El cuestionado documento que enjuicia a Chile

De acuerdo al documento, el período 2008-2009 registra además numerosos episodios de violencia institucional, producto de detenciones ilegales y hechos de violencia policial en contra de escolares que se manifestaban en protestas callejeras. “Estas detenciones informales, de las que no se deja registro oficial, son una práctica muy preocupante”, señala el documento.

En esta materia, el informe detalla el caso que causó controversia y que fue catalogado como el del primer detenido desaparecido en democracia. Se trata de la desaparición de José Huenante, joven que a la edad de 16 años fue visto por última vez en una patrulla de Carabineros en Puerto Montt, en el año 2005. Tras tres años de búsqueda, sus familiares aún no tienen datos concretos sobre su paradero final, mientras que los tres carabineros involucrados en el hecho fueron dados de baja, acusados del delito de sustracción de menores. A pesar de la constante investigación, el caso, que quiso ser llevado a la Justicia Militar, aún no tiene resolución.

En relación a la situación de vulnerabilidad de los niños en las escuelas, el Informe destaca que se aprobaron importantes reformas legales que deberían mejorar el cuadro, pero aumentaron las denuncias por discriminación de niños con problemas de aprendizaje y de rendimiento escolar. Problemas como la cancelación de matrícula, exclusión de rendir la prueba SIMCE, presiones para medicar a niños diagnosticados con déficit atencional, siguen patentes en nuestra sociedad. “Esto, señala el documento, configura una nueva forma de exclusión, condicionada estructuralmente por las presiones asociadas a los rankings y sistemas nacionales de medición de la calidad del aprendizaje”.

Punto aparte, el tema del trabajo infantil no tolerable sigue siendo una realidad en Chile, como quedó al descubierto dramáticamente con un caso de graves lesiones, presumiblemente por pesticidas, y otro de muerte por una explosión de gas.

DIVERSIDAD SEXUAL

De acuerdo al estudio, las personas con discapacidad ven afectados varios de sus derechos fundamentales en Chile: educación, salud, libre circulación, pero especialmente el derecho al trabajo. Las que tienen trabajo remunerado constituyen un porcentaje bajísimo del total de personas con discapacidad en el país. En cuanto a la discusión de la nueva legislación, se sostiene que ya existe normativa vigente que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 19.284 (actualmente en trámite de modificación), y lo que hay que hacer es aplicarla y velar para que privados y organismos públicos la respeten.

Sin embargo, el Informe revela el desinterés y la falta de preocupación de las autoridades, dando a conocer testimonios de discapacitados a los que nunca les fueron contestados sus correos electrónicos y sus llamadas.

Con relación a las movilizaciones sociales el documento señala que la protesta social, como ejercicio de DDHH, está severamente limitada en Chile. Según detalla, en el último período se presentaron y discutieron proyectos de ley que buscan elevar la responsabilidad civil y criminal de quienes toman parte en protestas. “El ejercicio de los derechos constitucionales se ve aun más limitado por el hecho de que quien investiga –y en escasas oportunidades sanciona– los abusos son las propias instituciones involucradas, como Carabineros, a través de procedimientos informales. Si esas investigaciones no prosperan, corresponde a la justicia militar decidir la cuestión, instancia que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado contraria a los estándares sobre DDHH”, asegura.

En materia de diversidades sexuales, a pesar de un creciente interés por parte de autoridades y líderes de opinión, los derechos de las personas de orientación sexual diversa se mantienen en una precaria situación. El estudio indica que quienes no tienen una orientación heterosexual están expuestos a discriminación social y violencia, tanto física como síquica. El Estado, por su parte, mantiene una postura ambivalente: ante la comunidad internacional, promueve la adopción de nuevos instrumentos a favor de los derechos de minorías sexuales; pero a nivel interno, se advierte un escaso avance de las políticas públicas y un alto grado de desconocimiento respecto de las características propias de cada grupo.

ARAUCANÍA Y CÁRCELES

En el capítulo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, el informe está enmarcado en lo referente a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT y el aumento en la conflictividad social que se vive en la Araucanía.