El histórico triunfo de las Universidades Estatales que permitirá la completa renovación de los planteles
Las cosas se encauzaron, gracias a que todos pusieron de su parte. Se instaló una mesa negociadora entre el Consorcio de Universidades Estatales, el Ministerio de Educación, representado por Sally Bendersky, y el Ministerio de Hacienda, representado por el subdirector de la Dirección de Presupuestos, Enrique Paris. En septiembre de 2008, en plena discusión del presupuesto nacional 2009 no estaba considerado el financiamiento del proyecto lo que provocó la indignación de los rectores de las universidades estatales con Hacienda. La ministra Jiménez acercó posiciones y se instaló esa mesa de trabajo.
El camino se pavimentó relativamente rápido: aprobadas las gestiones entre Hacienda, Educación y el Cuech, el proyecto de ley pasaba a la Comisión de Educación de la Cámara y luego su votación en el plenario. Algunas modificaciones y su votación en el plenario del Senado. Votación unánime y consenso máximo respecto de que es necesario hacer modificaciones más profundas a la educación superior.
Finalmente y aprovechando la suma urgencia que había puesto el gobierno al proyecto, el pleno de la cámara baja, aprobó el texto con votación también unánime: 101 a cero.
“El trámite parlamentario fue un trabajo de joyería… ¡de joyería!”, reconocería más tarde Zolezzi.
La promulgación fue histórica. “Es obvio que una norma legal no resuelve por sí sola todas las dificultades que enfrentan las universidades públicas, pero es un paso en la dirección apropiada, que se suma a otras acciones desarrolladas desde el Estado”, dijo una comprometida Michelle Bachelet, quien en su discurso en el acto promulgatorio de la ley, agregó que “con medidas como éstas, con aquellas que iremos definiendo en el futuro en conjunto con las comunidades académicas, lo que buscamos es potenciar y revitalizar la función trascendente de la universidad pública chilena”.
Juan Manuel Zolezzi comparte el concepto de que esta promulgación fue histórica, porque “es primera vez en 28 años que el Estado pone recursos extraordinarios, fuera del presupuesto, con excepción de la Universidad de Chile. Es primera vez que el Estado le entrega plata a sus universidades”.
Hubo gestos decidores. Sonrisas cómplices entre Zolezzi y la Ministra de Educación. La presidenta misma aprovechó la oportunidad “para agradecer la enorme colaboración que, tanto el Consejo de Rectores como el Consorcio de Universidades Estatales, están prestando a esta discusión, así como el valioso aporte de los académicos, estudiantes y no académicos”, mientras el Ministro de Hacienda bromeaba vistosamente con los presentes en el Palacio de La Moneda.
De ahí sólo 7 días para que el Diario Oficial lo hiciera realidad. Ya nada puede pasar que impida que cerca de 4 mil 500 funcionarios y académicos de las universidades estatales del país puedan retirarse dignamente, pero también permitirá, en la segunda lectura, renovar los planteles y lograr que muchos de los doctores que se están especializando en el extranjero, regresen a entregar sus conocimientos en nuestro país, justo cuando muchos de ellos ya reclaman que en Chile no hay espacios para quienes traen la preparación experta. Es decir, se devuelven las mentes pensantes para producir conocimiento en las universidades del Estado. La ecuación es perfecta.