Propuesta uruguaya de regular la marihuana: “La alternativa es más tráfico”
Julio Calzada es el funcionario que llevó adelante la idea del Presidente del Uruguay, José Mujica, de supervisar la producción y venta de cannabis. Por qué la desregulación actual significa más producción y fondos para el crimen. La oposición de los de siempre.
Por Tomás Eliaschev*
Su perfil bajo y hablar pausado contrastan con el rol de estrella que tuvo en la 11ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Julio Calzada Mazzei, titular de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, fue la figura más requerida del encuentro organizado en Argentina por la asociación civil Intercambios. No es para menos, se trata del funcionario que está detrás del proyecto del presidente José Mujica para regular la producción y distribución de cannabis, entre otras cuestiones que lo ponen a la vanguardia de la discusión internacional por la ampliación de libertades.
¿Qué repercusiones internacionales encuentran ante las iniciativas que están tomando en materia de drogas?
Hemos encontrado interés y sana curiosidad en general, tanto de periodistas como de organizaciones de la sociedad civil y de algunos gobiernos. No ha habido ningún tipo de presiones, excepto los organismos de fiscalización de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Convención de Viena, que han planteado sus reparos a esta iniciativa. Es algo natural, es lo que han hecho todos estos años.
¿Qué nivel de aprobación tiene la iniciativa en Uruguay?
Es la ley que ha tenido más audiencias públicas. Hemos hecho más de 30 debates en todo el país, con ciudadanos, organizaciones sociales, partidos. La vocación del presidente es abrir una discusión lo más amplia posible. Eso ha planteado, eso estamos haciendo. A nivel parlamentario, lamentablemente, han sido pocos los sectores de la oposición, salvo los que son favorables, que han participado del debate. Estamos ante un tema complejo, donde intervienen un conjunto de factores que no tienen una respuesta sencilla ni única. Hoy lo que tenemos es una propuesta elaborada por el gobierno que da cuenta de la globalidad del problema, desde nuestro punto de vista. Puede tener sus aspectos débiles, sus errores. Pero no tenemos ninguna propuesta alternativa de la derecha, de la oposición. La alternativa es más de lo mismo. Es más producción, más consumo, todo desregulado, por lo tanto más fondos negros que se lavan en el mercado legal, más tráfico de armas, todo esto relacionado con mayores desviaciones hacia otras formas de criminalidad, como puede ser la trata de personas o el tráfico de órganos. No se pueden esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo, como decía Einstein.
¿Qué se proponen con la nueva ley de drogas?
Queremos resultados diferentes en materia de política de drogas. Avanzar en todos los aspectos, desde una integralidad. En primer lugar, los aspectos que tienen que ver con el derecho. En Uruguay el consumo no está penalizado y sí todos los actos preparatorios para el consumo. Para el caso de la marihuana queremos solucionar esta incongruencia, que ha sido largamente planteada por las organizaciones sociales que se mueven en el mundo cannábico. Además, hacemos una fuerte apuesta a conceptualizar que el uso problemático de drogas es un problema de salud pública, no un problema criminal, en acuerdo con un conjunto de actores, como sectores académicos, organizaciones no gubernamentales. En tercer lugar, para desarmar las estructuras que hacen posible la existencia del narcotráfico, hay que desarticular las estructuras económicas. Tenemos un mercado de 30 a 40 millones de dólares en Uruguay que hacen sustentable el narcotráfico y que se diversifica en otras acciones criminales. Se ha intentado la interdicción, confiscación de bienes, acciones que sin duda contribuyen a aumentar el riesgo que tiene realizar este tipo de tarea; pero todo lo que se ha hecho no ha logrado que estas organizaciones claudiquen, se desmoronen o se eliminen. Lo que sucede, en todo caso, es que algunas se desarticulan pero después es como si fueran hongos: eliminas una y crece otra al lado. Esto pasa tanto con las organizaciones criminales como con los lugares de expendio.
¿Cómo va a ser la regulación del cannabis?
En Uruguay tenemos 75 mil personas que consumen marihuana por lo menos una vez al mes, otras que lo hacen 3 o 4 veces. Estas personas, si no cultivan, no tienen otra que vincularse con el mercado ilegal. En una evaluación primaria, como mucho, debe haber mil 500, dos mil autocultivadores o personas interesadas. Puede haber hasta 5 mil o 10 mil, según dicen las organizaciones cannábicas, es la hipótesis más optimista. Es el 8 por ciento del mercado total anual, que es de 120 mil personas. Tenemos que dar una respuesta global, nuestra propuesta es que el Estado regule, no que genere una empresa pública. No planteamos esto, esto no va a ser realizado por empleados públicos, sino que el Estado lo va a controlar dando licencias para la producción. Una persona que sabe cómo plantar flores, cómo se maneja un invernadero, cómo se cultivan estas plantas, se puede presentar para que se le otorgue una licencia. Si se reúnen condiciones, como estar habilitado en la oficina de hacienda, pagar los impuestos, se le da una licencia y entonces podrá producir hasta determinada cantidad de sustancia. Este se la va a tener que vender a un licenciatario de acopio y distribución, que se va a ocupar de guardar y distribuirla. Para la venta se van a tener otras licencias de expendio. Así, cerramos un circuito en el que no hay relaciones comerciales entre actores, partimos de la base de precios controlados, no vamos a una libre competencia; pero esto no es un monopolio, el Estado en realidad no produce, no distribuye, no vende. Es un circuito cerrado de producción, acopio, distribución y expendio en el cual no se producen relaciones mercantiles.
*Revista Veintitrés