Expresidente Alan García reitera en carta pública que es un perseguido político
El expresidente de Perú Alan García (2006-2011) dijo el miércoles en una carta pública que es víctima de persecución política en su país y por esa razón solicitó asilo a Uruguay.
Tras enumerar los motivos que lo llevaron a pedir asilo, García dijo en la misiva divulgada por su abogado que «todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país»
El exmandatario, que es investigado por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht, expone, entre otras cosas, que la Comisión Lava Jato del Congreso no halló indicios que lo vincularan con pagos de la constructora brasileña por la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.
«La Comisión Lava Jato (…) llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos (…) y su conclusión votada el 8 de octubre señaló explícitamente: «No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos», apunta el exmandatario en su carta publicada por Erasmo Reyna en la red social Twitter.
La Comisión Lava Jato del Congreso estuvo integrada por 6 congresistas, de los cuales 4 son aliados políticos del exmandatario, incluyendo un miembro del Partido Aprista Peruano (PAP), del cual García es líder, y dos de Fuerza Popular (fujimorismo, derecha), partido opositor mayoritario.
García también argumenta que ningún alto directivo de Odebrecht afirmó que le haya pagado sobornos.
«El dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí», argumenta el exjefe de Estado.
En febrero de este año, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, declaró ante los fiscales que en 2006 había hecho entrega de 200.000 dólares al Partido Aprista Peruano; mientras que en octubre pasado, Carlos Nostre, ejecutivo de la empresa brasileña a cargo de la obra del Metro de Lima, declaró que no descartaba haber pagado sobornos a García.
García ingresó el sábado 17 de noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en Lima con el propósito de solicitar asilo político luego de que el Poder Judicial dictó una prohibición de salida del país por 18 meses.
El expresidente denunció que esa medida apuntaba a tenderle una «emboscada» que terminaría, en la siguiente audiencia ante tribunales, con llevarlo a prisión preventiva por 36 meses. (Sputnik)