Honduras: Un conflicto en punto muerto
El impacto económico
El conflicto ha pasado a una nueva fase, que podría ser más peligrosa, porque la economía, paralizada sufrirá más perjuicios que agudizarán la creciente pobreza y el descontento social.
Los toques de queda y el Estado de Sitio han limitado el tránsito de personas y de mercancías, lo que implica una baja en el consumo y el consiguiente incremento en el desempleo en todos los sectores, especialmente en los que tienen que ver con los productos agropecuarios.
Para el banquero Jaime Rosenthal Oliva, “cada día que tenemos toque de queda, estado de excepción o de sitio, significa que el producto interno bruto de Honduras pierde casi 52 millones de dólares”. Y a estas alturas el país tiene más de tres meses semiparalizado, 7 días en Estado de Sitio y más de 15 con toques de queda, lo que significa pérdidas calculadas de casi mil 200 millones de dólares para un país con un PIB anual de 10 mil millones.
El comercio, tanto en los mercados populares de las más grandes ciudades así como el de los centros comerciales, está casi al borde la quiebra y a estas alturas son miles los despedidos a causa del impacto del conflicto y por la grave crisis financiera mundial.
Los escenarios
A más de cien días del Golpe de Estado el embajador norteamericano mueve todas sus influencias para que se llegue a un acuerdo que parezca salido del diálogo de los propios líderes hondureños mientras llega una comisión de la OEA para darle el visto bueno.
Dicho acuerdo debe resolver al menos cuatro puntos: (1) Reconocimiento pleno del proceso electoral que culmina el 28 de noviembre próximo con las elecciones generales, (2) la restitución o no del depuesto presidente, (3) amnistía para los delitos políticos y (4) la Constituyente.
Para un acuerdo final se habla de una Junta Cívica constituida por las dos partes en conflicto. También está la posibilidad de una tercería dado que tanto Zelaya como Micheletti tienen mucha oposición para gobernar, dicen los expertos. Otro escenario posible es la no restitución de Zelaya pero si darle amnistía y exilio. Y la otra opción es la restitución con vigilancia estricta de la comunidad internacional.
Todas pasan por el reconocimiento pleno de las elecciones generales pero no por juzgar a los autores intelectuales y ejecutores del golpe, incluida una diputada que usurpó la firma del derrocado mandatario para presentar su supuesta renuncia y proceder a sustituirlo en el Congreso Nacional.
Se cree, en todo caso, que todo este juego de comisiones y de diálogo, así como las declaraciones de Michelletti de los últimos días y el levantamiento de las medidas más duras, no son más que argucias y estrategias del mandatario interino para seguir dilatando un arreglo con el fin de acercarse al 28 de octubre, fecha en que según las leyes hondureñas, el Ejecutivo pone a disposición del Tribunal Superior Electoral a las Fuerza Armadas para que resguarden las elecciones. De esa manera, Micheletti se asegura que de ser restituido el derrocado mandatario Zelaya, no tendría la posibilidad de controlar a los militares.