Violencia policial contra niños mapuche: La herida oculta del conflicto

Miedo a denunciar

“En los allanamientos, las personas son víctimas de agentes del Estado (Carabineros), ante los cuales deben denunciar los abusos, pero no se atreven a hacerlo. Además se da que las autoridades regionales son cómplices silenciosos frente a esto, lo que provoca desconfianza”, explica el abogado Madariaga.

Desconfianza que siente Waikilaf Cadín (27), hijo de la emblemática lonko Juana Calfunao, quien creció en medio de abusos y violencia luchando junto a su madre por la recuperación del territorio ancestral. “Frente a la acción violentista de ciertos grupos mapuche por la reivindicación de tierras, es justificable la represión de Carabineros, pero no la persecución judicial que debemos enfrentar los mapuche al ser procesados en tribunales de la fiscalía militar, en un proceso irregular que no llega a nada y termina siempre por sobreseerse”, dijo Cadín, quien se encuentra recluido en la cárcel de Angol por agresión a un fiscal.

En libertad, mientras se discutía su condena, Waikilaf dice haber sido allanado ilegalmente en reiteradas ocasiones en su casa de la población Amanecer de Temuco, “reventaban puertas y ventanas sólo para saber qué hacía, si me estaba comunicando con grupos en el extranjero”, contó, lo que trajo a su mente recuerdos de su violenta infancia en la Comunidad Juan Paillalef de Cunco.

“Cuando iba Carabineros a allanarnos, yo fingía jugar con ellos para que mi hermanita no se diera cuenta de lo que ocurría, pero después la violencia fue tan grave que no pude hacerlo, entonces escondíamos a la Relmutray en un hoyo en el patio trasero para que no la dañaran. Al final, optamos por mandarla asilada a Suiza, porque la situación se hizo insoportable”, dice.

Invasión que critica el también abanderado del partido mapuche Wallmapuwen por Lautaro en las pasadas elecciones municipales, Luis Penchuleo. “En los allanamientos Carabineros actúa en la impunidad, porque por lo inesperado de la acción no hay prensa que cubra el allanamiento y luego se entra en el juego de contrastar su “versión oficial” versus la nuestra, en que la ley les favorece. Lo que no ocurre cuando se allana el Hogar Estudiantil Mapuche en Temuco, donde los vecinos son testigos claves que intimidan a la policía”.

En Ercilla no hay juzgados, y en comunas aledañas como en el de Garantía de Victoria, de Collipulli o en el de Lautaro, no hay denuncias por vulneración de derechos de los niños mapuche a raíz del conflicto.

La coordinadora de la Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD Malleco Sur, emplazada en Collipulli y a cargo de Ercilla y Victoria), Helen Ortega, explica que en un clima de tensión se hace difícil protegerles, pues se requiere de “la disposición de las familias a participar en los procesos de intervención”. Las mismas que por la lejanía de las comunidades donde viven y los costos del pasaje, no acuden a denunciar, acción que la OPD tampoco ha realizado “ya que los Tribunales de Familia acogen las Medidas de Protección sólo si existe vulneración grave de derechos”, dice Ortega, quien alega que desde que el conflicto se agudizó, “las comunidades han cerrado los caminos y por seguridad ya no entramos”.

En un reciente estudio (2009) elaborado por el Sename junto con el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, sobre la realidad de los menores indígenas en centros de la mencionada institución, el antropólogo Rodrigo Contreras, encargado en el instituto de la Unidad de Salud Intercultural, cuenta que no detectaron a menores internados en el Sename por motivos de violencia por allanamientos.

A juicio de Contreras, “el Gobierno no ha dado señal alguna de que esté interesado o que le importe el problema de la infancia indígena de las comunidades en conflicto”. El profesional sostiene que al no tener políticas interculturales, Sename no puede manejar esta temática y sí Mideplan, como coordinador junto a UNICEF, lo que para él “es una manera de limpiar la imagen de Chile para que no se vea en la región como un país que vulnera los derechos de los niños”, dice.