Funcionarios de farmacias denuncian desprotección en contra de las empresas del rubro

En un juego de tiras y afloja están los funcionarios de farmacias y sus empleadores, respecto a la verdadera situación laboral en la que se encuentran en medio de la crisis sanitaria por Covid-19. Mientras los funcionarios claman por atención y medidas de protección básicas para su desempeño, los gerentes de las empresas los han desmentido a través de comunicados.

Desde la Federacion Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile (FENATRAFAR), mencionaron que «a la muerte de dos funcionarios, se suma la reducción de las licencias médicas y el llamado de los empleadores a las madres con derecho a sala cuna a reintegrarse al trabajo».

El pasado 20 de mayo, los funcionarios de farmacias de las cuatro cadenas más importantes del país, Salcobrand, Cruz Verde, Ahumada y Doctor Simi, dieron a conocer la noticia del fallecimiento de uno de sus miembros.

El caso de Carlos Herrera, trabajador de Farmacias Salcobrand de Quilicura, hombre de 49 años, sin enfermedades de ningún tipo, que murió en el Hospital San José, después de ser contagiado de Covid-19 en su lugar de trabajo. Por eso desde la FENATRAFAR consideraron este hecho como «prueba concreta de que el sistema no está funcionando».

Sin embargo, sobre esta situación mencionada anteriormente desde la Federacion Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile mencionaron que «el gerente general de la empresa aludida, Matías Vedugo, hizo llegar un comunicado desmintiendo la denuncia de los trabajadores, bajando la cobertura de la noticia en varios medios de comunicación. El texto señala que desde el comienzo de la crisis sanitaria, la empresa está trabajando con todas las medias de seguridad; que se encuentra coordinada con la Asociación Chilena de Seguridad, que aplican los protocolos de sanitización, que hacen el seguimiento de los casos positivos, que monitorean el estado de salud de quienes presentan problemas de salud y que las acusaciones de los trabajadores serían falsas».

«Claramente se produce un juego de verdad o mentira que no se sostiene. Cuando la pandemia se desató, las farmacias estuvieron funcionando con escasas medidas de seguridad, hasta que de tanto denunciarlo las empresas tuvieron que aplicar un protocolo diseñado con la ayuda de los funcionarios, pero con poca o nula fiscalización», precisaron desde el gremio.

Sin embargo, por el caso de los fallecimientos de funcionarios del rubro, la FENATRAFAR enfatizó que «la ACHS sigue sin considerar el contagio de estos funcionarios como accidente laboral, pese a que como Centros de Salud reciben a diario pacientes contagiados. Los derivan a los consultorios y no les extienden las licencias necesarias. No existe seguimiento de los casos positivos ni de sus contactos más cercanos. Cuando alguien manifiesta síntomas de Covid-19, las farmacias no controlan a todo el equipo de trabajo del local afectado y no se activan los protocolos«.

Además, desde el gremio denuncian que «tampoco sanitizan las sucursales cada vez que llega un cliente positivo. La situación de los funcionarios empeora con el oficio enviado por el Minsal para rebajar de 14 a 4 días las licencias médicas de los contactos directos de casos positivos. La medida, que se aplica desde el 11 de mayo, deja desprotegidos a los trabajadores, que pasados los 4 días deben retornar a sus lugares de trabajo o conseguir una nueva licencia hasta recibir los resultados de sus exámenes».

“Una vez más el Gobierno le mete la mano al bolsillo a los trabajadores con la reducción de 14 a 4 días de sus licencias. Con 14 días alcanzaban a recuperarse y cobraban su sueldo completo; con la modificación se les paga 1 día de 4. Sucesivamente, si renuevan licencia esperando el PCR, cobran 3 días de 6 ó 4 de 7”, explicó Mauricio Acevedo, presidente de FENATRAFAR. “Esto se repite en todas las cadenas de farmacias, unas más otras menos, pero lo cierto es que el sistema está fallando y no se consigue nada con tratar de tapar la verdad. Las farmacias están exponiendo a sus empleados y a toda la población, privilegiando las ventas sobre la salud”, destacó Acevedo.

Sumado a las denuncias anteriores, desde el gremio acusaron que «Salcobrand está obligando a las mujeres con derecho a sala cuna, con hijos menores de dos años, a reintegrarse a partir del 1º de junio a sus funciones. Les anunció por carta que deberán llevar a sus hijos a una sala cuna o pagar algún cuidador, para lo cual les darán un bono de 200 mil pesos». “Creemos que el anuncio es una falta de humanidad y de criterio, que atenta contra los derechos del niño, porque se les quiere exponer a salir a la calle en el peor momento del contagio”, explicó el presidente de FENATRAFAR, Mauricio Acevedo.

Desde el gremio concluyeron exigiendo que «las autoridades tomen cartas en el asunto y dejen de dilatar las decisiones. La ACHS debe hacerse cargo de los contagiados y del grupo de trabajo cercano. Se debe dar licencias acordes a la gravedad del asunto, resguardando también los sueldos. Las empresas deben sanitizar los locales con regularidad y los funcionarios de riesgo deben seguir en cuarentena».