Felipe Harboe: “Declaraciones del ministro Ribera están al borde de la inconstitucionalidad”

El diputado PPD criticó las declaraciones del Ministro de Justicia, acusándolo de estar en los límites de la Constitución, además señaló que el gobierno ha mostrado un descriterio en su actitud y una incapacidad política de articulación y argumentación.

Por Alex Araya L.

Las recientes semanas no han sido fáciles para el Gobierno. A las masivas marchas estudiantiles que se siguen convocando con frecuencia en la capital y regiones, se sumó la quema de un bus del Transantiago y la toma de una sala del ex Congreso Nacional por manifestantes.

Los estudiantes, agrupados en la Confech y otras organizaciones, acusan un actuar policial desmedido, el que ha dejado cientos de detenidos, pero pocos de ellos formalizados y condenados.

A raíz de esto, el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, criticó al poder judicial y estableció la posibilidad de que el Ejecutivo evaluara las resoluciones de los jueces para, en base a ellas, promover sus ascensos.

Desde la oposición una de las voces más críticas tras el incidente fue la del ex Subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet y hoy diputado PPD, Felipe Harboe a quien consultamos ¿Qué le parecen las declaraciones del Ministro Ribera?

Hay diferentes respuestas dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer.

Desde el punto de vista jurídico, me parece que la declaración del ministro está al borde de la inconstitucionalidad. El artículo 76 de la Constitución es meridianamente claro en el sentido que prohíbe al Presidente de la Republica o al Congreso avocarse a causas pendientes, puesto que la facultad de juzgar radica exclusivamente en los tribunales de justicia, en consecuencia, condicionar la carrera funcionaria en atención al contenido de los fallos, insisto, está al borde de la inconstitucionalidad.

Desde el punto de vista político, me parece de un descriterio soberano. No es aceptable y nunca se había visto en los últimos 22 años, que un ministro de Justicia amenazara a los jueces con su carrera funcionaria en atención al contenido de sus fallos, nunca.

Frente a la respuesta que da el Presidente de la Suprema, el Presidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y la que damos algunos parlamentarios, el Ministro en vez de reconocer su error o, al menos, alegar error de interpretación, trata a todo el mundo de ignorante. Entonces el Ministro persevera en su tozudez y en su error, que ya aparenta una conducta de descriterio al tratar de ignorante al Presidente de la Corte Suprema.

Mi análisis político a este respecto es que, en un momento en que el Gobierno está con escasa capacidad de gobernabilidad, enfrentado con el poder legislativo, se gana un nuevo lío con el otro poder del Estado, el poder judicial. Es decir, este gobierno, en dos años, ha logrado lo que la Concertación no logró en 20 años: granjearse un lío con los dos poderes del Estado, en paralelo y en profundidad.

Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, el ministro peca de ignorante, porque intenta endosar la responsabilidad de las libertades de los violentistas en el poder judicial, aduciendo un supuesto garantismo cuando en realidad el problema no está en el poder judicial ni en los fiscales, el problema está en el propio gobierno, particularmente en el Ministerio del Interior, que ha sido incapaz de probar en juicio la participación de los hechos punibles.

En consecuencia, creo que lo que se debiera hacer es mejorar la capacidad probatoria del gobierno, en tribunales.

Cuando uno observa que las cifras son las siguientes: 5700 manifestaciones durante 2011, 2603 detenidos y sólo seis de ellos privados de libertad quiere decir que las detenciones que hace el gobierno son abiertamente infundadas, o que el Ministerio del Interior no acompaña los elementos de prueba para que los fiscales siquiera formalicen la investigación, entonces, en definitiva, el trasfondo de todo esto es que el Ministro de justicia, en una estrategia deliberada con el vocero de gobierno y el Ministro del Interior, intentan dar la sensación de mano dura para recuperar al menos su electorado, que hoy día está enojado porque, en estricto rigor, este gobierno, ha sido incapaz de controlar el orden público y hemos visto hechos de violencia que no habíamos visto en los últimos años.

Considerando casos como el del ciudadano pakistaní detenido o el Caso Bombas ¿usted diría que es una tendencia de este Ministerio del Interior la débil entrega de pruebas?

Yo creo que lo que hay es una incapacidad probatoria y una especie de convicción de estas autoridades, de Interior, de Justicia e incluso de Bulnes, de que hablan con la verdad. En vez de debatir, pontifican. Entonces, cuando hacen una declaración, creen que esa declaración es suficiente como elemento de prueba, y hemos visto que, cuando el Ministro del interior, de manera imprudente señala que tiene elementos suficientes para acreditar la “participación terrorista”, el poder judicial dice “perdón ¿de qué pruebas me está hablando?”.

Lo que es más grave, la misma fiscalía, o sea el órgano encargado de perseguir se desiste al decir, “sabe, aquí no hay elementos suficientes”, el Ministerio del Interior queda solo y finalmente es absuelto este ciudadano pakistaní.

Luego viene el Caso Bombas, donde el Ministro del Interior dice que hay pruebas contundentes, hace una alegoría del fiscal Peña y después se termina con gran parte de los imputados absueltos.

Entonces el gobierno tiene que tener menos arrogancia, más humildad y asumir y entender que, en un Estado de derecho democrático, el gobierno es el encargado de comentar y no de juzgar y que lo que se dice puede ser contradicho por argumentos. Porque la técnica del gobierno es hablar “con la verdad” y cuando alguien los rebate, en lugar de utilizar argumentos, descalifican al interlocutor.

Ribera, en vez de rebatir a Juica y decirle que no estaba de acuerdo con su opinión, lo trata de ignorante. Cuando yo le digo algo a Hinzpeter, él dice “ustedes no hicieron nada en 20 años”. En vez de discutir con argumentos, se produce la descalificación del interlocutor.

Yo creo que no tienen capacidad política ni de articulación, ni de argumentación.

De concretarse, hipotéticamente, la idea propuesta por Rivera ¿Cuáles serían las consecuencias?

Yo creo que la consecuencia sería una abierta intromisión del poder ejecutivo en los fallos judiciales, de manera indirecta, porque el gobierno tiene la facultad efectivamente de firmar los ascensos y retiros, y los hace especialmente en atención a las calificaciones que hace el propio poder judicial, pero cuando el Ministro da un paso más allá y dice que ya no solo verán las calificaciones sino además el contenido de los fallos, ahí es yo advierto, cuidado, esto está al borde de la inconstitucionalidad. Si eso llega a ocurrir, yo creo que estaríamos frente a una intervención manifiesta del gobierno en contra de la facultad exclusiva del poder judicial y nosotros como garantes de la institucionalidad tendríamos que hacer alguna acción de responsabilidad constitucional.

Al día siguiente de las declaraciones del ministro de Justicia, el Gobierno aparece descartando la idea que se había propuesto inicialmente ¿Cuál cree que ha sido la participación del Gobierno y el Presidente en este episodio?

Yo hice un llamado al Presidente Piñera a poner orden en sus ministros. No se había visto en 20 años que un Ministro de Educación descalificara al Presidente del Senado, más allá de la opinión que uno pueda tener del Presidente del Senado.

Un ministro, en ejercicio de su función, no puede hacer una descalificación institucional a la segunda autoridad del país. Tampoco se había visto a un Ministro de Justicia tratar de ignorante al Presidente de la Suprema. Yo hice un llamado a la responsabilidad del Presidente, a enseñarle a esta gente que se está gobernando, no se está administrando una empresa, no se habla con empleados, aquí los ministros son empleados del presidente y el Presidente de la Suprema no es empleado ni del presidente ni del Ministro de Justicia.

Lo que dijo el Presidente es que el Ministro fue malinterpretado en sus opiniones…

El Ministro se expresó mal, el Ministro se equivocó y tiene que asumirlo como tal. No es posible que todo el país haya interpretado mal.

Cuando hay un problema de malinterpretación generalizada es porque quien dijo la frase, la dijo mal, y sería honroso para él que reconociera su error y dijera, esto no estuvo en mi intención.

¿Qué visión tiene respecto al actuar de la Justicia en el procesamiento de quienes han participado en manifestaciones? ¿Se ha hecho un buen trabajo?

Hay de todo. Hay fallos, si uno quisiera decir, más garantistas, otros menos garantistas. Yo también tuve discrepancias con fallos judiciales, la diferencia es que yo las hice notar ante el Presidente de la Suprema, internamente, respetando el poder de ellos, no  a través de la amenaza de coerción de su carrera funcionaria, jamás se me hubiera ocurrido.

Si, es legítimo que el gobierno tenga diferencias, eso puede ocurrir, además como querellante puede opinar pero mi percepción es que el gobierno lo ha hecho mal en esta materia y, respecto a los jueces, bueno, habrá que analizar en específico cada uno de los fallos, pero mi percepción, dada mi experiencia, es que los números que nos ha arrojado la información oficial es que el problema no está en la sentencia, el problema está en los elementos probatorios. Porque una cosa es que el juez absuelva, deje en libertad a las personas. Pero cuando uno ve la cantidad de formalizados, también es escasa. Lo que está ocurriendo es que el gobierno como querellante no está acompañando las pruebas. Lo que uno tiene que entender es que los juicios se ganan con pruebas, no con declaraciones.

Respecto a las manifestaciones de carácter más violento ¿cuál debería ser la actitud del gobierno?

A pesar que este gobierno tiene más herramientas que los anteriores, porque la creación del Ministerio de Seguridad Pública pone a las policías en manos del Ministerio del Interior, hay menos resultados. Yo creo que hay incapacidad de un trabajo de más inteligencia, de buscar elementos probatorios y separar la gran mayoría de los manifestantes, que es el movimiento social que hay que reforzar, de la minoría que comete delitos.

El otro día veía a un general que decía que iban a formar un grupo llamado “cazadores”, especial para detener a estas personas como elementos de prueba. Con esos “cazadores” no hay ninguna presa que esté en riesgo porque hasta el minuto no hemos tenido mayores elementos de prueba respecto de personas que hayan participado en hechos de delito.

A la movilización social le hace mal la presencia de violentistas, por eso hay que proteger a la población y para eso se requieren acciones coordinadas entre Carabineros y el Gobierno tendientes a identificar a esos violentistas, no a la detención masiva. Sino a esos violentistas específicos y, respecto de ellos, acompañar los elementos de prueba necesarios.

Lo que está ocurriendo son detenciones masivas sin ningún resultado, cuando deberían ser detenciones selectivas a quienes cometen hechos de violencia o de delincuencia. Creo que la señal es muy mala. Lo que la gente está pidiendo, más que mano dura o mano blanda, es una mano inteligente, y que este gobierno cumpla la ley.