Jueza sobreseyó temporalmente investigación por supuestas irregularidades en el Registro Civil
El proceso se suspenderá temporalmente, para que la defensa pueda acceder a toda la evidencia recopilada por el Ministerio Público.
La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Cappello, decidió sobreseer temporalmente la investigación de la Fiscalía Centro Norte, a las supuestas irregularidades detectadas en el Registro Civil.
El argumento esgrimido para que Cappello acogiera la solicitud de la defensa es que el Ministerio Público entregue todos los antecedentes y evidencias recopilados a su contraparte, ya que esto no habría ocurrido, según señalaron los representantes de los acusados a Emol.
En este proceso, el principal inculpado por estafa al fisco y cohecho era el ex director del servicio, Guillermo Arenas.
«Creo que básicamente lo que hubo fue una falta de control por parte de las autoridades superiores y los magistrados, en relación a una investigación que nosotros, desde un principio, dijimos estaba con muchas irregularidades, en ese sentido hay que revisar los procedimientos», explicó su abogado defensor, Alex Caroca.
La investigación temporalmente sobreseída indagaba las supuestas situaciones irregulares en el proceso de licitación para la nueva plataforma tecnológica del Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho proceso se lo adjudicó la empresa india Tata, en 2008, lo cual generó que Arenas y otros funcionarios fueran removidos de sus cargos.
Carla Cappello aseguró a los medios que el proceso estará suspendido hasta que «las defensas tengan un total y completo acceso a toda la prueba recopilada por la Fiscalía durante la investigación (…) la cual debe estar en perfectas condiciones de orden y registro, que asegure también su examen».
Hace unos meses, la fiscalía pidió penas de presidio para el ex-director del organismo, Guillermo Arenas (16 años), otros 7 para Jorge Lobos (jefe de gabinete de Arenas), y cuatro años para Ubaldo Zúñiga (ex-rector de la Universidad de Santiago; mientras que para los ejecutivos de Tata, se solicitaban cuatro años de cárcel.
Durante la audiencia, la magistrada Cappello negó la posibilidad de sobreseer el caso en forma definitiva.