Navarro acusa de "ilegalidad y falta a la probidad" a ex director de Onemi y a su reemplazante
El senador del MAS dio a conocer lo que calificó como “nuevo escándalo” la no licitación y cierta contratación directa en la que participó la primera autoridad de la ONEMI, Benjamín Chacana, para suscribir la adquisición de un Taller de Fortalecimiento de Equipo, llevado a cabo en la comuna de Huechuraba el 23 de agosto de 2011, por un monto de más de dos millones de pesos.
“Tengo en mis manos documentos, entre ellos un correo electrónico que prueba fehacientemente que el actual director de la Onemi, Benjamín Chacana, su antecesor, Vicente Núñez, y un par de funcionarios del organismo han faltado a la legalidad y probidad en un proceso de licitación, pues se benefició directamente a una empresa, la consultora de capacitación organizacional Cahuala Ltda. y para ello hubo un acuerdo previo, hecho que son conocidos ahora en Contraloría”, afirmó el senador Alejandro Navarro.
A juicio del parlamentario del MAS, “el director de la Onemi, Benjamín Chacana, no está habilitado para seguir un segundo más en su cargo”. Navarro argumentó que es así, pues “existe un correo electrónico en el cual Ángela Lira Meza, Asesora de Desarrollo Organizacional de la ONEMI, le dice a Fernando Silva, profesional de la ONEMI, encargarse sobre ‘el tema de las bases’ y de asegurarse de que la licitación ‘se adjudique a Cahuala’, y le solicita “chequear” que las bases de licitación se suban al portal de ChileCompra, y que los funcionarios de Cahuala estén al tanto de ello para que postulen y ganen, iba con copia a Benjamín Chacana, actualmente Director nacional de ONEMI”.
Ante esto, Navarro sostuvo que “Chacana no denunció esta irregularidad, por lo que vulneró los deberes de su cargo, más aún, cuando pese a saber la ilegalidad de la medida, firmó la factura, el recibo de la misma y la solicitud de adquisición de los servicios cuestionados”.
“Nos parece necesario y sumo urgente que Contraloría se pronuncie por estos antecedentes y correos electrónicos, que cuestionan la probidad de los funcionarios implicados en ellos y la eventual asignación ilegal de la licitación que se menciona ahí”, dijo Navarro.
Además, puntualizó que “nos hemos basados en el principio de legalidad y, a su vez, en el de probidad que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que claramente aquí a nuestro entender se violan diversas normas, comenzando por el hecho de que un funcionario ordene a otro confeccionar bases con el objetivo específico de que las gane uno de los ponentes o un único oferente, o elaborar estratagemas para eludir la ley y los sistemas de concurso, no parece ser un medio idóneo tal como lo pide la ley. No nos parece razonable la asignación predeterminada de recursos a un ponente, mediante un concurso o asignación colusorias”, destacó el Senador.
Según el congresista, “solicitamos que en caso de que hubiese pérdida fiscal, que Contraloría se convierta en juez de cuentas, para que a través del denominado Juicio de Cuentas, los funcionarios públicos implicados en este caso restituyan los dineros. Paralelamente, si se concluye que en el caso concreto se ha cometido el delito de Fraude al Fisco, solicitamos con el respaldo de Contraloría que el Consejo de Defensa del Estado presente las acciones criminales contra quienes resulten responsables”, anunció.