Formalizan en Rancagua a carabinero por usar a adolescente como escudo humano
El funcionario policial además detuvo al joven en una comisaría donde habría permanecido esposado por alrededor de cuatro horas en un calabozo. El tribunal determinó un plazo de 80 días para la investigación.
El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima contra un sargento de carabineros, dependiente de la 1ª Comisaría de esa ciudad, quien en el contexto de una manifestación realizada el 6 de noviembre pasado, tomó por el cuello a un adolescente de 17 años identificado como R.A.A.A. para utilizarlo como escudo humano, hecho que derivó en una querella por apremios ilegítimos, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Sede Regional del INDH apenas tuvo conocimiento de un video que circuló en redes sociales, en el cual se aprecia el momento de la aprehensión, presentó una denuncia por los hechos ante el Ministerio Público. Una vez conocida la identidad de la víctima y tras acordarlo con la familia del menor de edad, el Instituto presentó una querella criminal por apremios ilegítimos y/o torturas.
El jefe regional del INDH en O’Higgins, David Bahamondes, detalló que el carabinero “en lugar de conducir al detenido a un área alejada de los disturbios, se dirigió a la intersección de las calles Aurora y Avenida San Martín, aferrado al cuello del adolescente, donde haciendo uso de su arma de servicio percutó un proyectil lacrimógeno, exponiendo al joven a recibir objetos contundentes que en ese momento se lanzaban contra personal de carabineros”.
Posteriormente, el funcionario trasladó al joven a la 1ª Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua donde habría permanecido esposado por alrededor de cuatro horas al interior de los calabozos.
“Los agentes del Estado tienen un deber de garantes de los derechos a la vida y a la integridad física y síquica de las personas detenidas. En el caso de niños, niñas y adolescentes este deber de resguardo constituye una garantía reforzada, conforme a los estándares de derechos humanos aplicables al presente caso”, afirmó David Bahamondes, jefe del INDH de O’Higgins.
El tribunal determinó un plazo de 80 días para la investigación.