Ley Reservada del Cobre: "letra chica" favorece a FFAA

Aunque el avance hacia la derogación de la Ley ha sido celebrado, el proyecto que le reemplazará, que será visto por el Senado, asegura a las FFAA un monto anual de 480 millones de dólares, exclusivo y casi intocable para financiar sus compras de material bélico. Salvo contadas excepciones, la Concertación fue superficial y poco crítica en el debate, defendiendo muy débilmente los objetivos de democratización y transparencia que enarboló antes en este tema, y entregando sus votos a cambio de pequeñas mejoras.

Por Equipo El Periodista

El 13 de junio pasado la Cámara de Diputados aprobó y despachó hacia el Senado el proyecto de ley para derogar la Ley Nº 13.196 Reservada del Cobre (LRC) que le entrega a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de las ventas de Codelco para compras de armamentos y pertrechos.

La iniciativa (mensaje presidencial Nº 053-359) ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de mayo de 2011 con el objeto de establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y consistía en una reforma a la Ley Nº 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, reemplazando su título VI.

La normativa aprobada establece un financiamiento de actividades generales de las Fuerzas Armadas y otro de capacidades estratégicas de la defensa. Para la primera se mantiene el financiamiento anual en la Ley de Presupuestos de la Nación; mientras que para la segunda se crea un sistema compuesto por un presupuesto a cuatro años y un fondo de contingencia. La partida de cuatro años financiará tanto las inversiones de armamento y su infraestructura asociada, como la operación y mantención de esas compras. El piso presupuestario quedó establecido en el proyecto en un 70 por ciento del promedio de gasto de los últimos diez años.

La discusión para aprobarla se prolongó por dos días y en la votación en sala de la Cámara hicieron uso de la palabra 23 diputados. Los de gobierno para respaldar el proyecto íntegramente y los de oposición para cuestionarlo, aunque consideraban un avance derogar la Ley Reservada del Cobre. Lo concreto es que, más allá de la retórica, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría (107 votos a favor y ninguno en contra, en lo general, y más de 90 votos a favor como promedio cuando se votó en particular, es decir, por artículo) lo que demuestra que la Concertación no tenía una estrategia de conjunto para oponerse a la reforma impulsada desde La Moneda.

“Esta votación refleja que la Cámara de Diputados ha sido fiel a una tradición que la honra como es que en materia de Defensa y de Relaciones Exteriores todas las materias se abordan con un criterio de Estado, separando absolutamente los aspectos contingentes y de coyuntura y buscando siempre los mayores grados de consenso posible”, comentó satisfecho, tras la aprobación de su proyecto de ley, el ministro de Defensa Andrés Allamand.

Un día antes, el propio ministro había dado su palabra de que no estaba en los planes de La Moneda “privatizar Codelco”, ya que se sabe que, al derogarse la Ley Reservada del Cobre, habrá otro obstáculo menos para vender la cuprífera estatal (los otros son que se requiere una reforma constitucional, un cambio a la Ley Minera y, posiblemente, una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras).

Entre los argumentos en contra del proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera los más elaborados fueron los del diputado DC, Ricardo Rincón, y del diputado PS, Marcelo Schilling. Rincón aludió, entre otras cosas, a los trastornos que puede generar a la planificación de las compras de armas y pertrechos el detalle de que se puedan hacer compras de oportunidad con cargo al fondo de contingencia estratégico. “Con esto hemos aprobado un fondo de contingencia para compra de armas en ventas de oportunidad. Con ello, usted va a poder adelantar diez, ocho, siete años la compra de armamento que la estrategia planifique se haga en otra época y generamos un incremental de gasto que no asume los problemas de fondo de la defensa”, sentenció Rincón.

Por su parte, Schilling puso el acento en que la creación de presupuestos plurianuales sería inconstitucional. “Se establece un fondo de contingencia para las emergencias y se le establece una duración de cuatro años, cuando Chile se ha movilizado durante dos años demandando mejor trato a las regiones, mejor educación y más salud. Nosotros pedíamos el mismo trato para todos los sectores. De todas formas, la plurianualidad parece tener problemas de constitucionalidad y nosotros ya dejamos establecido que hacíamos reserva de constitucionalidad para llevar la cuestión al Tribunal Constitucional”, dijo Schilling.

Pero pese a los resquemores de algunos diputados de la Concertación, la mayoría de estos quedó conforme con el proyecto básicamente por tres razones:

1. Se consiguió consignar en el artículo 99 que el piso establecido puede ser reducido por cada Presidente de la República en el primer año de su mandato, abriéndolo a la transitoriedad, a diferencia de lo que establecía el proyecto originalmente que era un piso presupuestario permanente (revisar artículos 98 y 99 del proyecto despachado al Senado).

2. Se eliminó del texto la referencia a la Ley Reservada del Cobre como modelo de cálculo para la base presupuestaria y se dejó establecido que los cálculos para la base del presupuesto serán hechos a partir de los gastos que Chile está obligado a informar al Consejo Sudamericano de Defensa (de UNASUR) y no como venía en la propuesta del gobierno que era un porcentaje de lo que arrojaba la ley Nº 13.196 en los últimos años. En la discusión parlamentaria se dijo que serían unos 489 millones de dólares los que se entregarían anualmente a las Fuerzas Armadas para compras de armas, pertrechos y mantenimiento de ambos, pero se sospecha que, una vez que se transparenten las cifras, el presupuesto podría llegar a 700 millones de dólares (revisar artículos 101, 102 y 103). Lo anterior sin considerar los 3 mil millones de dólares ya acumulados gracias a la Ley Reservada del Cobre y que serán traspasados al nuevo fondo de contingencia estratégico.

3. El otro de los ítems en que los concertacionistas ven un triunfo es que se diseñó un sistema de control, con participación del Congreso Nacional y de la Contraloría, en que se tendería a evitar los riesgos de corrupción en las compras a las que ha dado origen la nula transparencia de la legislación vigente y de la Ley Reservada del Cobre (revisar artículos 104 y 105).

Si el Senado aprueba el proyecto dentro de este año y el gobierno alcanza a publicarla durante 2012, la nueva ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2013 si es que se mantiene lo que indica una de sus disposiciones transitorias. Pero más allá de las buenas intenciones, no se sabe cómo funcionará en la realidad una vez implementada esta legislación que incluso habla de presupuestos plurianuales, una modalidad inexistente en la administración pública chilena.

De todas maneras, como se trata de una ley que modifica a otra de quórum orgánico constitucional tendrá que pasar por el control del Tribunal Constitucional, donde podría ocurrir que se objetara el carácter plurianual de los presupuestos que sanciona.

RECUADRO 1

¿Por qué derogar la Ley Reservada del Cobre?

Si se tuviera que precisar por qué se debía acabar con la Ley Reservada del Cobre (Nº 13.194), a la luz del proyecto de ley que se despachó al Senado, los argumentos que cruzan el espectro político son los siguientes:

Un informe de la OECD de 2004 califica como altamente inapropiado el sistema de aportes directos de Codelco (10%) al presupuesto militar y a la falta de transparencia para saber cómo se gasta.

El 10% de las ventas al exterior de Codelco que reciben las Fuerzas Armadas con el objeto de financiar sus compras militares no está sujeto a las normas de endeudamiento público y no se entrega información sobre la deuda.

Los recursos tampoco se someten a la discusión en el Congreso Nacional y éste tampoco examina las inversiones en equipamiento militar.

La Contraloría examina las cuentas del sector, pero no se pronuncia sobre ellas. Esto porque hay una generalización de las normas del secreto y de la reserva las que no favorecen los principios de transparencia y acceso a la información.

La fuente de financiamiento a través de un impuesto sobre las ventas externas de cobre y sus subproductos acentúa el divorcio existente entre las necesidades de la Defensa y se puede terminar gastando más (o menos) de lo que se requiere de acuerdo con las prioridades de política y las estrategias sectoriales.

RECUADRO 2

La molestia de Velasco

Al momento de aprobar el proyecto que envió el Gobierno para financiar las capacidades estratégicas de la defensa, pocos se acordaron de que en el 2009 Michelle Bachelet remitió una iniciativa legal al Congreso con el mismo objetivo. Entre esos pocos estuvo el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien en cuanto se enteró de la aprobación, mandó una carta al Senado para resaltar que la propuesta de la ex mandataria era mejor y diferente que lo aprobado, no similar como lo sostenían otros concertacionistas.

“El proyecto de Andrés Allamand establece un presupuesto cuatrienal para capacidades estratégicas de la defensa; el de Michelle Bachelet establecía la planificación cuatrianual con un presupuesto anual. Las diferencias son significativas. En el proyecto de Allamand se produce un tratamiento especial en relación a los demás gastos de la Nación. No existe justificación para tal beneficio. Ningún gasto social tiene un tratamiento presupuestario de más de un año. ¿Por qué esta primacía del gasto militar sobre el gasto social?”, escribió Velasco.

El presidenciable repara en que “el proyecto de Allamand mantiene el privilegio de las FFAA de contar con un piso para su gasto corriente y añade un piso para el gasto en capacidades estratégicas de la defensa. Por contraste, el proyecto de la administración Bachelet sólo contemplaba el piso actualmente vigente para los gastos reservados.

Cabe destacar que el proyecto de ley del último gobierno de la Concertación establecía “la rendición de cuentas directamente al Contralor en materia de gastos reservados, justificando gastos fundamentales; declaración jurada de gastos con respecto a fines previstos; Contralor entrega examen a Presidente de la República en forma secreta y señalando su opinión sobre la destinación de los recursos”.

“Ambos proyectos contemplaban la creación de un fondo de contingencia (…) pero el de Allamand establece que el fondo puede ser utilizado para financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de operación y sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten seguridad del país; financiar el material bélico e infraestructura asociada, destruidos o severamente dañados a consecuencia de catástrofes naturales y anticipar la compra de material bélico para aprovechar condiciones de mercado. Es decir, le otorga una flexibilidad presupuestaria a las FFAA que ningún componente del gasto social en Chile tiene”, aseguró Velasco.