Propiedad vegetal: La movida que enciende el debate sobre transgénicos y pone en alerta a campesinos e indígenas
El 11 de mayo pasado, el Senado aprobó el Covenio UPOV de 1991, en reemplazo de la vigente versión de 1978. Este texto reafirma a los “obtentores” la posibilidad de “patentar” semillas de diversas especies, algo así como una propiedad intelectual pero vegetal. Pero esta nueva edición del Convenio trae consigo mayores ventajas para los obtentores –grandes empresas y transnacionales- quienes gozarán de la propiedad no sólo de la semilla, sino que de la planta cosechada, los productos que se hagan a partir de ella y todo lo subsiguiente. Y, ¿qué pasa con los pequeños agricultores y comunidades indígenas? Descubra las claves del debate en esta nota.
Monopolio, alimentos transgénicos, pequeños y medianos agricutores, comunidades indígenas… todos conceptos que, últimamente, han estado ligados a este debate. Porque HidroAysén se ha robado las miradas, pero la discusión en torno a la aprobación del Convenio UPOV 91 está más agitada que nunca.
El pasado 11 de mayo, cuando todos protestaban por el megaproyecto hidroeléctrico, el Senado aprobaba por 13 votos a favor, 6 abstenciones y 5 en contra la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales versión 1991. Este acuerdo fue suscrito por primera vez en 1961, y sus firmantes conforman la Unión que lleva el mismo nombre (de ahí su sigla UPOV), organización intergubernamental con sede en Ginebra y de la cual Chile es miembro desde el 5 de enero de 1996.
En ese entonces, lo que se aprobó fue la versión de 1978 de dicho convenio, que promueve la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. En español, quiere decir que se da la posibilidad de “patentar” las semillas de una especie que ha sido desarrollada por el hombre, es decir, una variedad nueva de vegetal, ya sea agrícola, frutal, floral, etc. A raíz de esto, en Chile existe un Registro de Especies Protegidas que es llevado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el que se puede llegar a patentar una semilla siguiendo una serie de trámites y mediante el pago de un monto.
La versión 1991 del Convenio es la que se encuentra en discusión desde 2009, cuando fue aprobada por la Cámara de Diputados, y desde entonces que descansaba en los vericuetos de la institucionalidad legislativa chilena. El 11 de mayo, como se mencionó, el Senado aprobó este nuevo texto, con una velocidad que no ven muchas iniciativas que siguen durmiendo en algún honorable estante. En internet, la hipótesis favorita es que esta adopción se hizo por presiones del gobierno de Estados Unidos, y que incluso Barack Obama –en su reciente visita a Chile- habría abogado por la causa, siendo el tema de la propiedad intelectual muy importante en su agenda.
Tres de los senadores que votaron en contra de aprobar el nuevo convenio, Alejandro Navarro (MAS), Ximena Rincón (DC) y Jaime Quintana (PPD), acudieron al Tribunal Constitucional por considerar ilegal el proceso de aprobación, al no consultarse a campesinos y comunidades indígenas su parecer sobre el nuevo texto, con lo que se pasa por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La instancia tiene hasta el próximo martes para pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de los parlamentarios.
Propiedad Vegetal
Desde la aprobación del UPOV 91, no han dejado de circular slogans como “El Senado vendió a Monsanto la semilla chilena”, o fuertes críticas a la decisión en redes sociales y foros. Según sus opositores, la adopción de este nuevo convenio daría aún más atribuciones a los llamados “obtentores”, que en resumidas cuentas son grandes empresas y trasnacionales como la cuestionada Monsanto, con lo que se resta derechos a los pequeños agricultores que acostumbraban a guardar semillas de una temporada a otra, lo que en este nuevo escenario sería ilegal. Así, no se podrían crear bancos de semillas con ciertas especies, lo que proyectaban hacer agrupaciones como ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Aysén), según reporta Radio Santa María.
También, como cuenta Iván Santandreu, representante de Chile sin Transgénicos, existe la convicción de que este es un paso más hacia el monopolio de las grandes empresas transnacionales, ya que éstas, con su gran poder económico, pueden imponer fácilmente las semillas “protegidas” que les pertenecen por sobre las de los campesinos nacionales. Y aquí es donde surge la, para muchos, “amenaza” de Monsanto, empresa estadounidense con sede en 46 países y dueña del 90% del mercado de alimentos transgénicos, que se especializa en semillas transgénicas. La fama de esta gigante no es muy buena: hay múltiples blogs y grupos en su contra, e inclusive hay un documental y un libro, “El Mundo según Monsanto” escrito por la periodista francesa Marie Monique Robin, que denuncian una lógica perversa en sus operaciones, poniendo como ejemplo una serie de casos complicados en que se ha visto involucrada la empresa.
Sin embargo, para quienes están a favor del convenio, este no tiene nada que ver con alimentos transgénicos, que se regularían con una legislación separada, y tampoco amenazaría a los campesinos ni a las comunidades indígenas. Así lo expresó el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien recordó que esta normativa se aplicará sólo a variedades nuevas, por lo que no se incluyen las autóctonas o que estén siendo usadas por los pequeños agricultores ahora. “Lo único que hace (esta medida) es proteger los derechos de las personas o empresas que obtengan variedades vegetales nuevas para el sector agrícola”, dijo, según informa La Nación.
Además tenemos que, explícitamente, poco y nada dice el UPOV 91 sobre transgénicos. Sí se dice que las variedades que se puede proteger son solamente las nuevas, obtenidas por distintos métodos, entre los que se menciona la modificación genética.
El Convenio
El texto señala que se entenderá por “obtentor” a la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad (semilla), que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo. A esta persona se le entregará el llamado “derecho de obtentor”, que se otorgará cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. Si la semilla cumple con estas condiciones, el obtentor debe realizar una solicitud a la autoridad pertinente y, luego de un trámite, podrá ejercer su propiedad sobre dicha variedad. Esto implica que se requiere su autorización para la producción o reproducción, oferta, venta o cualquier forma de comercialización, exportación, importación y la posesión de la semilla para cualquiera de estos fines. Lo mismo se aplica para los productos de la cosecha (plantas enteras o sus partes) y los productos obtenidos directamente a partir de la cosecha de la semilla mencionada.
Registro Actual:
El SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) es el encargado de llevar el Registro de Variedades Protegidas, de acuerdo al Convenio UPOV 78 que rige actualmente. La transnacional Monsanto tiene patentadas más de 20 especies (3 de arvejas, 4 de cebollas, 1 de cilantro, 4 de frejoles, 3 de lechugas, 4 de melones, 1 de pepino, 2 de tomates). La empresa nacional Semillas Baer, propiedad de Erik Von Baer, el padre de la ministra Secretaria General de Gobierno, también tiene registradas múltiples variedades de especies agrícolas.
Links con información:
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 1991
Registro de Variedades Protegidas (SAG)
Documental – El Mundo según Monsanto (con subtítulos en español)
(C.A.R.)
Me parece una inmoralidad el que nuestros parlamentarios no midan las consecuencias de algo que están firmando sólo para evitar el «qué dirán» (no vayan a decir que no respetamos la propiedad intelectual). Chile debiera, como mucho, ratificar el convenio del ´78 como lo han hecho otros países europeos. Este convenio le da propiedad absoluta a una empresa sobre los vegetales producidos a partir de su producto, eso es tan ridículo como decir que todas las fotos que tomo con mi cámara son de la empresa que fabrica la cámara. Alguien dijo el otro día que esto no tiene nada que ver con los transgénicos, pues está equivocado porque de eso precisamente es de lo que se trata este convenio. Además nuestros principales mercados son del primer mundo donde los transgénicos no son bien vistos ya que nadie aún sabe las posibles consecuencias que pueden tener en nosotros.
Casi nada más que agregar, de lo que dijo offman, es clarísimo y sí, es una inmoralidad, por decir lo menos. Pero hubieron congresistas decentes que votaron en contra, eso lo sé, pero no fue suficiente. Parando la oreja, escuché por ahí, que la visita del vejete Rockefeller, que fue recibido por el otro vejete Edwards y que fueron ambos funados en el aeropuerto, por un valiente joven chileno, se debió, a que vino precisamente a eso… «a plantar la semillita del cambio de la ley» y que la visita de Obama, vino a reafirmar dicho trato… cuando esos dos «don Corleone», meten las manos, nada bueno sale.
Vean el video «El mundo segun Monsanto».