Por qué Argentina no entregó al ex frentista Sergio Galvarino Apablaza en el 2004

«Es como si no existiera ni el Tratado de Montevideo de 1933 (que regula las normas de extradición entre los países que no tienen convenios bilaterales para tramitarla) o como si Argentina no contara con la legislación necesaria para resolver estos casos», explicó otro funcionario.

El empecinamiento chileno por lograr la expulsión «se debió a que en un primer momento el ministro del Interior argentino Aníbal Fernández no descartó esa posibilidad pero cuando analizaron el caso a fondo se dieron cuenta de lo que se trataba». Es que cuando se supo cómo se había concretado la detención de Apablaza con la fallida colaboración del ex agente de la Operación Cóndor, Miguel Angel Furci, acusado por la apropiación ilegal de una hija de detenidos desaparecidos, tanto la prensa argentina como los funcionarios involucrados en el caso comenzaron a mirar la situación con otros ojos. Ya había ocurrido un hecho que había llamado doblemente la atención de los despachos oficiales argentinos: la remoción en los primeros días de diciembre de 2004 del ex prefecto de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), Carlos Tapia, quien fue trasladado a la Prefectura de la Cuarta Región tras concretar la detención de Apablaza Guerra sin informar a los mandos constitucionales.

Ninguno de los consultados niega que las relaciones con Chile en ese momento era “bastante buenas» a pesar de lo «gasificadas que estaban» por los recortes de suministro de fluido que Argentina dispuso en ese invierno a causa de problemas de abastecimiento, pero lo cierto es que en medio de semejante situación «las intervenciones espasmódicas de la UDI para lograr una expulsión a todas luces discutible no sólo sumaron una tensión innecesaria, sino que ensombrecieron el proceso judicial de extradición» y provocaron hasta la sorpresa del fiscal interviniente y del propio juez.

Al parecer, esta percepción no es arbitraria, ya que desde el comienzo de la crisis del gas durante el año 2003, los medios chilenos había sumado una nueva camada de cuidadosos lectores: los propios funcionarios argentinos que seguían con detenimiento las expresiones de todo el arco político chileno y, en especial, de su derecha. «Han dicho cosas que ningún político argentino ha expresado en estas circunstancias, ni siquiera cuando se negaron a extraditar a (el ex presidente Carlos) Menem», señalaron fuentes oficiales a «El Periodista» que no dejaron de recordar que «en esos asuntos de cooperación internacional vamos 1 a 0» porque la Argentina fue «sumamente expedita» entre el 10 y el 12 de marzo de 2004 cuando la Policía Federal detuvo en la localidad bonaerense de Tortuguitas a Paul Schäfer, el nazi pedófilo fundador de la Colonia Dignidad que sirvió al dictador Augusto Pinochet. Según reveló el diario Clarín «al ex nazi se le presentaron dos opciones: o ser extraditado -ya que existía un pedido de captura de Interpol- o ser expulsado por no contar con la documentación necesaria para estar en el país. Las fuentes aseguraron que Schäfer eligió esta última alternativa.»

«Obviamente -acota un asesor jurídico- no se trata de un intercambio de cuerpos, ni de acusados, pero al menos podrían haber dejado a la justicia argentina actuar con tranquilidad sin dejar la sensación a los miembros del gobierno argentino y de su poder legislativo que el caso Apablaza no era más que una preocupación electoral de la UDI y la Concertación». La interpretación no es mañosa, ya que funcionarios chilenos han reconocido a sus pares argentinos que la coincidencia entre el gobierno de Lagos y la derecha en lograr la extradición del «Comandante Salvador» se debe a «recaudos electorales» de cada fuerza política. Un funcionario de la cancillería razonó del siguiente modo: «Apablaza ha estado sobre un vértice de dos puntas compuestas por las dos principales fuerzas políticas. Para la derecha es una razón de fe, pero para la Concertación se trata de una maniobra para evitar perder un electorado de derecha que apoya a Lagos y cuya ausencia en las urnas podría golpear una potencial victoria en las próximas elecciones. Desde la crisis del gas, la relación de la Concertación con el gobierno de Kirchner le ha traído saldos negativos a Lagos y es evidente que con este caso no quieren que les pase lo mismo. Lo que pasa es que Apablaza está en Argentina y no en Chile, o sea que hay una relación bilateral de dos naciones de por medio».

Podría haberse dicho lo mismo en el caso de Menem: un afán electoral por vapulear al ex presidente y de ese modo acumular consensos para un presidente Kirchner que fue elegido por el 22 por ciento de los votos. Pero hay grandes diferencias entre los pedidos de extradición cruzados entre ambos países. Carlos Menem regresó a la Argentina luego de que el juez Norberto Oyarbide revocara a finales de diciembre de 2004 una orden de captura internacional contra el ex presidente que libró en abril porque Menem no se había presentado a declarar en los tribunales argentinos. Luego, «el riojano más famoso» se instaló en Chile con su esposa e hijo y la Justicia santiaguina rechazó el pedido de extradición formulado por Oyarbide. El juez federal procesó a Menem por haber omitido «maliciosamente» en su declaración jurada de bienes una cuenta bancaria secreta que admitió públicamente tener en Suiza con 650 mil dólares, pero eso no era todo: el mismo juez lo quería indagar por su presunto enriquecimiento ilícito. Para quedar libre, Menem tuvo que ofrecer bienes por una suma cercana al millón de dólares y nadie descarta que pueda volver a ser procesado.