El cuestionado documento que enjuicia a Chile
El documento detalla críticamente la falta de respuestas adecuadas para enfrentar las demandas de tierra que el pueblo mapuche levanta desde hace años. Concluye, además, que “la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que, a pesar de esperarse lo contrario, con la entrada en vigencia del Convenio no se ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas”.
Por otro lado, en relación al respeto por los derechos humanos de las mujeres, el informe destaca el impulso por parte del Gobierno de Michelle Bachelet por un cambio cultural. “La violencia contra las mujeres ha sido tolerada y muchas veces culturalmente aceptada. Por ello, la incorporación de normas específicas que la sancionen, que se ve reflejado en el Mensaje presidencial 2009, donde la Presidenta de la República se refiere a los cobardes con quienes su Gobierno no ha sido tolerante”, señala el texto.
El 2008 fue un año clave en materia de condiciones carcelarias en Chile. La autoridad, reacia a aceptar las denuncias que durante años venía haciendo la sociedad civil, reconoció por fin la crisis del sistema, tras una serie de informes de instituciones públicas, de huelgas de funcionarios y de la visita de la Relatoría para los Privados de Libertad de la OEA.
Las conclusiones del informe hablan de “una vulneración de derechos, de hacinamiento, tortura, problemas de rehabilitación y problemas específicos del sistema penal para adolescentes, además de la responsabilidad política del ministro de Justicia y de la responsabilidad internacional del Estado chileno”.
En cifras, el informe explica que la población penal alcanzó a 48 mil 998 en 2008 y 53 mil 482 hasta agosto de 2009, lo que arroja un 55 por ciento de sobrepoblación, es decir, más de 17 mil personas fuera de la capacidad real. Según Gendarmería, más de veintitrés centros (de un total de 101) albergan el doble de internos de lo que deberían, e incluso hay recintos donde la sobrepoblación alcanzaría casi el 400 por ciento.
Un punto importante en esta materia, es que las autoridades finalmente reconocieron que en las cárceles chilenas se practica la tortura, cosa que el Centro de Derechos Humanos de la UDP denunciaba desde 2005, y que fue desmentido constantemente. Con estos antecedentes, las miradas apuntan a que se transparenten otros temas y el Estado reconozca si los DDHH siguen siendo o no vulnerados, y si los informes emitidos a los organismos internacionales son realmente reflejo de la sociedad y representan al Chile del Bicentenario.
El informe q anualmente realiza la UDP,entre sus muchas virtudes,tiene el merito de enrostrarnos q las violaciones a los DD.HH. no es una situación exclusiva de las dictaduras.Esta mirada reduccionista impediría pedir su respeto con igual firmeza y convicción en un régimen de «normalidad institucional».De ahí su importancia .Sin embargo,adhiriendo completamente a su contenido,en el especifico tema de la situación mapuche,debería ponerse énfasis también en las violaciones a sus derechos funadmentales q sufren aquellas victimas de la violencia de grupos radicales mapuches o pro mapuches.El grado de terror q ejercen estos grupos minoritarios y una estado de derecho erosionado en la zona,han sido situaciones denunciadas, entre otros, por el Ministerio Público y la fisacalia de la auraucania.