Izquierda Autónoma propone al FA ocho puntos para eventual acuerdo de segunda vuelta con la Nueva Mayoría
Izquierda Autónoma, una de las 13 organizaciones del Frente Amplio, le entregó a esta coalición un documento con ocho puntos para debatir un eventual acuerdo con la Nueva Mayoría en miras a que Beatriz Sánchez llegue o no a segunda vuelta, con la idea de interpelar a esos partidos sobre sus compromisos con las demandas sociales.
El texto plantea que el Frente Amplio «tiene la responsabilidad de profundizar el ciclo de enfrentamiento a la hegemonía neoliberal» y que «no puede renunciar a influir en el resultado de una segunda vuelta en caso de no pasar, ni dejar de convocar al electorado Nueva Mayoría en caso de conseguirlo».
Por ello, proponen que el bloque abra un diálogo con Alejandro Guillier y la Nueva Mayoría «para comprometerlos con reformas orientadas a garantizar aquellos derechos sociales hoy arrebatados por el mercado, avanzar en desmantelar el Estado subsidiario heredado de la dictadura, y sentar las bases de una democratización de la política».
El coordinador de Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa, explica que el bloque emergente «tiene la responsabilidad de defender las banderas por las que hemos luchado en las calles por tantos años, tanto de la contraofensiva empresarial que encarna Sebastián Piñera, como de la ambigüedad de una Nueva Mayoría cuyas indefiniciones han puesto en riesgo las reformas que Chile necesita».
La propuesta consta de cinco puntos programáticos: educación pública (expandirla y mejorar las condiciones de los profesores), seguridad social (eliminar las AFP y garantizar la negociación colectiva ramal), salud pública (frenar el traspaso de recursos al sector privado y crear un Seguro Único de Salud), derechos sexuales (garantizar posnatal y sala cuna, y legalizar el aborto) y Derechos Humanos (cerrar Punta Peuco y dialogar con el Pueblo Mapuche).
Además, contempla tres compromisos de democratización política: fin a la puerta giratoria (no designar autoridades que hayan dirigido empresas ligadas al negocio de los derechos y bienes estratégicos), derogación de leyes ilegítimas (como la Ley de Pesca) y participación social en reformas (que los movimientos sociales tengan participación vinculante en las políticas públicas).
«Las palabras no bastan y la Concertación no ha respetado ningún acuerdo de segunda vuelta antes, por lo que planteamos que el próximo gobierno ceda poder a los movimientos sociales para que tengan participación vinculante en el diseño e implementación de las reformas y levante un muro contra la influencia empresarial», dice Figueroa sobre este último punto.
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