El Vaticano reveló a la ONU que ya castigó a 3420 curas pedófilos

vaticanoEn la última década, en la que se investigaron más de 3 mil 400 casos «creíbles», 848 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones y expulsados por abusar sexualmente de niños, mientras que otros 2 mil 572 sólo recibieron sanciones menores.

Por Info News

El Vaticano difundió ayer por primera vez las estadísticas de cómo castigó a los sacerdotes acusados de violar y abusar sexualmente a niños, indicando que en la última década 848 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones y expulsados, y que otros 2 mil 572 sólo recibieron sanciones menores. El nuncio Apostólico de la Santa Sede en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, dio a conocer las cifras durante el segundo día de interrogatorios por un comité de la ONU que vigila el cumplimiento del tratado del organismo contra la tortura, del cual el Vaticano es signatario desde 2002.

Tomasi reiteró la postura expresada el lunes ante el mismo comité: según su interpretación, la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pedofilia por integrantes del clero cometidos en terceros países, aunque sí tiene competencia para apartar a los sacerdotes culpables si se comprueba que cometieron el delito. «La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores», explicó.

Asimismo, precisó que estos procesos se llevan a cabo «sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado». Según Tomasi, desde 2004, más de 3 mil 400 casos creíbles de abusos fueron referidos al Vaticano, incluyendo 401 casos en 2013. Agregó que en la última década, 848 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones, y devueltos al estado laico por el Papa. Otros 2 mil 572 fueron sentenciados a una vida de penitencia y oración u otro tipo de castigo, fórmula usada con frecuencia cuando el sacerdote es anciano o está enfermo (ver infografía). Reconociendo el elevado número de sacerdotes sancionados con un castigo menor, Tomasi dijo que era una acción disciplinaria y que el acusado «es colocado en un lugar en el que no tiene contacto alguno con niños».

En abril, el Papa Francisco expresó su dolor por los abusos contra menores cometidos por miembros de la Iglesia, pidió perdón y aseguró que no se dará un «paso atrás» en el tratamiento y las sanciones de esos casos. Para enfrentar la situación, instituyó la Comisión para la Protección de los Menores que, el viernes pasado, tras su primera reunión, explicó que trabajará en programas de educación, formación y respuesta ante los abusos.

Tomasi explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso por parte de un clérigo, el obispo local «tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis», por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que esta dirima al respecto. Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, «y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical».

Las conclusiones del comité sobre el estudio del informe del Vaticano son esperadas el 23 de mayo. Se trata del primer informe de la Santa Sede al Comité de la ONU contra la Tortura, que estudia los informes de los 155 países adheridos a la Convención de 1984 contra la tortura y otros maltratos inhumanos. «

La transparencia financiera

El Vaticano avanza en sus objetivos de transparencia financiera a través de una ordenanza que incluye a los sujetos destinatarios del congelamiento de bienes y el marco de los acuerdos internacionales, como parte del compromiso sobre intercambio de información.

La medida incluye a sujetos acusados de terrorismo, sobre todo en las franjas del extremismo islámico. También comprende el intercambio y la difusión de informaciones sobre sujetos que pueden amenazar la seguridad y la paz, como los grupos terroristas.

Entre las medidas también está la «colaboración e intercambio de informaciones por parte de la Autoridad de Información Financiera a nivel interno e internacional, medidas contra sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacionales y declaración de transporte transfronterizo de dinero en efectivo».

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