Municipio de Recoleta: Los Negocios de la Cripta

Los muertos del Cementerio General deben estar algo alarmados con tanto barullo. Contraloría terminó el sumario que tenía en curso por una serie de irregularidades que se cometieron en ese lugar durante la administración del ex alcalde Cornejo. El Periodista, como viene siendo una tónica, informó sobre estos hechos mucho antes que ellos tomaran dominio público. Vuelve a leer aquí el reportaje publicado en agosto de 2004.

Aún nadie ha vuelto del otro mundo como para estar en condiciones de afirmar que los negocios de ultratumba son más rentables que los de la vida diaria. Exceptuando el Cementerio General, no hay otro lugar en Chile más apropiado para confirmar la regla.

De acuerdo a algunos antecedentes, proporcionados por personas ligadas al camposanto, la Contraloría General de la República estaría pronta a recibir datos que la obligarán a comenzar una investigación respecto de algunas modalidades administrativas del recinto; accionar que estaría infringiendo un conjunto de leyes y disposiciones reglamentarias para el correcto funcionamiento de la necrópolis.

El documento que llegaría hasta las oficinas del organismo fiscalizador señala que tanto el alcalde Gonzalo Cornejo como el director del Cementerio General Tulio Guevara, «han incurrido en grave irregularidad» al elaborar presupuestos municipales considerando ingresos generados en el camposanto, «que constituyen exacciones ilegales e inconstitucionales».

LA DEUDA Y EL DEUDO

Ya había antecedentes de esta necesidad imperiosa del alcalde. A fines del año 2001 el municipio de Recoleta arrojó un déficit presupuestario de 491 millones 522 mil pesos; monto proveniente de un sobreendeudamiento.

Qué había hecho el alcalde: «lisa y llanamente gastó más de lo percibido». Así decía parte del informe elaborado en abril de 2002 por el inspector de las Contraloría Juan Gallegos; funcionario encargado por el ente fiscalizador para investigar el problema ante el requerimiento de algunos concejales opositores al gobierno local. (Ver más en la edición N° 53 de El Periodista).

El organismo estatal no continuó con las indagaciones, y menos pudo sancionar a los responsables. Y tal vez por ello Cornejo se vio libre de trabas para continuar con su esquema de gestión.

El dicho dice que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. En el Cementerio General más valdría decir que no hay deudo que se respete ni muerte que no se venda.

Si no, pasee bajo los umbrosos abetos centenarios, recorra la sombra que arrojan los cipreses añosos sobre el camino, y podrá observar la realidad de la paráfrasis. Criptas ciegas, mausoleos tapiados; recién cubiertos sus umbrales por la argamasa y los ladrillos del albañil y listos para la venta. Moradas finiseculares, ya deshabitadas por los restos que ahora se han arrojado al Patio 29, el de los sin nombre y sin familia, el de los NN.

Visite, por ejemplo, el mausoleo de la familia de Andrés Bello; verifique la remoción de los cuerpos de sus descendientes; pero también certifique el respeto de los enterradores por el polvo del fundador de la Universidad de Chile, el único sobreviviente de la mudanza obligada.

El mausoleo «está en venta», nos informa un funcionario del Cementerio, «el señor Miguel Ángel Errázuriz ya está por venderla».

Pero el misterioso señor Errázuriz -que dice el funcionario anónimo es hermano del empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz- no lo ha hecho; y no porque no quiera: la cruz que domina la edificación desde lo alto, está rota.

Un mausoleo sin cruz baja de precio; todos en este mundo -aunque no se sabe si en el otro- lo sabe. Por eso qué mejor remedio para sustentar la economía del corredor de propiedades de ultratumba que usar la cruz de la familia Guzmán Lyon que, entre las lápidas, los abrojos y los ramilletes de flores secas, aparece intacta. Basta subir y cambiar la estropeada. Negocio redondo. El asunto es quién se hará cargo del pastiche genealógico resultante.

Pero lo importante es que el mausoleo de la familia Guzmán Lyon es el que sirve de ejemplo para sostener la acusación de las irregularidades.

De acuerdo a los documentos, que pronto estarán en la Contraloría, «se `recuperó’ el M° Familia Guzmán Lyon, ubicada en el Patio 27, en la cual se encontraron dos osamentas humanas, las que fueron trasladas al Patio 29».

«Un acto ilegal e inconstitucional, por cuanto se trata de reasignar mausoleos familiares al margen de lo que permite el reglamento contenido en el Decreto N°357 del Ministerio de Salud, del año 1970», define el escrito presentado a la Contraloría, precisando: «Según el artículo 43 sólo vuelven al dominio del cementerio (`recuperados’ dicen los denunciados) aquellos terrenos cuyos títulos daten por más de 50 años y se encuentren abandonados, en los cuales no se registre ninguna sepultación y que no presenten ningún tipo de construcción».

En el caso de la familia Guzmán Lyon «se observa que los denunciados también han infringido el artículo 40 del reglamento», dice el escrito. Esta norma autoriza la exhumación y reducción de los restos, si -y sólo si- si existe la necesidad de demoler total o parcialmente un mausoleo que amenace con derrumbarse. «Mas, en tal caso, los propietarios no pierden su derecho sobre la sepultura y pueden continuar usándola si pagan los gastos de demolición y reparen la tumba».

El abogado Roberto Guzmán Lyon no pudo responder nuestras consultas, pese a la insistencia de este medio para lograrlo. Tal vez no le importe el destino de sus muertos, como quizás tampoco al misterioso autor del corretaje.

La venta y transferencia de sepulturas familiares ha sido una constante en estos últimos años, según la denuncia. «Los presupuesto anuales del municipio han contemplado un porcentaje importante de ingresos por concepto de venta de mausoleos `recuperados’ por el Cementerio, a un valor de terreno fijado en el arancel, más el costo de las construcciones que en ellos se contengan, tasadas por una comisión con el visto bueno del director» del recinto, Tulio Guevara Valle.

El texto señala que no sólo se han infringido las disposiciones señaladas, sino que también se ha hecho con el artículo 30 del Reglamento. Este permite que una tumba sea ocupada por los propietarios fundadores, su cónyuge y descendientes hasta tres generaciones. «Los denunciados han autorizado la venta a otros descendientes (…) aunque su grado de parentesco exceda lo permitido por el reglamento».

Ello sin considerar que muchas de estas edificaciones están bajo la Ley de Patrimonio Nacional. Pero para Cornejo, ¿qué puede importar Andrés Bello? Hay que preocuparse por el futuro y por los problemas reales de la gente.

EL PARTIDO

Y uno de los problemas reales de la gente de Recoleta es la incertidumbre de no saber dónde practicar su deporte favorito: el fútbol.

Si los mausoleos y las criptas, las bóvedas y capillas, se pueden vender; y si las cruces del vía crucis y los ángeles de piedra se pueden echar a volar, por qué no ocupar la necrópolis para el deporte.

Dos millones de espectadores y 86 hectáreas disponibles bien valen un esfuerzo; aunque la hinchada no pague entrada.

Las floristas de la calle Independencia lo saben. No hay domingo, desde el 24 de julio pasado, en que no vean entrar a los jugadores, entrenados y bien dispuestos a ocupar las tres canchas de fútbol y la de futbolito emplazadas en el Cementerio para su solaz dominguero.

Y costaron, junto a las dependencias anexas, un total de 250 millones de pesos; un presupuesto autorizado por el alcalde, y ni siquiera consultado al concejo municipal.

Pero la obra fue hecha, y así lo corrobora un artículo muy entusiasta incluido en la página web del municipio: «Creo que con este nuevo recinto deportivo los recoletanos podrán tener un lugar moderno, confortable y digno, para hacer deporte y compartir con la familia».

Ricardo Leiva es director del área de deportes del Municipio; no consultor ni entendido en leyes. Tal vez por eso no sepa que la instalación de las canchas no está contemplada en el Plan Regulador Metropolitano, ni en el de su comuna. Pero afirma: «las canchas están dentro del Cementerio».

Leiva preside desde hace años el Consejo Local de Deportes, que reúne los clubes deportivos de la liga Chacabuco; la principal beneficiada con la idea del edil.

Al parecer la incompatibilidad de los cargos no le causa mayor inquietud al director de Deportes. Lo primero es solucionar los problemas reales de la gente. Por ello quizás fue uno de los más entusiastas en la inauguración del 24 de julio.

La página web del municipio no permite imaginar lo contrario: «Quiero contarles -tutea Leiva- que el deporte es una de las prioridades de la gestión del alcalde (…) ya que incentivar una vida sana, basada en la actividad física, mejora la calidad de vida de los vecinos».

Desde luego no se refería a los dos millones de hinchas que yacen en las tumbas.

SANCIONES

Los cargos que debieron enfrentar los funcionarios del cementerio general fueron:

Enajenación y venta ilegal de sepulturas perpetuas.

Realización de obras sin la autorización del Seremi de Salud.

Fueron investigados Tulio Guevara Valle, Director del Cementerio General, cargo de confianza de Alcaldesa; Alicia Sánchez Contreras, Jefa Departamento de Operaciones del Cementerio General, carrera funcionaria 28 años; Jaime Díaz Moya, Jefe Departamento Técnico del Cementerio General; Jorge López Pinochet, Asesor Jurídico del Cementerio General. Fueron absueltos Alicia Sánchez y Jorge López. Encontrados culpables resultaron Tulio Guevara y Jaime Díaz. La alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, tendrá que decidir el destino de los funcionarios inculpados.