Objeción de médicos a practicar abortos es "lamentable", dice senador Quinteros
Es lamentable la situación que se está dando en Osorno, donde el cien por cien de los médicos obstetras de la salud pública rechazan practicar abortos en casos de violación, dijo el senador PS Rabindranath Quinteros.
«Resulta lamentable que, en casos como el de Osorno, el sistema de salud pública no esté en condiciones de ofrecer la atención que por ley se ha consagrado en casos de violación», afirmó el senador socialista.
Este viernes el diario El Austral Osorno reveló que los 16 obstetras que trabajan en las instituciones públicas sanitarias de Osorno se niegan a interrumpir los embarazos producto de una violación, por lo que las mujeres víctimas de este delito que quieren abortar deben viajar más de 100 kilómetros hasta la ciudad de Puerto Montt.
«El aborto en tres causales es una conquista en los derechos de las mujeres; asumimos que desde el sector privado de salud podría haber grados de rechazo, pero nadie previó que en el sistema público la objeción se diera en estos niveles», criticó.
La ley de aborto fue promulgada en 2017 y permite interrumpir el embarazo en tres instancias: cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto tiene malformaciones que lo hacen inviable o cuando el embarazo es producto de una violación.
Sin embargo, la norma permite que los médicos puedan invocar una «objeción de conciencia» para no practicar abortos en alguna de las causales, o en todas.
GARANTIZAR ATENCIÓN
En Osorno un obstetra objetó por la causal de inviabilidad fetal, cinco lo hicieron por la causal de peligro de la madre y los 16 rechazaron practicar abortos en caso de violación.
«Entiendo que los médicos están en su derecho de acogerse a la objeción personal de conciencia, pero aquí la obligación del sistema de salud pública es la de garantizar la atención», señaló.
El senador sostuvo que «ya es bastante doloroso para las mujeres ser víctimas de violación, someterse a los trámites judiciales y, además, tener que trasladarse a otra ciudad para acceder a una atención sanitaria tan delicada como la interrupción de un embarazo».
«Es una situación totalmente injusta», agregó.
Quinteros dijo que las autoridades de salud deberían vigilar que «en la red de asistencia pública exista la capacidad para realizar estos procedimientos».
«Este no es un tema de convicciones personales de los médicos, sino de cumplir con todas las prácticas y procedimientos que exigen las normas de salud pública», finalizó. (Sputnik)
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