La instancia, solicitada por diputados de RN y la UDI, continuará el cometido de la actual comisión investigadora, cuyo plazo legal de funcionamiento finalizó sin que los parlamentarios hayan alcanzado a revisar todos los antecedentes del caso.
Para el cumplimiento de su cometido, el grupo parlamentario tendrá un plazo de 30 días, y se abocará a 7 puntos específicos que se detallan en la petición:
1.- Participación de los Ministros del Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno en la decisión de que el ex Director, no presentara declaración pública de intereses y patrimonio cuando fue requerido por diputados, el 10 de abril de 2014. “Igualmente la intervención de los señalados ministerios en la declaración forzada realizada por Sebastián Dávalos Bachelet el día 11 de enero de 2015”.
2.- Conocimiento y participación de otras autoridades o funcionarios públicos, respecto del negocio mencionado, incluida la tramitación y obtención del crédito bancario por la empresa CAVAL para el financiamiento de la adquisición de terrenos en la comuna de Machalí.
3.- Vínculos y operaciones (Convenios, mutuos, donaciones y otras de cualquier tipo) desarrolladas o verificadas por las Fundaciones que estuvieron a cargo de la Dirección Socio-Cultural de la Presidencia de la República (Integra, Orquestas Juveniles, Tiempos nuevos, Chilenter, Artesanías de Chile, PRODEMU Y Fundación para la Familia) con instituciones financieras y/o con sus directivas.
4.- Articulación entre autoridades políticas de gobierno y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto a los fundamentos y características del pronunciamiento que realizaron referida a la operación crediticia entre la empresa CAVAL y el Banco de Chile en la compraventa verificada en terrenos ubicados en la Comuna de Machalí, públicamente conocidos.
5.- Veracidad de lo declarado por el Ministerio del Interior respecto del desconocimiento por parte del gobierno de los contratos complementarios entre las empresas CAVAL y Silca que significarían una utilidad adicional de 1.300 millones para la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet.
6.- Instrucciones impartidas por autoridades del Poder Ejecutivo a funcionarios públicos, parlamentarios y Presidentes de la Nueva Mayoría para evitar y poner término a las críticas en el marco del denominado “Caso CAVAL”.
7.- Análisis de propuestas de modificación legal que amplíen las inhabilidades para el desempeño de funciones públicas y en la Administración del Estado a personas vinculadas familiarmente con autoridades de gobierno o Parlamentarias.
