López Obrador hereda en México 60 casos de corrupción por 325 millones de dólares

El próximo presidente mexicano heredará más de 60 denuncias penales y administrativas contra funcionarios del gobierno saliente, por irregularidades y desvío de más de 6.650 millones de pesos (unos 325 millones de dólares), dijo jueves a Sputnik una fuente anticorrupción.

“Nos manifestamos en contra de la amnistía a cualquier acto de corrupción, y tomamos el lado positivo a esta especie de política pública, anunciada por parte de López Obrador, para que proceda en contra de funcionarios públicos de 19 dependencias federales del gobierno saliente y diversas empresas privadas”, dijo a esta agencia Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante el segundo semestre de 2018, después de la arrolladora victoria electoral del líder de la izquierda nacionalista, los investigadores de la organización ciudadana examinaron pistas de posibles actos de corrupción y desvío de fondos públicos por parte de altos cargos del Gobierno del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

Tras descubrir decenas de informes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependencia encargada de vigilar el ejercicio del gasto público y el desempeño de los funcionarios, “le tomamos la palabra al futuro presidente y le solicitamos que honre su palabra, que no detenga las investigaciones abiertas”, dijo el responsable de los casos más emblemáticos de peculado.

Entre ellos destaca el caso del ejecutivo federal y los sobornos de la compañía Odebrecht, que la organización ha investigado con una red latinoamericana independiente sobre la constructora brasileña hasta los archivos de la fiscalía de Brasil, cuyas ramificaciones llegan a la campaña electoral de Peña Nieto y la estatal Petróleos Mexicanos, gobernadores oficialistas y miembros del gabinete presidencial.

En el transcurso de este mes, MCCI utilizó esos expedientes federales como base para redactar más de 60 denuncias penales y administrativas.

El resultado preliminar es que “ya han comenzado algunas investigaciones federales y ninguna demanda ha sido rechazada en las respuestas que hemos recibido de las autoridades”, dijo Carrasco.

La asociación civil sin fines de lucro puntualiza que no abandonará las acciones legales contra las redes de corrupción que cuestan al país, por lo menos un 10 por ciento o 25.000 millones de dólares anuales del presupuesto federal. (Sputnik)

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