PPD pedirá pronunciamiento a Consejo de Transparencia e Instituto de DDHH sobre Monitoreo de Redes Sociales

En un comunicado de prensa, la presidenta del PPD Carolina Tohá expresó la preocupación de su partido por la medida anunciada, que implica la vigilancia gubernamental de los comentarios realizados en redes sociales respecto de Piñera y el Ejecutivo. Afirmó que existe un gran riesgo de que el monitorea pueda tornarse abusivo contra las personas y sus derechos a privacidad y la libertad de expresión, más que nada porque existe la posibilidad de hacer un “seguimiento personalizado” de la opinión, relaciones y movimientos de un individuo.

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, anunció que el conglomerado recurrirá al Consejo para la Transparencia y al Instituto de Derechos Humanos para que se pronuncien sobre la polémica medida de monitoreo a redes sociales, anunciada por el gobierno hace algunas semanas. A juicio del partido, el hecho de que se vigile los comentarios, con la posibilidad de rastrear la ubicación y opiniones de una persona en particular, constituye un gran riesgo en términos de derecho a la privacidad y libertad de expresión.

“Nuestra objeción a esta política es por la posibilidad que se abre a que las autoridades de gobierno hagan un seguimiento personalizado de las opiniones de  los ciudadanos, de sus relaciones y de sus desplazamientos geográficos”, explica Tohá en un comunicado.

Además, cuestionó que esta estrategia se financie con fondos públicos. “Los ciudadanos financiamos al Estado para que proteja nuestros derechos y proteja nuestras libertades y no para que vigile las formas legítimas en que las ejercemos”, indicó.

Se enfatiza que la postura del partido tiene que ver básicamente con la personalización del seguimiento. “El PPD quiere platearle al Gobierno que debe renunciar explícitamente a  que estos monitoreos incluyan información personalizada de los ciudadanos”, dice, y argumenta que “el seguimiento de tendencias impersonales de opinión no reporta ninguna amenaza y es equivalente a lo que hacen las encuestas de opinión”.

Es por esto que, dice Tohá, recurrirán tanto al Consejo para la Transparencia, como al Instituto de Derechos Humanos, “para establecer si esta decisión del ejecutivo atenta, restringe o amenaza las libertades públicas, la propiedad sobre los datos personales y la libre expresión de los ciudadanos”.

Por último, se refiere a un potencial uso abusivo de la información que se obtenga a través de este monitoreo, lo cual permitiría “controlar la acción de las personas y particularmente de los movimientos ciudadanos (…) incluso en el caso que el gobierno no pretenda dar un uso abusivo a esta información, el sólo hecho que realice y anuncie este monitoreo tiene un efecto inhibitorio en las forma en que las personas se expresan en la web”, explica Tohá.

(Carolina.A.Rocha)