Interponen recurso contra Blumel y General Rozas por espionaje de líderes sociales

La senadora Provoste, tras presentar recurso de amparo por espionaje de Carabineros, sostuvo que “tenemos serios reparos en orden a que la fuerza policial, se transforme en una "policía política" del gobierno de turno”.

A través de una filtración hecha por hackers, se dio a conocer cómo Carabineros tipificó como “blanco de interés” a diferentes agrupaciones y actores sociales de Chile. Todos ellos tenían una ficha con foto y datos biográficos. Tras esto, la senadora Provoste y el senador Navarro presentaron un recurso de amparo por espionaje contra el ministro del interior Gonzalo Blumel y el general de Carabineros, Mario Rozas.

El motivo de la iniciativa pretende esclarecer la causa de persecución de 3 de los dirigentes sociales mencionados en el informe: Rodrigo Mundaca (MODATIMA), Mario Aguilar (Presidente del Colegio de Profesores) y José Pérez (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales).

La parlamentaria Provoste aseguró que esta presentación tiene el objetivo de indagar si efectivamente corresponde a las funciones de Carabineros de Chile realizar seguimiento a dirigentes y actores sociales. “Lo digo principalmente porque nosotros tenemos serios reparos en que nuestra fuerza policial se convierta en una “policía política” del gobierno de turno -que este sea-”, remarcó.

Agregó que  hoy la ciudadanía espera que los organismos de inteligencia estén destinando sus energías y recursos a perseguir al narcotráfico y la delincuencia.

“En una sociedad donde los niveles de victimización, de acuerdo a las propias encuestas que han realizado organismos como Paz Ciudadana, crece en los sectores los sectores medios, medios altos y bajos, nosotros creemos que la inteligencia policial tiene que estar dedicada a esas tareas y no al seguimiento de dirigentes políticos y dirigentes sociales”, argumentó.

Clarificar espionaje

Por su parte, el senador Navarro aseguró que se deben aclarar cuáles son las razones de este espionaje a organizaciones sociales y establecer si se les ha acusado de un delito o si se les ha aplicado la Ley de Inteligencia del Estado.

“En el primer caso, correspondería saber si se ha denunciado un delito en contra de estas personas, qué fiscal dirige la investigación, y qué diligencias ha ordenado. En el segundo caso, cuáles serían las razones para considerar a estas personas vigiladas como peligros para el orden y la seguridad nacional, que es la única razón habilitante para vigilarlos. En caso de carecer de motivos, pedimos a la Corte ordenar que cese la vigilancia”, señaló Navarro, según consignó El Desconcierto.

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