Gobierno responde a informe ONU y sugiere precisar conclusiones que no están adecuadamente representadas

Recabarren fundamentó que "es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas, contienen información errada o falta información actualizada en el informe."

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, realizó un punto de prensa para dar a conocer la revisión al documento entregado por la Oficina de Alta Comisionada de DDHH de la ONU. En la instancia aseguró que haber leído “con atención su contenido, conclusiones y recomendaciones. Especialmente respecto de las recomendaciones tomamos debida nota”, indicó la autoridad.

Tras esto, aseguró que el Congreso se han hecho cargo “impulsando una importante y potente Agenda Social y Anti Abusos.”

Además, aseguró que algunas recomendaciones, como las referidas a Carabineros ya están siendo implementadas, otras estudiadas por el Comité Técnico Asesor.

Recabarren lamentó las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada que estuvo en nuestro país. “Cada una de ellas está haciendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia”, aseguró.

“Información errada o falta de información”

Sin embargo, añadió que que “es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas, contienen información errada o falta información actualizada en el informe.”

En este contexto, aseguró que “queremos señalar que a partir del 18 de octubre Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia que se desarrolló en paralelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relación con demandas por mayor justicia social, demandas de las cuales el Gobierno”. 

De esta forma, explicó que “fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas -como se ha pretendido hacer ver por algunos- la razón que determinó la necesidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional ese viernes 18 de octubre”.

Y sostuvo que aquella decisión “no fue tomada en el vacío, sin contexto, sino que fue necesaria”. Esto con el fin de cumplir con la responsabilidad que el Estado tiene como primer garante de la protección de los derechos humanos, agregó.

Finalmente, respecto de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, Recabarren reiteró la dispoción del Gobierno “a acoger todo aquello que tenga como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, su resguardo y protección, siendo estos una prioridad irrenunciable para el Estado y para nuestro Gobierno”.

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