamentarios señalaron que si bien se trata de una “iniciativa necesaria pues actualmente no hay una ley que garantice la responsabilidad de los bancos en estos casos, aun cuando sí hay jurisprudencia, creemos que hay un artículo –el cuarto- y parte del quinto, que son más bien normas pro-bancos, incluyendo letra chica que podría , en el fondo, transformarse en un retroceso”.

Al respecto, la diputada Joanna Pérez explicó que “tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo de esta iniciativa. Los bancos no pueden eludir su responsabilidad. pues son los que más utilidades tienen en este país; por lo tanto hay que asegurar que en la ley no quede letra chica alguna y ya estamos en segundo trámite. No queremos aprobar algo que el día de mañana sea una puerta abierta para que los bancos se escuden en ella y no respondan. El proyecto tiene lindo nombre y es positivo pero deja vacíos que hacen cambiar el paradigma y endosa responsabilidad a los clientes de tarjetas”.

En concreto, la diputada Pérez explicó que la mayor preocupación se centra en los plazos para los reclamos y para que los bancos respondan, considerando el momento en que la persona se da cuenta del fraude. “Hoy, donde hoy no existía plazo, el artículo 4° entrega ahora un plazo máximo de 30 días a la recepción del último estado de cuenta para poder pedir el reembolso. La idea es que exista a lo menos un plazo de 90 días, razonable, para que el titular de la tarjeta que clonan pueda conocer claramente los hechos y reclamar. Si hoy no hay plazo, ¿porqué tendríamos que limitarlo a 30 días? Nos parece una medida peligrosa y muy pro banco en lugar de ser pro consumidor. También no nos parece el tema de un deducible en caso de seguros. La verdad es que se han agregado normas muy pro bancos, que se aseguran su negocio y por eso la comisión mixta es necesaria”.

“Hay que explicar, además, que mientras el usuario puede percatarse con mayor rapidez de un robo o extravío, ello no ocurre en los casos de clonación, ya que el titular de la tarjeta o usuario no tiene cómo conocer que se están realizando estas operaciones no reguladas. Ante ello, ¿se está realmente legislando a favor del titular o usuario de la tarjeta o se le está entregando al Banco una limitación de responsabilidad respecto de estos fraudes?”.

La parlamentaria agregó que “lo ideal sería que las otras bancadas nos apoyarán rechazando esta norma para pasar a una comisión mixta y allí solucionar entregando la mayor cantidad de garantías para los consumidores.

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