Se trata de Pilar Gutiérrez Rivera, quien fuera Seremi de Bienes Nacionales y de Gobierno durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera. Su esposo es Alejandro Espinoza, abogado de Pablo Longueira, en las causas que se siguen contra el ex senador (SQM y Penta).
La Contraloría deberá revisar la decisión del ministro de Justicia, el UDI Hernán Larraín, de nombrar titular de la llamada Notaría Zaldívar -la más importante de Santiago (Bandera 341)- a la abogada y ex seremi de Bienes Nacionales y de Gobierno de la primera administración del presidente Piñera, Pilar Gutiérrez Rivera.
La profesional, cuyo padre es conservador de bienes raíces y su madre notaria, ambos en la región del Bío Bío, está casada con el abogado Alejandro Espinoza, ex militante UDI, defensor de Pablo Longueira y otros dirigentes políticos (Rossi y Ominami) en las causas SQM y Penta.
Gutiérrez se desempeña como Notaria en San Miguel, cargo en el que accedió cuando era ministra de Justicia la controvertida Javiera Blanco.
La abogada, en esta oportunidad, fue elegida por el ministro de Justicia de una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones, la que estaba integrada, además, por Eduardo Tavolari y Patricia Manríquez.
Su nombre para Seremi de Bienes Nacionales en la Región del Bío Bío, que fue vetado por la entonces ministra Catalina Parot, se impuso gracias a la presión que realizó la actual presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
Abogada de la Universidad Católica de Chile, definió al presidente Piñera como “una persona brillante, admiro su trabajo, su humor, sus ‘piñericosas’, creo que se entregó por completo a su país. Por supuesto cometió errores pero estábamos partiendo, era el primer gobierno de centro derecha después de muchos años. Estoy segura que será recordado como un ‘realizador’”, señaló en 2014.
El nombramiento del ministro Hernán Larraín, con quien Gutiérrez y su esposo habrían compartido en la fastuosa fiesta de Pablo Longueira en agosto pasado y que fue informada por El Mostrador con el título de «El cumpleaños estilo narco de Longueira”, podría ser rechazado por la Contraloría General de la República.
“En la Ley de Bases de la Administración 18.575 podría haber, interpretando, en relación a la conducta del Ministro al hacer ese nombramiento, el artículo 52 inciso 2, ya que da preeminencia al interés particular por sobre el general, pues no parece respetar este principio el que tres integrantes de una familia ocupen cargos de esta naturaleza. Asimismo, podría haber infracción al principio de probidad por el artículo 62 número 6 de la misma Ley, ya que el Ministro intervino en una situación en que existe una circunstancia que le resta imparcialidad: habría que ver si tiene algún nexo con ella o su marido. Pienso que la pertenencia al mismo partido político podría bastar” señala un abogado de la plaza.
Más allá de la legalidad del nombramiento y habida cuenta de la información sobre la abogada, sin duda que existen pruebas irrefutables que, al tratarse de una ex funcionaria de este gobierno, estaríamos ante la presencia -al menos- de un favor político. Máxime cuando el premio es una de las notarías que más factura en el país.