Violencia policial contra niños mapuche: La herida oculta del conflicto

La zona roja

De los 9 mil habitantes que viven en Ercilla, la mitad se declaró mapuche (censo 2002), donde los menores alcanzan el 33% de la población en una comuna considerada como “zona roja”, producto de la cantidad de enfrentamientos violentos ocurridos. Según los indicadores de vulnerabilidad que aparecen en el informe Índice Infancia y Adolescencia elaborado por el Ministerio de Planificación (2009) a partir de las variables Salud, Educación, Habitabilidad e Ingresos, Ercilla ocupa el lugar 28 de las 32 comunas de La Araucanía y uno de los últimos a nivel nacional.

A un costado de esta comuna, a metros de la ruta 5 Sur, la localidad de Pidima ha sabido de atentados incendiarios y ocupaciones a fundos como Poluco-Pidenco, La Romana y Alaska, por parte de mapuches violentistas de comunidades vecinas como la de Temucuicui e Ignacio Quiepul, entre otras, que los reclaman y han obligado a agricultores como Urban a excavar zanjas de dos metros de profundidad para frenar las tomas y el abigeato.

Fue este clima el que llevó a los profesionales del Servicio de Psiquiatría y Programa de Salud Mapuche del Hospital de Angol, a intervenir la Comunidad Cacique José Guiñón, para investigar denuncias por daños físicos y psicológicos que sufrían los niños por hechos de violencia (allanamientos en especial).

Juan Toro Manquel (35) pertenece a esta comunidad y lo vivió muy de cerca. Tiene dos hijos y trabaja esporádicamente en carpintería. Según cuenta, “desde que vino la Rosita (la psicóloga) ya no ha vuelto nadie más, ni del Sename, ni de ningún lado; si eso acá ni se conoce. Mis hijos tienen miedo a Carabineros, porque en la madrugada e incluso de día, pasan por el camino disparando al aire o se ponen afuera de mi casa a hacer lo mismo. Mis niños se esconden bajo la cama. Mi casa ha sido allanada varias veces con ellos dentro y no les importó nada, ni que mi mujer estuviera con mi hijo de 2 años acostada, todo porque frente a mi sitio quemaron un camión forestal. Ahora él tiene 4 años ¿y sabes lo que me pidió de regalo? Una pistola para matar a un Carabinero”.

Tal reacción se repite en menores mapuche de la comunidad, como en los que asisten a la Escuela Básica San Ramón, donde según el profesor Gabriel Anríquez, en mayo pasado Carabineros irrumpió sin previo aviso en la sala de clases argumentando que era para marcar presencia. “Quizá por esto, es que en la escuela no se celebra el Día del Carabinero, con un acto y la canción institucional. Acá no pasa de una simple efeméride; se menciona y listo. Es como un día normal de clases”, relata Anríquez.

Cuando estalló el caso Poluco-Pidenco, esta comunidad fue allanada sistemáticamente por la policía que persiguió la cabeza del lonko José Cariqueo, condenado a 6 años de presidio por incendio terrorista. “Carabineros entraba sin orden judicial, destrozando la casa, buscando supuestas armas que eran hachas y azadones. A la Machi Adriana Loncomilla -mi actual esposa- le rompieron su kultrún y se reían”, cuenta el lonko.

El hecho más violento ocurrió para el We Tripantu del año pasado, cuando el silencio de la noche se rompió por la entrada de los efectivos. “Le fracturaron la mandíbula a mi hijastro (J.M.L. 15 años) con un golpe de culata y lo balearon, llevándoselo detenido por daño a armamento fiscal. Al ver cómo sufrían mis niños, decidí emprender una lucha por la vía judicial y hoy exijo la devolución de 15 mil hectáreas de terreno para mi comunidad”, relata Cariqueo.

Frente a este escenario, el Mideplan coordina programas que buscan establecer redes con diferentes sectores e instituciones, explica la Seremi de La Araucanía, María Teresa Aqueveque, quien asegura estar conciente de la problemática que viven los menores expuestos a la violencia. “Creo que negar el tema es ponerse ciego, pues cualquier situación de violencia afecta a los niños, al igual como cuando un niño ve a su hermano o algún pariente encapuchado tirando piedras”. La Seremi cuenta que se realizó una alianza con UNICEF para que junto a los servicios del Estado presentes en Ercilla se establezcan espacios de paz, “y así proveer con regularidad una oferta protectora de los derechos de los niños”, sostiene.

Al tanto de la violencia ejercida en los allanamientos policiales, Aqueveque explica: “desde el año pasado hay un convenio entre UNICEF y la Subsecretaría de Carabineros para capacitar con más de 34 talleres a los efectivos encargados de los allanamientos, de manera que tengan presente en su actuar -como directriz de la Subsecretaría- preservar los derechos de los niños”.

Ante las acusaciones sobre el violento accionar del GOPE en los allanamientos, principalmente, la Novena Zona Policial de Carabineros a cargo del recién removido general Cristián Llévenes, declinó referirse al tema, argumentando que los antecedentes están en manos de los tribunales. Mientras que el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, a raíz de los últimos acontecimientos, ha dicho a la prensa que no aceptará situaciones que vayan en contra de la normativa de la legalidad.