Corte de Coyhaique rechaza amparo de director de TV de Aysén y justifica incautación de videos sin editar
El máximo tribunal regional sostuvo que la acción de la PDI, que pretendía incautar los videos sin editar de las manifestaciones en la undécima región, se enmarcó en la legalidad dispuesta en la Ley de Seguridad del Estado invocada por el gobierno hace un mes.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó en forma unánime la presentación del abogado Rubén Jerez, auspiciada por el senador Alejandro Navarro, que pretendía proteger al periodista aysenino, Samuel Chong Rivera, al que la Policía de Investigaciones exigió que entregara los videos sin editar de las tomas registradas en la zona durante las protestas convocadas por el Movimiento Social de Aysén.
La PDI, al justificar su acción en las oficinas del canal 40 de Aysén, donde Chong es el director, sostuvo que “en la causa RUC 1210007743, el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, por Oficio N° 517/2012 de 19 de marzo de 2012, remitió orden de investigar por Infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, para practicar diligencias, sugiriendo pedir a los medios de comunicación copias de las publicaciones o registros de audio en relación a las conductas descritas en la querella y propone cualquier otra diligencia. En cumplimiento de dicho oficio, el Subcomisario José Astudillo Quinteros pidió al Canal Regional, Canal 40, copias de audio, imágenes y videos sin editar de las protestas desde el 14 de febrero de 2012”.
Los recurrentes Jerez y Navarro, quienes actuaron a favor de Chong, habían señalado en sus escrito que “funcionarios de civil, y sin identificación, asignándose la calidad de detectives, procedieron a buscar al amparado, el día de ayer (28 de marzo de 2012) y en su casa, con la aparente intención de detenerlo y sustraerle videos de las convocatorias sociales efectuadas en la zona, con la finalidad de perseguir a los dirigentes regionales”.
Según la PDI, ello no fue así, porque “el oficio lo recibió el Director del Canal 40, el amparado, en horas de la tarde del 28 de marzo de 2012, en su domicilio, estampando de su puño y letra ‘recibí conforme’. La diligencia la hizo el Subcomisario Robinson López Lucero, quien le exhibió su placa de servicio y tarjeta de identificación policial, y fue en el vehículo corporativo institucional, frente a su domicilio”.
Para la Corte de Coyhaique, entonces, no existe en la acción de la PDI “un acto ilegal” o “arbitrario” que ameriten “la adopción de medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, desde que dicho actuar emana de una orden de investigar, por Infracción a la Ley de Seguridad del Estado, en causa legalmente incoada, RUC 1210007743-2, del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, y dispuesta por el Fiscal Adjunto jefe de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, don Luis Contreras Alfaro, esto es, por autoridad competente, para ser cumplida por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Investigación Criminal y, consiguientemente, el actuar de la recurrida se ha ajustado a las facultades que dispone la ley y, por tanto, desarrollada dentro del ámbito del derecho, y consecuentemente las garantías constitucionales que se estiman vulneradas por el recurso, entonces, no pueden prosperar y el mismo deberá ser desestimado”.
Los ministros Sergio Mora Vallejos, presidente de la sala, así como Alicia Araneda y Luis Daniel Sepúlveda, rechazaron entonces el amparo preventivo cuyo objetivo, según el abogado Jerez, era impedir que las cintas de video sin editar, especialmente las imágenes que fueron tomadas el día en que se quemaron un autobús y un carro lanza aguas de Carabineros, se convirtieran en pruebas contra los manifestantes de Aysén.
Tal situación había sido alertada por la entidad internacional Reporteros sin Fronteras quien sostuvo ayer, en una declaración publica emanada en Francia, que “esta manera de proceder no sólo viola el secreto profesional, del que Samuel Chong Rivera puede valerse, al igual que todos sus colegas, sino que también intenta establecer un dispositivo que busca convertir a los periodistas en auxiliares de las fuerzas del orden”.