Presidente catalán propondrá a Pedro Sánchez la celebración de un nuevo referéndum
El presidente de la Generalitat (Ejecutivo catalán), Quim Torra, dijo este miércoles que planteará al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para poner solución a la crisis política relacionada con el proceso independentista.
Según explicó Torra en una rueda de prensa desde Washington, la celebración de un referéndum será la «primera propuesta concreta» que trasladará a Sánchez en la reunión que ambos mantendrán el 9 de julio.
A su modo de ver, un referéndum reconocido por ambas partes sería una «solución muy aceptable» a la crisis política en Cataluña.
De no alcanzar un acuerdo en ese sentido, señaló que su plan pasa por «hacer efectivo el mandato» del referéndum del 1 de octubre para «implementar la República catalana».
«Si no hay una oferta de negociación o de diálogo por parte del Estado, si el derecho a la autodeterminación de Cataluña sigue sin reconocerse, seguiremos adelante con nuestro proyecto», dijo el presidente catalán.
En distintas ocasiones, Torra afirmó que «el derecho a la autodeterminación» es el «gran tema» de la actual legislatura en Cataluña y comunicó su intención de centrar su acción política en que ese derecho sea reconocido por Madrid.
«Vamos a hablar sobre el derecho a la autodeterminación. Si no queremos afrontar el tema no tienen demasiado sentido estas reuniones», insistió.
El anterior Gobierno catalán intentó de manera reiterada durante los últimos dos años arrancar el compromiso para la celebración de un referéndum pactado al Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy.
Ante la negativa del Gobierno español a habilitar esa opción –que casi con toda probabilidad conllevaría la apertura de un proceso para reformar la Constitución–, el Gobierno catalán decidió convocar un referéndum de forma unilateral.
Según datos de la Generalitat, en la consulta del 1 de octubre –declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España– votaron un total de 2,2 millones de personas (el 43 por ciento del censo), dando un respaldo del 90 por ciento a la opción independentista.
Desde el Gobierno español no se dio validez alguna a los resultados ya que, además de ser ilegal a ojos de la justicia española, en su opinión la consulta no ofreció los mínimos estándares democráticos para ser considerada una votación fiable.
A la luz de los resultados del referéndum, el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, adoptó una declaración de independencia que fue ratificada el 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña.
Ese movimiento fue respondido desde Madrid con la activación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central –previa autorización del Senado–, la activación de medidas contra comunidades autónomas declaradas en desobediencia ante la legalidad estatal.
El artículo 155 fue utilizado por Madrid para cesar al Gobierno catalán y convocar nuevas elecciones, en las que el independentismo consiguió reeditar su mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña.
La declaración de independencia no tuvo ningún efecto práctico y, actualmente, los responsables políticos de la misma están siendo procesados por la presunta comisión de distintos delitos –incluido el de rebelión– en el Tribunal Supremo. (Sputnik)
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