El cuestionado documento que enjuicia a Chile
El caso de la polémica
En Puerto Montt, el 3 de septiembre de 2005, Carabineros detuvo a José Huenante, de dieciséis años, quien desde entonces está desaparecido. Se sabe que el joven se encontraba con unos amigos bebiendo cerveza en la calle, celebrando el pago de una suma importante por un trabajo de limpieza de erizos y que el grupo apedreó a un vehículo policial que pasó por el sector. Dos testigos vieron que José fue subido al radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría. La tía con la que vivía el joven dijo que “él le tenía miedo a los carabineros porque ya le habían pegado otra vez, en la población Vicuña Mackenna; también estaba en la calle con sus amigos. Esa vez les pidieron los documentos y ninguno los andaba trayendo”.
Solo en marzo de 2009, casi cuatro años después de la detención, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante: el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas. Los tres fueron dados de baja de la institución, aunque, según la periodista Alejandra Carmona, han seguido recibiendo sus sueldos.
En declaraciones contradictorias, los policías han negado su participación, y la investigación ha avanzado poco. Se ha constatado la adulteración del libro de detenidos, pues existe un vacío en la justificación del kilometraje del radiopatrullas, y antecedentes de la participación de un segundo radiopatrullas (el 1372).
Tras las formalizaciones, el fiscal Sergio Coronado solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt que la competencia pasara a la justicia militar. La familia de Huenante se opuso y un abogado querellante particular, Luis Correa Bluas, alegó que actos de secuestro, tortura y desaparición forzada no pueden ser considerados actos de servicio. Además, dijo: “Lo grosero de todo esto es que se trata del primer detenido desaparecido en democracia y lo primero que hizo el Ministerio Público es intentar mandarlo a la justicia militar”. Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento y el caso es llevado por la justicia ordinaria.
El informe q anualmente realiza la UDP,entre sus muchas virtudes,tiene el merito de enrostrarnos q las violaciones a los DD.HH. no es una situación exclusiva de las dictaduras.Esta mirada reduccionista impediría pedir su respeto con igual firmeza y convicción en un régimen de «normalidad institucional».De ahí su importancia .Sin embargo,adhiriendo completamente a su contenido,en el especifico tema de la situación mapuche,debería ponerse énfasis también en las violaciones a sus derechos funadmentales q sufren aquellas victimas de la violencia de grupos radicales mapuches o pro mapuches.El grado de terror q ejercen estos grupos minoritarios y una estado de derecho erosionado en la zona,han sido situaciones denunciadas, entre otros, por el Ministerio Público y la fisacalia de la auraucania.