Todas somos Nabila (Pero nadie quiere serlo)

 

El caso de una joven brutalmente golpeada en Coyhaique, ocurrido en junio pasado, puso de nuevo en los medios y con toda la fuerza, la necesidad de apurar la legislación para lograr la equidad de género en un país que tiene una mujer en la Presidencia, pero donde la participación femenina en política es escasa, existe una brecha salarial importante entre ambos géneros y una de cada tres mujeres dice haber sufrido algún tipo de violencia en su vida. Este artículo repasa las cifras, que a ratos escandalizan, pero también las acciones realizadas desde el Estado y las ONG para imponer los temas en la agenda, cambiar los comportamientos y enfrentar un problema que es cultural. Muestra, asimismo, la fragilidad del entramado, que permitió que en solo 4 años de un gobierno que se desentendió del tema, Chile bajara más de 30 puestos en el ranking de equidad de género que elabora anualmente el Foro Económico Mundial. En 2016, tras el ataque a Nabila Rifo, Michelle Bachelet sostuvo que “en Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan a las mujeres”. La creación de un ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, así como otras iniciativas legales, como la capacitación a funcionarios públicos, serían la manera en que el Estado intenta mejorar las cifras y hacer un mejor país, para hombres y mujeres.

Por Montserrat Martorell

Chile podría ser puesto como un ejemplo respecto a la participación de la mujer en política si se considera que, entre el 2006 y el 2018, una de ellas ha desempeñado el rol de Presidente de la República dos veces, es decir, en 12 años de historia, solo 4 el país habrá sido gobernado por un hombre.

El tema, cualitativamente aumenta al recordar que, en la última elección presidencial entre 9 candidatos, 6 hombres, las mujeres obtuvieron el 72,97 por ciento de las preferencias y dos de ellas disputaron el ballotage, enfrentamiento que ganó la actual mandataria, Michelle Bachelet.

Sin embargo, estas cifras no se corresponden con la realidad.

Mientras en el mundo el promedio en el Poder Legislativo es de un 21,8 por ciento y en América Latina del 25,2, en Chile solo el 15,8 por ciento está compuesto por mujeres. Tal guarismo está muy lejos del 40 por ciento de representación en cargos de elección parlamentaria y municipal al que se comprometió el Estado con los desafíos del Desarrollo del Milenio para el 2015. Porque, además, en los gobiernos locales son apenas un 12,7 por ciento las comunas que tienen alcaldesas y sus concejos municipales se integran mayoritariamente con hombres (75.1 por ciento). De los 23 ministros de gobierno, al cierre de este artículo, solo 8 son mujeres y ninguna de ellas ocupa una repartición dentro de La Moneda ni Hacienda, las carteras más influyentes en la lógica política chilena.

De los países que renovaron Parlamentos en 2013 -según la ONG Comunidad Mujer- Chile se ubica entre los que menos aumentaron su representación femenina, con solo un 1,7% (IPU).

Todo esto sirve, en primer lugar y con cifras indesmentibles para mostrar que, a pesar de parecerlo, por la relevancia que alcanzó la presencia de Michelle Bachelet en la presidencia, Chile está muy lejos de ser un paraíso para las mujeres. Las cifras en general, dentro de todos los estudios, nos hablan de un país con una tremenda desigualdad de género y donde la mujer, además, sufre de tormentos físicos y sicológicos. En el primer semestre fueron 15 los femicidios y, si se repite el promedio de los últimos años, podrían ser asesinadas otras 24 mujeres por su cónyuge o conviviente en lo que resta del 2016. Esta cifra, según la abogada Lorena Astudillo, muestra la inexistencia de políticas de prevención de la violencia contras las mujeres en Chile porque la mitad de los femicidios se ha producido cuando existe una orden de alejamiento para el victimario.

De 2005 –a nivel país– cuando se registraron 587 casos vinculados a violencia dentro de las familias por cada 100 mil habitantes, se escaló a 682,4 en una década más tarde. En la sureña ciudad de Coyhaique, por ejemplo, la cifra superó los mil casos en el 2015. Y fue en esa zona austral del país, donde este año, Chile entero se conmovió cuando fue encontrada la joven Nabila Rifo, quien a sus 28 años fue brutalmente atacada, presumiblemente por su pareja, quien la dejó moribunda, sin dientes, con fracturas de cráneo y sin sus ojos. Antes de dejarla abandonada a la intemperie, en una zona que se destaca por el viento y el frío, se los arrancó.

Nabila hoy es un símbolo de la situación chilena y su caso está siendo investigado por la Justicia.

Un país con más mujeres

Nabila, de no tener secuelas graves que afecten su salud de manera vital, podría aspirar como otros millones de chilenas a una larga vida, superando los 80 años, de acuerdo a las expectativas que existen hoy en el país y que sobrepasan en un lustro al de los hombres.

Sin embargo y a diferencia del otro sexo, nada le garantiza que sea parte de la fuerza laboral o que su sueldo sea igual al de un hombre, incluso cumpliendo la misma tarea.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) certificó que en 2015 disminuyó la desocupación de la mujer, aunque solo la mitad de ellas participó en el campo laboral, mientras los hombres superaron el 70 por ciento. Más de un millón 377 mil mujeres estuvieron inactivas a nivel nacional por razones familiares, siendo el 97,7 por ciento de las personas que argumentan de esa forma para explicar por qué no se emplean. El resto, apenas un 2,3 por ciento, son hombres.

Según la OCDE, en Chile las mujeres tienen 23% menos de posibilidades de trabajar que los hombres (frente al 12% de media en el conjunto de la OCDE). «La mayoría de las mujeres que no están en el mercado laboral tienen trabajos no pagados de ama de casa. Como consecuencia, las mujeres tienen ingresos mucho menores y pensiones considerablemente más bajas que los hombres”, resume un informe del organismo. E insta a quitar los obstáculos que generan este escenario.

Para la actual ministra de la Mujer, Claudia Pascual, es necesario generar mecanismos y herramientas de control eficaces para que se cumpla la norma que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, contemplada en la Ley N° 20.348. Y para eso, dice, el gobierno está comprometido con una reforma laboral que apunte en esa dirección. “El proyecto de ley que reforma las relaciones laborales plantea la necesidad de que la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores sea informada obligatoriamente por las empresas en el proceso previo a cada negociación colectiva, de manera de que trabajadores y trabajadoras conozcan la realidad de la brecha y avancen en conjunto con empleadores en la reducción de esta. Conocer esta información será una herramienta que permitirá a empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras visibilizar la brecha salarial por género y tomar medidas para cambiar esta realidad económica”, señala la ministra de Bachelet.

El dato alentador es que eso ya viene ocurriendo. Entre el 2010, donde la desocupación femenina era del 9,6 por ciento y el 2015, que baja al 6,8 por ciento, se reducen las diferencias de ingreso medio mensual entre mujeres y hombres. “Se observa que las mujeres presentaron un ingreso medio mensual menor al de los hombres entre los años 2010 y 2014. Sus ingresos medios mensuales van desde $280.857 el 2010 hasta $382.253 el 2014, mientras que los hombres tuvieron ingresos medios mensuales que van desde $417.885 hasta $543.996 en igual tiempo. No obstante, en dicho período se observa un crecimiento promedio de los ingresos de las mujeres (8,1%) más pronunciado que el de los hombres (6,9%). En el período 2014, los salarios de las ocupadas crecieron 7,8% respecto al año anterior, mientras que el de los hombres sólo lo hizo en 2,4%, siendo esta diferencia entre ambas tasas la mayor registrada en el período analizado. Esto se tradujo en que las mujeres durante 2014 percibieran 29,7% menos de ingresos que los hombres, siendo esta brecha la más baja desde la existencia de la vigente encuesta” asegura el INE.

Durante los períodos 2010 a 2013 la brecha de género en los ingresos consignó los valores -32,8%, -34,5%, -32,3% y -33,2%, respectivamente. Así, el 2014 fue el primer año de la vigente encuesta en el que la brecha cae bajo la barrera del 30%. Y, todo indica, seguirá en esa dirección, especialmente si se considera el grado de educación superior que hoy alcanzan en Chile las mujeres, donde la matricula femenina representa un 51,8 por ciento del total, 2,2 puntos más que en 2007. La brecha de escolaridad, según el ministerio de Educación, ha decrecido en los últimos 20 años. Mientras en 1992 ésta llegaba a 0,192, en 2013 fue de 0,0149. En tanto que el nivel de aprobación de enseñanza media para 2013 fue mayor entre las mujeres. El año pasado un 10% de las escolares no terminó la enseñanza secundaria, mientras que en el caso de los hombres llegó al 13%. Hoy, sin embargo, el título universitario no garantiza la disminución de la brecha salarial pero sí, aseguran los expertos, contribuye al empoderamiento, paso previo a luchar con más fuerza por lo que es justo.

Cómo está el vaso ¿Medio lleno o medio vacío?

Nabila apenas nacía cuando Augusto Pinochet sometió a plebiscito si permanecía o no por otros 8 años más en La Moneda, de la cual había desalojado a Salvador Allende en 1973 y donde pretendía seguir instalado hasta 1997.  De eso quizá ni le contaron. Pero ya en esa dictadura, el tema de la equidad de género estaba presente en Chile y con fuerza, a pesar de lo difícil que era levantar la voz, tanto para hombres como mujeres, en un país que era gobernado con mano de hierro por los militares.

“Las mujeres, en la medida que nos fuimos organizando y haciendo discusión colectiva nos dimos cuenta que nuestro problema no sólo era la vuelta de la democracia en el país, sino que también era en la casa y nos fuimos haciendo feministas y eso les pareció pésimo a los partidos políticos, porque siempre decían que esa era una demanda burguesa y que nosotras estábamos confundidas, que primero había que luchar por la democracia y que después íbamos a ver qué pasaba con nosotras y nosotras éramos la mitad de la población. Entonces no se trataba que la otra mitad nos dijera cuál era el orden”, señaló al Observatorio de Género e Identidad, la abogada Raquel Díaz, fundadora del Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena MEMCH ‘83.

Según la profesional feminista, rememorando lo que fue aquella época, ya tenían demandas propias y querían ser reconocidas como actrices validadas. “Era terrible cuando llegaban mujeres que nunca habían ido, que paraban el dedo y decían que la orden política era otra, ahí nos hartamos y nos sacábamos la mugre en las asambleas. A veces ganábamos, a veces no, pero cuando se imponían esas ideas «foráneas» de los iluminados masculinos, no resultaban tan maravillosas las manifestaciones, pero cuando eran resultado de nuestro trabajo, de nuestro tejido diario eran masivísimas”, dice.

Efectivamente, el entramado social y político de la época se nutrió de ideas feministas, surgieron muchos movimientos que apuntaron en esa dirección y las mujeres tuvieron un rol destacadísimo en la recuperación de la democracia, tanto que lo ocurrido en dictadura alcanzó el nombre de segunda ola del movimiento feminista, el primero fue en los 40 y se centró en la consecución del voto para la mujer.

“El carácter feminista fue asentándose al incorporar en las discusiones la reflexión sobre la identidad femenina, el cuestionamiento a los roles de género tradicionales y la crítica a la condición desigual de las mujeres en la sociedad chilena. El proceso, que es reconocido como una toma de conciencia, fue estimulado por la influencia del movimiento internacional de mujeres y por organizaciones que analizaban la subordinación femenina desde las ciencias sociales y la perspectiva de género. La virtud de estas instituciones, entre las cuales destacó el Círculo de Estudios de la Mujer, fue reforzar la legitimidad del movimiento mediante la de conocimiento. Por ejemplo, hasta entonces no existían investigaciones que construyeran la historia de las mujeres en el país, que rescataran su contribución a la economía o las luchas emprendidas para alcanzar el derecho a votar. El trabajo intelectual y el activismo generaron que el Movimiento Feminista, como se denominó la movilización, asumiera una postura propia en la lucha por el regreso a la democracia. Ésta abordaba demandas específicas de las mujeres, dirigidas a acabar con las discriminaciones de género. Asimismo, denunciaba el autoritarismo en el mundo privado, realidad que se tradujo en la consigna «Democracia en el país y en la casa», un ícono del movimiento”, se puede leer en el sitio Memoria Chilena.

Gracias a esa fuerza y varios movimientos en la misma dirección, fue incorporado el tema de género, la igualdad entre hombres y mujeres, dentro de la agenda del primer Gobierno de la transición que inició Patricio Aylwin Azócar el 11 de marzo de 1990. “La democracia debía incluir plenamente a las mujeres, sus derechos humanos y demandas, y poner fin a las discriminaciones basadas en el género”, señaló en una columna Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, en la que señala, además, que ese compromiso se tradujo en la creación del Servicio Nacional de la Mujer, organismo que debía “colaborar con el Poder Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en el proceso de desarrollo político, económico, social y cultural del país…”.

Sin embargo, quizá por el desgaste de la lucha antidictatorial y la cooptación que sufrió el movimiento desde el aparato estatal, se produjo un aletargamiento de la acción feminista, descansando en los partidos políticos, quienes aplicaron políticas directas, pero se beneficiaron con la desmovilización.

Así y todo, al finalizar el gobierno de Patricio Aylwin, el SERNAM formuló el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1994-1999), que consagró la necesidad de incorporar la equidad de género en el conjunto de las políticas públicas. El gobierno que lo reemplazó, Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1994, continuó en esa senda y aterrizó en ministerios y servicios las directrices del Plan, incorporando la mirada de género el servicio público. También se destacó por cumplir los compromisos internacionales del Estado chileno en la materia.

A Ricardo Lagos, el tercer presidente de la Transición (2000-2006), le correspondió implementar el Segundo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2000-2010 y, para supervisar su cumplimiento, creó el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades. Bachelet, quien fuera su ministra de Salud y Defensa, lo sucedió en el cargo y, apenas se instaló en La Moneda, sorprendió a todos con un gabinete paritario, donde hombres y mujeres se repartieron por igual los ministerios, incluidos los más importantes. Su gobierno elaboró una “Agenda de género 2006-2010” con claras orientaciones para las entidades públicas, los que tuvieron un desarrollo más autónomo en las políticas de equidad. “Fortaleció el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, dio prioridad a la protección social, al acceso de las mujeres al trabajo con la creación de salas cuna y jardines infantiles, a la violencia doméstica y sexual, entre otros”, dice Teresa Valdés. Y agrega: “La legislación ha sido una herramienta clave para avanzar hacia la equidad, al consagrar derechos para las mujeres y son numerosas las leyes aprobadas y perfeccionadas en estos 20 años. Algunas adecuaron el orden jurídico a lo que las costumbres y la cultura ya habían adoptado (por ejemplo, la Ley de Divorcio) y otras han sido normas nuevas que invitan al conjunto de la sociedad a avanzar hacia una cultura más equitativa y no discriminatoria (por ejemplo, la Ley que introduce el Permiso Paternal en el Código del Trabajo). Otras modificaciones legales ajustaron nuestras leyes a los compromisos internacionales en derechos humanos (la reforma constitucional que establece la igualdad de mujeres y hombres), buscaron apoyar a las mujeres en su doble condición de trabajadoras y madres y penalizar conductas que las costumbres habían naturalizado (violencia doméstica, violencia sexual y asedio sexual en el trabajo)”.

Al finalizar su gobierno, el SERNAM de Bachelet elaboró un Tercer Plan de Igualdad. Este, siempre según el relato de Valdés, definió “tres principios universales, transversales e interconectados entre sí, que debían orientar la acción del Estado: igualdad y no discriminación, autonomía, y corresponsabilidad social, principios. Los ejes estratégicos de acción definidos fueron: 1. Políticas públicas y una institucionalidad para la equidad de género; 2. Democracia paritaria y participación de las mujeres; 3. Corresponsabilidad social en el cuidado; 4. Autonomía económica y trabajo decente; 5. Autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas; 6. Violencia de género; y 7. Las niñas y niños: un punto de partida para la igualdad. Cada uno de ellos cuenta con metas y acciones estratégicas”.

Muchos de esos avances, sin embargo, se detuvieron drásticamente en el gobierno del centroderechista Sebastián Piñera, un empresario que llegó a La Moneda con el apoyo de su partido, Renovación Nacional, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividad que concentra a los políticos que apoyaron la dictadura de Pinochet. Tanto fue el freno que, durante su administración (2010-2014) Chile retrocedió del lugar 48 al 87 en el índice de igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial (FEM). En los cuatro años previos, según el informe que analiza relaciones entre hombres y mujeres en cuatro áreas: participación y oportunidades económicas, logros educacionales, salud y supervivencia y empoderamiento político, Chile se había ubicado entre las 10 naciones que más habían mejorado en la materia, subiendo 32 puestos, del 78 al 46. En la oportunidad, al dar a conocer las cifras, el presidente y fundador del FEM, Klaus Schwab, indicó que “la reducción de la desigualdad de género está directamente relacionada con la mayor competitividad económica” y agregó que “las mujeres y las niñas deben de ser tratadas con igualdad si un país quiere crecer y ser próspero”.

Pero, a pesar de ello y quizá gracias a la inercia, los planes siguieron brindando alguno de sus frutos porque, entre los años 1991 y 2015, se han desarrollado desde diversos organismos del Estado, cerca de 17 programas orientados a promover la autonomía y el empleo de las mujeres, con el objeto de empoderarlas y combatir las negativas cifras de violencia intrafamiliar que la afectan. Ellos, entre otros, fueron “Desarrollo de Competencias Laborales a Mujeres Ingreso Ético-Familiar”, “Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”, “Subsidio al Empleo de la Mujer”, “Bono al Trabajo de la Mujer Ingreso Ético-Familiar”, “Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género”, “4 a 7 Para que Trabajes Tranquila y “Capital Abeja, fondo concursable para emprendimientos de mujeres”. No todos, sin embargo, han estado a la altura de sus nombres y, desde diversos sectores, se los ha criticado por orientarse hacia el mundo privado. Pero eso, claro, es la parte media vacía de la copa. “Las dificultades de las políticas implementadas para superar la discriminación y garantizar una inserción sólida en el mundo del trabajo han llevado a que se fomente la integración en el trabajo independiente, muchas veces en condiciones de abierta precariedad”, advirtió el mismo Sernam en 2014.

El broche de oro, a este vaso medio lleno, fue el pasado 1 de junio cuando la presidenta Bachelet dio inicio formalmente a las actividades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, entidad que tendrá por misión y tal como su nombre lo indica, “erradicar las desigualdades existentes en el país entre hombres y mujeres”. Ahora no hay excusas. Tras 25 años de retorno a la democracia, existe un ministerio que podrá abocarse con fuerza a los temas para los cuales fue creado. Dentro de sus funciones estará encargado de diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas para promover la equidad de género y procurar eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. A su vez, “trabajará para promover y resguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género; para que todas las mujeres sean tratadas con respeto y sin discriminación en el trabajo, en los lugares de estudio o en las calles; para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y lugares donde se produzca; incentivar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión política, económica y social; impulsar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza y el cuidado de las hijas e hijos; publicar informes y estudios sobre la situación de las mujeres y la equidad de género para mejorar las políticas públicas; velar por el respeto y cumplimento de los derechos humanos de las mujeres, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales que el Estado de Chile ha suscrito”.

“A las mujeres de Chile les debemos la mayor de las atenciones y todos nuestros esfuerzos”, dijo la Presidenta ese día.

El nuevo ministerio, que tiene una tarea titánica por delante y deberá combatir las cifras negras en el tema, será encabezado por un ministro o ministra, hoy lo lidera una militante del partido Comunista, Claudia Pascual, un subsecretario y secretarios regionales ministeriales. Además, contará con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que será el encargado de ejecutar las políticas y planes que diseñe el ministerio. Tendrá un consejo asesor, formado por 10 especialistas y un Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género. Contará, asimismo, con un Fondo para la Equidad de Género, que financiará los proyectos, programas, actividades de educación y difusión para fortalecer la asociatividad y liderazgo de las mujeres.

El tiempo que viene… nada es fácil

Nabila Rifo hoy se recupera en Coyhaique mientras la fiscalía investiga qué ocurrió y castiga al responsable.

A pesar de lo brutal de la agresión que sufrió, apenas pudo recuperarse, el caso se enredó e, incluso, comenzó a circular una grabación en la que la víctima exculpaba de toda responsabilidad a su pareja, la que ya se encontraba formalizada. “Culpan a mi pareja y es injusto porque él no fue (…) Todos piensan que fue él, porque peleábamos, porque él tiene el carácter fuerte, porque a veces yo le decía a mi mamá que me tiene ‘cabreada’, que me quiero separar. Como era la única persona que estaba conmigo y que vivía conmigo, ¿quién más podía ser?» dijo Rifo cuando volvió a su región luego de estar varios meses internada en Santiago.

Ella, quizá, poco sabe de manipulación y de que en su zona los casos de violencia contra las mujeres son muchos más que en el resto del país. Menos que la ley 20.066 no solo castiga el maltrato físico sino también al que atente contra la integridad psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o una relación de convivencia con el ofensor.

En Chile, según esas cifras negras que el flamante ministerio debe enfrentar y erradicar, una de cada tres mujeres sufre violencia de su pareja y entre ellas, la mitad justifica a su victimario o no se rebela.

Nabila es parte hoy de ambas realidades. Y lo que le ocurrió y le sigue ocurriendo muestra la doble ineficacia del entramado legal que Chile ha ido creando para prevenir los abusos. Ella había denunciado violencia y fue atacada. Fue atacada y defiende al ejecutor del acto deleznable, por miedo, dependencia o, simplemente, porque no encuentra en el aparato estatal el apoyo suficiente para salir de su círculo maldito.

 “Vivir libres de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los distintos ámbitos de la vida en sociedad. La apropiación de poder por parte de las mujeres –mediante el conocimiento, la autonomía económica, el protagonismo social, el reconocimiento social y la capacidad de decidir libremente– es requisito clave para lograrlo. También lo es la erradicación de los mitos acerca de la familia, sobre todo aquel que dice que constituye el espacio de máxima protección y seguridad para las mujeres. Las estadísticas evidencian que, por el contrario, la familia es un ámbito de exposición permanente al riesgo de violencia de género, riesgo que también aparece como un continuo en el trabajo, en la calle, en las fronteras, en los establecimientos educacionales, en los medios de comunicación y en la publicidad sexista”, señalan en el Observatorio de Género y Equidad.

En ese marco, sin duda, es un avance que hoy las denuncias tengan más publicidad, porque eso ayuda a la víctima y, especialmente, a otras que eventualmente puedan serlo para que corten el vínculo.

Pero, para que ello sea efectivo, debe existir una respuesta global al problema, con un sistema que castigue realmente al culpable, no como ocurre actualmente en Chile donde los juicios generalmente no concluyen con una sanción al responsable de las agresiones.

Por ello y como una forma de apurar algunas acciones, una de las primeras medidas del gobierno de Bachelet fue aumentar un 25 por ciento el presupuesto del Sernam en el ítem violencia contra la mujer que, desde 2012, se mantenía congelado. Además, se incrementaron los traspasos al sector privado, donde radican la ONG, que son las que hoy más se hacen cargo del problema. Al debe, sin embargo, se encuentra el gobierno en varias de sus promesas del programa, como llegar a 48 casas de acogida para las víctimas de violencia grave y sus hijos(as), ya que solo se ha cumplido con un tercio. También, crear al interior de 150 comisarías del país las denominadas salas de familia, “que serán atendidas por funcionarios llamados al servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial, destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de niños, niñas y adolescentes como programa 24 horas”. El programa también señalaba que se realizaría capacitación a policías, Poder Judicial y al sector salud «en la sensibilización de la problemática de la violencia de género para mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias”. En esto, a pesar de las críticas, ya han sido 9 mil los funcionarios que han sido capacitados y “sensibilizados” con la temática. Un afiche de gran tamaño, Decálogo de los derechos de las mujeres que viven proceso de violencia de género, está siendo instalado en todas las salas de atención de público de instituciones como Carabineros, Policía de Investigaciones, juzgados, Corte Suprema, Sernam y otros servicios públicos que atienden a mujeres. El decálogo, según el Sernam, se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Acción Violencia contra la Mujer 2014-2018, parte integrante del programa de Gobierno, así como también dentro de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), suscrita por Chile.

Esta iniciativa es fundamental para que las mujeres de nuestro país reciban un trato digno, enmarcado en el proceso del cambio cultural a una sociedad de respeto entre mujeres y hombres. Ello se explica aún más, cuando la abogada Maturana nos dice que “los agentes estatales son eventualmente perpetradores de violencia contra las mujeres y eso no solamente en la dictadura cívico militar, que está documentado y es parte del informe Valech (sobre prisión política y tortura), sino también en la actualidad, que se expresa en las manifestaciones estudiantiles o en la violencia sexual policial contra las niñas”.

La situación angustia a los que se dedican al tema porque, si bien se realizan campañas que apuntan al buen trato, estas todavía no permean la cultura machista y las mujeres que denuncian, muchas veces, se deben enfrentar a situaciones extremadamente complejas en el sistema policial y de justicia. Máxime cuando en 2015, a pesar de todos los avances, los índices no disminuyeron. “El Ministerio del Interior no es consistente con los derechos fundamentales en juego. Frente a una percepción de inseguridad por portonazos, la reacción es enorme, pero frente a un femicidio o a un ataque como el de Coyhaique es de un mutismo… Y estamos viendo que no solo se trata de femicidios, esto está escalando a crímenes de odio contra las mujeres. Están quemando los cuerpos, mutilándolos y ese es un mensaje para todas las mujeres, es decir, tú eres de mi propiedad, y el Estado no está respondiendo frente a esa inseguridad”, señala la abogada feminista de la Corporación Humanas, Camila Maturana.

Por ello, cuando Nabila fue atacada, la reacción fue inmediata y quizá pueda marcar un antes y un después. “En Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan a las mujeres”, dijo Michelle Bachelet.

En La Moneda se asegura que la intención, a mediano plazo, es tratar el tema con fuerza, directo a la prevención y que hacia allá apuntaría el proyecto de Violencia Intrafamiliar que están preparando para llevar al Congreso en los próximos meses, donde la violencia contra la mujer no será solo la que sucede bajo el techo de su hogar, sino que cubrirá y penalizará el maltrato en todo tipo de relaciones. “La legislación chilena actual aborda el tema de manera fragmentada y limitada a la violencia intrafamiliar. Como es un tema de DDHH, que se sustenta en las relaciones de poder, significa que el factor de riesgo es ser mujer. Las manifestaciones de esta desigualdad de poder son diversas, en las relaciones de pareja, en la familia o en el espacio público. Estamos en riesgo en las casas y en las calles”, dice Camila Maturana. Por ello urge un cambio legislativo.

Esta iniciativa gubernamental, además, se sumaría a otras instancias legales que apuntan en la misma dirección, como la despenalización del aborto y el proyecto de sociedad conyugal, que eliminaría la obligación de la autorización del marido para la administración de bienes. El primer paso fue el ministerio. El tiempo dirá si este, con su batería legal y preventiva, mejora las cosas para las Nabilas de ayer, hoy y mañana. Porque todas dicen ser ella, pero nadie quiero serlo.

*Este texto también fue publicado en el libro “Hábitats justos, diversos y sustentables: contribuciones ciudadanas para solucionar desafíos urbanos” de la Fundación Ebert de Ecuador y presentado en el marco de Hábitat III en Quito.