La función pública siempre favoreciendo a los poderosos

cuando las decisiones de las autoridades afectan ciertos intereses de inversionistas apitutados con el poder político, algunas de ellas prefieren que otros se pronuncien primero: ¿Será que estarán haciendo méritos para conseguir pegas en la eventualidad de que el próximo gobierno sea del otro sector político?

Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad

Los lectores informados por la prensa independiente conocen el vergonzoso caso de los cuatro proyectos inmobiliarios emplazados en territorios rurales, definidos como Áreas de Protección Ecológica (APE) en el instrumento normativo denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en las comunas de Colina y Lo Barnechea.

Sus avispados inversionistas, con las manos conductoras de eficientes lobbystas, se las han arreglado para que ninguno de los órganos públicos relacionados con la materia, exijan el cumplimiento de los marcos regulatorios. Algunos denunciantes sostienen que lo anterior es por flojera y otros más perspicaces argumentan que ello se produce por sus sesgos inmobiliarios.

Los gestores de estos proyectos y sus asesores comerciales, con elegantes resquicios interpretativos, convencieron a la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que esos lucrativos proyectos debían ser “autorizados” y que no requerían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El principal falaz argumento de ellos fue que los proyectos no incluyen la construcción de viviendas y que tampoco son loteos, pues solamente se trataría de venta de terrenos, previamente subdivididos, donde los futuros propietarios deberán conseguir las autorizaciones en la institucionalidad para construir sus viviendas.

La Corte Suprema y el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, ya establecieron que esa manera de presentar los proyectos es un mero ardid para desarrollar proyectos habitacionales en áreas rurales sin cumplir la ley.

En nuestro país existen decenas de miles de parcelaciones “de agrado” en terrenos rurales, acogidas subrepticiamente al DL 3.516 del año 1980, cuyas disposiciones se incumplen a vista y paciencia de la casta política, la que nunca ha tenido la voluntad para terminar con el fraude que ha generado millonarias plusvalías privadas al margen de la planificación urbana.

En tal sentido basta que se revise el artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para percibir que tal tolerada práctica es ilegal.

Pero en el sector oriente de la Región Metropolitana de Santiago las autoridades sectoriales tienen miedo de pronunciarse, rechazando como corresponde, esas parcelaciones en tales territorios rurales protegidos además en el PRMS, justificando sus silencios cómplices diciendo sin vergüenza que están a la espera de lo que dictamine la Contraloría General de la República en relación con denuncias ciudadanas por estos 4 proyectos. A esa parsimonia administrativa le llamamos falta de servicio.

Algunas decenas de kilómetros hacia el poniente, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel y nuevamente la Seremi Minvu están aplicando el mismo mecanismo dilatorio. Las irregularidades cometidas por esa DOM son groseras y la seremi no quiere admitirlas, aunque estén en sus propias narices. Ambas instituciones, la municipal y la del gobierno central, para no ir al fondo del asunto, declaran que es necesario esperar a que la Contraloría se pronuncie a pesar de que esta pillería las conocen desde hace más de un año.

Esa función del Minvu sistemáticamente se niega a aplicar el artículo 4° de la LGUC que le entrega atribuciones amplias para “mojarse el potito”, pero no hay caso, mientras tanto, con esa injustificada dilación, el privado es el único ganador.

Las irregularidades en Pudahuel implicarían presuntos delitos cometidos por las empresas inmobiliarias, las que están sancionadas por el artículo 138° de la LGUC y ante esa bochornosa situación y muchas otras irregularidades, el artículo 22° de esa misma ley señala las responsabilidades penales de los funcionarios públicos que entregaron las correspondientes aprobaciones. Frente a esas pillerías el sempiterno alcalde Carrasco y el Seremi Minvu Errázuriz, debieron hace tiempo denunciar el asunto en el Ministerio Público y no quedarse sentados esperando con paciencia musulmana que la Contraloría emita juicios, pues así han permitido más ilegalidades, afectando a terceros.

La normativa en ninguna parte condiciona el ejercicio de las funciones de las municipalidades, Seremi Minvu, SMA y SEA y otras instituciones públicas a que la Contraloría se pronuncie previamente sobre el mismo asunto, menos cuando hay familias que han sido y serán afectadas por la compra de viviendas irregulares, en terrenos donde no podrán edificar viviendas, o frente a la destrucción de áreas bajo protección oficial. ¿O es que la normativa urbanística y ambiental es tan compleja que solo la Contraloría sabe interpretarla conforme a derecho?

No es así queridos lectores, cuando las decisiones de las autoridades afectan ciertos intereses de inversionistas apitutados con el poder político, algunas de ellas prefieren que otros se pronuncien primero: ¿Será que estarán haciendo méritos para conseguir pegas en la eventualidad de que el próximo gobierno sea del otro sector político?

Hasta TVN, canal de todos los chilenos (sic), cayó en las redes de quienes, con la pronta asistencia de la Dirección General de Aguas (DGA), destruyeron el humedal Los Trapenses en la comuna de Lo Barnechea, al censurar una entrevista hecha al alcalde Cristóbal Lira, a las puntudas vecinas Lorena Márquez y Angélica Mozó, quienes han desarrollado múltiples esfuerzos denunciando la devastación, y a este columnista, porque nuestras respuestas a las preguntas del periodista podían perjudicar los intereses de aquellos privados que, para hacer lucrativos negocios, rellenaron con escombros el humedal.

Como vemos, en los sectores oriente y poniente de Santiago hay influyentes gestores inmobiliarios que hasta ahora han logrado que la Administración del Estado no interfiera en sus negocios ilegales, con la única excepción de la Contraloría, cuyo rol es exigir el cumplimento de la ley a todos por igual y por ello hay sujetos y hasta instituciones que la critican. Sin la presencia activa de la Contraloría se multiplicaría por mil la corrupción que se conoce y al respecto recordamos al ocurrente Nicanor Parra cuando afirmaba que en Chile no se respeta ni la Ley de la Selva.

Cuando más adelante la Contraloría se pronuncie, rechazando las malas prácticas y ordenando el apego a la ley, las asociaciones gremiales empresariales y hasta el debilucho Colegio de Arquitectos de Chile, ahora solo comandado por 4 directores apatronados, ya que 7 de ellos se vieron en la necesidad de renunciar al Directorio por divergencias de fondo con la minoría, con expresiones altisonantes manifestará que la Contraloría “está actuando fuera de sus competencias”, lo mismo que dicen los generales de Carabineros que no hicieron bien sus trabajos, con motivo del estallido social de octubre de 2019, monserga que repite como loro hasta el desubicado General Director de esa institución de seguridad pública.

En resumen, gracias a las facilidades que brinda internet y con la existencia de las redes sociales, ahora se están conociendo obsenidades que antes se mantenían en secreto y una vez más reiteramos que respetar la ley es indispensable para que haya progreso y prosperidad, pero la administración del poder ejecutivo todavía no lo entiende. Por último, ojalá se produzca un milagro para que la ingeniosa Oficina GPS del Ministerio de Economía instruya a los inversionistas que tanto protege, en orden a que se pongan serios en las tramitaciones de sus proyectos de inversión.

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