Renovación de mandos militares: las preferencias de Bachelet
La Presidenta Michelle Bachelet finalmente confirmó la selección del general de división Ricardo Martínez Menanteau, como nuevo comandante en jefe del Ejército, tras haberlo anticipado al aplicarle la Ley Canessa, para que no tuviese que acogerse a retiro a fines de año.
Por Equipo EP
Martínez, quien actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército, sucederá al actual jefe del esa institución, general Humberto Oviedo Arriagada, a partir del próximo 9 de marzo del 2018.
La aplicación de la Ley Canessa, heredada de la dictadura militar, ya había liberado a Martínez de la obligación de acogerse a retiro el próximo 1 de enero, que así lo impone en el caso de los oficiales que completen 40 años de servicio.
El mismo mecanismo ha sido también aplicado por Bachelet en el caso de los generales de aviación Lorenzo Villalón del Fierro y Arturo Merino Núñez de la Fuerza Aérea, que pese a haber completado 40 años de servicio también podrán seguir en funciones después del próximo 31 de diciembre.
Ambos oficiales podrán así estar dentro de la quina de mayores antigüedades institucionales, desde donde el gobierno de turno deberá seleccionar al oficial superior que en noviembre del 2018 reemplazará al actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Robles Mella.
Mientras Merino –quien es hijo del creador de la Fuerza Aérea, general Arturo Merino Benítez- se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Villalón es el jefe del Estado Mayor General de la institución aérea.
En círculos cercanos a La Moneda y Defensa se habla mucho de las preferencias de Bachelet por Martínez y Merino. Ellas tendrían su origen en la buena disposición que ambos oficiales tuvieron, en el 2015, en favor del despliegue de fuerzas chilenas junto a la misión de Naciones Unidades en República Centro-Africana (MINURCA).
La decisión de integrar MINURCA, hoy en proceso de implementación en primera fase con el envío de observadores, pasó por la cancelación del envío de una fragata, comprometida con la Unión Europea, para unirse a tareas antipiratería en el Océano Indico.
La suspensión del despliegue en el Indico molestó en la Armada, que sin embargo no pudo oponerse, porque la idea de sumar fuerzas a la MINURCA contaba con el respaldo del EMCO, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de La Moneda y la Cancillería.
La decisión de sumar a Chile a la MINURCA habría incidido decisivamente, según algunos observadores, en la invitación que la ONU hizo para que Bachelet se sume a sus equipos de resolución de conflictos, tras concluir su periodo de gobierno.
En el caso del general Villalón, junto con darle la posibilidad de ser una de las opciones para comandar a la Fuerza Aérea desde noviembre, Bachelet también ha querido que ese oficial continúe manejando el proyecto de compra de un nuevo satélite de observación terrena.
El gobierno espera formalizar la adquisición del satélite, que reemplazará al actual FASat-Charlie destinado a usos civiles y militares, en una operación cuyo costo podría alcanzar a 200 millones de dólares, que se financiarían a través de la Ley del Cobre, antes de que concluya el actual periodo presidencial.