Oposición boliviana pide informe de Morales al Parlamento por derrota en La Haya

Dieciséis diputados opositores bolivianos pidieron ayer que el presidente Evo Morales brinde un informe extraordinario a la Asamblea Legislativa sobre el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, respecto a la demanda marítima presentada contra Chile.

“Tratándose de la política pública más importante del Estado boliviano, instamos a que se invite al Presidente Constitucional a presentar el informe referido”, dijeron los parlamentarios en una carta al vicepresidente Álvaro García, quien preside la Asamblea.

La solicitud sin precedentes parece sumar presión sobre Morales a menos de tres semanas de que el Tribunal Electoral convoque a elecciones primarias, previas a las generales de octubre de 2019 en las que el gobernante indígena buscará ganar un cuarto mandato consecutivo.

El reglamento parlamentario no prevé más informes presidenciales que los tradicionales de principio de año en enero y del aniversario patrio en agosto, pero los solicitantes consideran que el pueblo boliviano “necesita una explicación” de Morales ante la Asamblea, que tiene amplia mayoría oficialista.

La CIJ rechazó el lunes por 12 votos contra 3 la demanda de Bolivia en contra de Chile, señalando que no existe una obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico.

Según los opositores, la Asamblea requiere “un informe detallado y transparente respecto al contundente fallo” y sus consecuencias sobre la vigencia del artículo 2657 de la Constitución promulgada por Morales en 2009, que proclama el derecho boliviano al mar.

Ese artículo declara el “derecho irrenunciable e imprescriptible” de Bolivia a un acceso soberano al océano Pacífico y plantea lograrlo “a través de medios pacíficos”.

Los opositores sostienen que la derrota en La Haya resultó “especialmente dolorosa para las bolivianas y bolivianos que situaron sus esperanzas en este proceso que generó una gran expectativa, amplificada por el Presidente del Estado y sus colaboradores”.

La demanda ante la CIJ fue presentada por el Gobierno de Morales en 2013, como consecuencia del estancamiento de un diálogo Bolivia-Chile en cuya agenda figuraba la cuestión marítima, tema que sin embargo nunca llegó a ser tratado.

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