Fundación Socialdemócrata propone retiro de hasta el 10% de fondos AFP para ayudar a la clase media “empobrecida” por la crisis

El retiro de hasta el 10% de los fondos AFP, sería con reintegro estatal, pues “los datos del IFE (Ingreso familiar de emergencia) dejan en evidencia que las coberturas no podrán alcanzar a brindar ayudas estatales a este segmento de la población”.

De acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH), existen cerca de 5.600.000 hogares, equivalentes a 13.600.000 personas, lo que representa cerca del 73% de cobertura total de la población del PAIS. De ellos, el 73% (4.000.000 hogares) se encuentra en el 60% más vulnerable; y el 87% de ellos (4.800.000 hogares) se encuentra en el 80% de mayor vulnerabilidad.

“El IFE 2.0 tendrá una cobertura potencial de 2,1 millones de hogares, entonces bajo estas cifras queda claro que el Ingreso Familiar de Emergencia, NO llega al 80% de mayor vulnerabilidad que está en el RSH. Este llegará al 67% del tramo 40 (% de más vulnerabilidad) del RSH”, explica Juan Eduardo Faúndez, presidente de la Fundación Social Demócrata.

El ex subsecretario de Servicios Sociales, agrega que “esta situación generara altas expectativas de acceso a ingresos frescos a poblaciones que finalmente no podrán acceder a estos beneficios, ya que, por una parte la demanda es mayor a la cobertura del IFE 2.0, y también porque muchos de ellos deben ingresar por primera vez al RSH, sistema que esta con dificultades de accesos y verificación”.

“En este sentido queda en evidencia que la clase media que se ha empobrecido durante esta crisis, requiere de manera urgente una inyección de recursos a sus familias para salir adelante en los meses venideros y no tiene la cobertura requerida”.

Propuesta de inyección de liquidez

Como Fundación – agrega Faúndez-, y luego de haber estudiado varios elementos en este sentido, lo que proponemos es inyectar liquidez concreta a las familias de clase media con el retiro de fondos de sus AFP con el compromiso estatal de reintegros progresivos en un plazo no mayor a 10 años. Para operativizar esto se propone:

1.- Retiro del 10% de sus ahorros previsionales para aquella población que quedó desempleada en los últimos 4 meses a raíz de la crisis económica originada por esta pandemia.

2.- El monto máximo de retiro de esta población no debe exceder $1.800.000 pesos, el equivalente a cuatro líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes.

3.- Insertar una corrección de género, en el cual las mujeres con baja cotización podrán superar el 10% de retiro si este no alcanza al equivalente a cuatro líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes $1.800.000.

4.- Para aquellos cotizantes menores de 45 años que acrediten cargas familiares y cuyo 10% de retiro no cubre lo antes expuesto, se generarán las excepcionalidades para que puedan dar dicha cobertura.

5.- Para aquellos trabajadores informales que han dejado de cotizar por pérdida de sus fuentes de ingreso se aplicará las mismas medidas anteriormente expuestas.

6.- Para el resto de los trabajadores que cotizan en las AFP y que han sufrido mermas en sus ingresos de manera parcial, se propone un retiro de hasta un 5% de sus ahorros previsionales con un monto máximo de retiro del equivalente a dos líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes $900.000

7.- Se definirá un reembolso por parte del Estado de estos montos ocupados en el transcurso de los próximos 10 años, siempre y cuando no se topen con su año de jubilación, para lo cual se adelantarán dichos reembolsos.

8.- Si tomamos solo como base el retiro de aquellos que han perdido el empleo formal en estos meses -300.000 personas aprox.-, el costo total de retiro es de U$663 millones de dólares, amortizados en 10 años de reintegro son U$66 millones por régimen anual aprox. (a esto se debe sumar reajuste IPC anual).
“Necesitamos una estrategia de doble entrada, una que apunte los sectores más pobres de la población en Chile y también otra para hacerse cargo de aquellos nuevos empobrecidos por esta crisis (clase media) y que requieren liquidez, frente a lo anterior también se propone una generación de mecanismos de diagnósticos más eficaces y rápidos, para lo cual consideramos necesaria utilizar la FIBE (Ficha Básica de Emergencia) que recoja las excepcionalidades del sistema para acceder a este y otros beneficios por parte del Estado”, concluye.

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